Este martes y miércoles formalizaron al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (ex PS), por eventual fraude al Fisco, malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y cohecho. La Fiscalía entregó prisión preventiva para el edil mientras dure la investigación.

Prisión preventiva para alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy

Este caso se originó a raíz de una querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) por eventuales delitos tributarios junto a los empresarios Javier Cornejo y Diego Barba. Se tratarían de convenios irregulares que se realizaron entre 2021 y 2023 y que generaron un perjuicio de más de $474 millones. Aunque, desde la Fiscalía señalaron que el monto total defraudado alcanza los $2.300 millones.

«Javier Cornejo sobornó al alcalde Juan Ramón Godoy. Ambos utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos. Lavaron el dinero de los ilícitos de fraude al Fisco y malversación para ocultar su origen ilícito«, señalaron desde la Fiscalía en la formalización.

Aparentemente, según acusó la Fiscalía durante su formalización, el edil entregó una serie de convenios por obras públicas mediante la modalidad de trato directo, sin justificación, para obtener beneficios económicos por parte de los favorecidos.

Además, Contraloría, en un informe de auditoría de diciembre, también reveló que existieron contratos que fueron suscritos sin que se realizaran los proyectos, y también otros que se pagaron en exceso, en relación a lo realmente ejecutado por las empresas contratistas.

El caso del alcalde de Rancagua: acusaciones de corrupción y falsificación de documentos

En su formalización, los representantes de la Fiscalía señalaron un «excesivo uso del trato directo» por parte de Godoy en la Municipalidad. En su informe, Contraloría menciona, en repetidas ocasiones, que la aplicación de esta modalidad (una medida excepcional) por parte de la Municipalidad no contaba con la justificación pertinente para argumentar su uso.

Cómo funciona el trato directo en el mercado público

Sin embargo, no solo bajo este concepto se investigan eventuales irregularidades. También Contraloría acusa que hubo licitaciones de proyectos que no se cumplieron. Por ejemplo, una tarea de pintar la fachada y los cierres perimetrales del colegio Oscar Castro, por $10.875.543, que nunca se realizó. Asimismo, proyectos similares en otros establecimientos educacionales tuvieron pagos en exceso.

Además, se acusa que tampoco se cobraron las multas por los atrasos en estos contratos, que superan los $70 millones de pesos.

En este sentido, se acusa que el edil obtenía beneficios por parte de una serie de empresarios a quienes entregaba estas obras públicas, ya sea por trato directo o licitaciones, donde se presentaban documentos falsos. Como, por ejemplo, la compra de un auto de $32 millones por parte de un empresario.

A todo esto se suma que, según Contraloría, también se pagaron horas extra por más de $45 millones sin justificación a varias funcionarias de la municipalidad.

Ahora, dependerá de qué medida cautelar se le entregue al alcalde de Rancagua para saber si podrá seguir ejerciendo su puesto, o si los concejales tendrán que elegir un reemplazo subrogante.