La Superintendencia de Educación, la Seremi de Educación de Atacama y el Consejo de Defensa del Estado decidieron que la Municipalidad de Vallenar debe restituir $9 mil millones por gastos irregulares.
Aparentemente, la administración del actual diputado Cristian Tapia (IND-PPD), que lideró Vallenar durante 12 años, incurrió en una serie de faltas en la gestión y la rendición de recursos para la educación municipal. La deuda alcanzaría los $9.431.184.853.
Sin embargo, el actual alcalde Armando Flores decidió ingresar una querella contra su sucesor, y todos quienes resulten responsables del uso indebido de los recursos, para que sean ellos quienes cubran la deuda y no el municipio.
La intención es evitar una posible crisis económica en la municipalidad. De hecho, si nos ponemos en contexto, en 2024 el presupuesto anual que se aprobó fue de $12 mil millones. Incluso, la deuda supera el ingreso del Fondo Común Municipal (más de $7 mil millones), una de las fuentes de financiamiento de mayor importancia en Vallenar (y en la mayoría de las comunas de Chile).
Vallenar debe restituir $9 mil millones por irregularidades en gastos de educación
La Superintendencia de Educación fue el organismo que dio cuenta de la falta de documentos en la rendición de gastos que se destinaron inicialmente a subvenciones para los colegios municipales. Esto principalmente en el marco del traspaso del sistema de educación de la comuna, desde el DAEM hasta el cuestionado SLEP.
En este sentido, el exalcalde Tapia acusa que solamente falta encontrar los documentos que tienen la información que respaldan tales gastos, que estarían en colegios y en las oficinas de la SLEP. Según él, eso sería un trabajo de la actual administración, que no quieren hacer.
Por su parte, desde la actual administración acusan falta de transparencia y ordenamiento en este proceso. Asimismo, dudan de una posible uso indebido del arca municipal.
Además, entre los recursos que reclama la Superintendencia de Educación también hay rendiciones de fondos que la Seremi de Educación rechazó, porque aparentemente se utilizaron en actividades que no tenían relación con el fin de la inversión.
En este punto, se pone como ejemplo una cena que costó más de $26 millones, con consumo libre de bebidas y vinos. En total, hay $85 millones en gastos con rendiciones que se rechazaron, y otros $119 millones que, según la Superintendencia, no se ejecutaron.
No obstante, gran parte de la deuda proviene de falta de documentos en los procesos financieros. Por lo que aún no se establece si hubo delitos como malversación de fondos, fraudes, desviaciones, u otros. Aún está la posibilidad de que simplemente falten los documentos.
De hecho, según informó Flores, la deuda total se pudo reducir desde los $16 mil millones a los $9 mil millones de la deuda actual por las gestiones de la actual administración.