En 2016 el alcalde Daniel Jadue puso en marcha la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), con la promesa de que se consiguieran medicamentos e insumos a precios más convenientes para la ciudadanía. Entonces su intención era aplicarlo en algunas municipalidades, para luego expandir esta empresa a nivel nacional.
Aunque la idea en sí misma- de tener farmacias municipales para conseguir precios más bajos- sí se expandió, aunque con diferentes modelos de negocios, la Achifarp solo perdió adeptos a medida que pasaron los años. La asociación, lejos de ser una de las iniciativas exitosas para el alcalde de Recoleta, pasó a ser uno de los flancos más problemáticos.
En 2018 Contraloría advirtió en un sumario las primeras irregularidades por la implementación de la Achifarp. En 2022 la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comenzó su investigación por las deudas que generó en los convenio con su principal proovedor, Best Quality. Mismo año que la justicia ordenó la liquidación forzosa de Achifarp.
Ahora, el alcalde Jadue enfrenta su formalización en el Tercer Juzgado de Garantía imputado por cohecho, estafa, fraude al fisco, delito concursal y administración desleal. Los montos de las aparentes deudas de la Achifarp superan los $1.000 millones. El edil arriesga cárcel y la suspensión o destitución de su cargo como jefe municipal.
Las claves para entender el Caso Farmacias Populares
Como su nombre lo indica, la Achifarp buscaba generar una asociación entre diferentes municipalidades de Chile para conseguir conjuntamente precios más bajos en los medicamentos. Sin embargo, las alcaldías que se fueron sumando al proyecto, e inviertiendo en este, al poco tiempo se fueron saliendo porque la promesa de los precios bajos nunca se concretó, y a la Achifarp se le encontraron cada vez más irregularidades.
En 2018 Contraloría realizó su primera auditoría crítica en contra de la asociación, que sería el inicio de una serie de cuestionamientos por parte del organismo. Entonces se criticó irregularidades en su creación. Sin embargo, ya en 2022, se detectaron serias faltas de documentos financieros y de administración de la Achifarp. Además, también se detectaron importantes deudas y convenios ilegales con Recoleta, Paillaco y Senadis.
La caída de Achifarp
Fue entonces cuando se ingresó el caso al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Esta última institución, en específico la Fiscalía Centro Norte, abrió una nueva arista, paralelamente, por la denuncia que presentó Best Quality, que acusaba deudas por más de $1.000 millones, y que además afirmaba que la Achifarp estaba en quiebra.
Por ese entonces- en julio de 2022- se decretó la liquidación forzosa de la Achifarp, para que así se pagaran las deudas de la asociación con diferentes empresas. Sin embargo, muchas municipalidades que entonces debían mensualidades o cuotas mencionaron que nunca recibieron servicios por parte de la asociación, e incluso que no participaron de esta.
Además, en este mismo proceso (de liquidación) la junta de acreedores acordó sumar una nueva querella en contra del alcalde, por “ocultación de bienes” al momento de la incautación de los recursos de la asociación.
A todo esto se suma una deuda por más de $15 millones contra funcionarios de la misma Achifarp, por concepto de pagos de sus cotizaciones previsionales.