El Gobierno presentó en abril de 2023 su proyecto para definir los lineamientos del uso de la fuerza para los funcionarios de Carabineros y la PDI (y las FF.AA en casos específicos). Sin embargo, a raíz del reciente crimen en contra de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisternas, el Congreso busca apurar su tramitación.

No obstante, en su discusión se mostraron importantes discrepancias sobre el contenido de la propuesta entre el sector oficialista y el opositor. Estas estuvieron presentes durante toda su tramitación, desde hace un año. Pero la contingencia provocó que esta discusión se haga más urgente aún, ya que es uno de los proyectos más fundamentales de la agenda de seguridad que se quiere levantar.

Se espera que este jueves se vote ya el proyecto en la Sala, porque los parlamentarios se comprometieron a despachar esta normativa esta misma semana. Sin embargo, son varios temas (prohibición de tortura, justicia militar, resguardo de menores, etc.) que se deben acordar antes de que el proyecto tenga luz verde.

Pero ¿qué menciona la propuesta? Sin considerar las indicaciones que se ingresarán y se votarán esta semana (iremos actualizando respecto a este punto) el proyecto actualmente contempla lo siguiente.

La propuesta del Gobierno sobre el uso de la fuerza para Carabineros

El proyecto busca concretar lineamientos, instrucciones y protocolos del uso de la fuerza en Carabineros y la Policía de Investigaciones. También aplicará para las Fuerzas Armadas, mientras estén llamadas a resguardar el orden público o la seguridad pública del país.

Para esto, se entiende como uso de la fuerza:

«Uso de medios físicos, ya sea mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo, para coaccionar o influir en el comportamiento de causar daños materiales. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso, la muerte».

La iniciativa define que el uso de la fuerza solo se podrá utilizar bajo los siguientes principios:

1. Legalidad: Debe efectuarse por un objetivo legítimo, y bajo las normas de la Constitución, la ley y los tratados internacionales vigentes.
2. Necesidad: Solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesario, y cuando otros medios menos lesivos no funcionen.
3. Proporcionalidad: La fuerza empleada debe tener relación con la gravedad del caso, y nunca excederse, entendiendo que esta debe asegurar la superioridad y seguridad del funcionario.
4. Responsabilidad: Su uso fuera de los parámetros tendrá causas individuales, y cuando de el caso, de altos mandos.
5. Racionalidad: La acción debe tener un uso racional en base al contexto de la situación.

Asimismo, se determina que todo funcionario que use la fuerza debe contar con las capacitaciones suficientes para emplearla correctamente, así como contar con los insumos necesarios para su protección. También se define la prohibición de la tortura, bajo ningún caso y sobre ningún pretexto.

Los deberes para su aplicación

El proyecto entrega algunos lineamientos en la aplicación del uso de la fuerza por los uniformados. Detalla, por ejemplo, cuales son los deberes de los uniformados al momento de aplicarla.

• Identificación
• Advertencia
• Gradualidad
• Reducir daños y lesiones
• Prestar auxilio
• Reportar

También se identifican los grados de resistencia o agresión contra Carabineros, las que no son necesariamente secuenciales: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

Asimismo, se definen las etapas del uso de la fuerza, que tampoco son necesariamente lineales, y deben aplicarse en base al nivel de amenaza. Estas son: presencia, actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal y utilización de fuerza potencialmente letal.

Además, la iniciativa demanda un reglamento sobre los protocolos del uso de la fuerza al Ministerio del Interior. También solicita que las Fuerzas de Seguridad y Orden entreguen informes estadísticos a Interior.

Por otra parte se solicita un especial cuidado al interés superior de niños, niñas y adolescentes al momento de usar la fuerza. Condición similar para las personas en situación de vulnerabilidad, con las que se pide un uso diferenciado de la fuerza.