La Comisión Especial Investigadora 45 «Cuestionamiento a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados«, que estudió el conocido como Caso Convenios, votó y aprobó el informe final con el detalle de sus impresiones y resultados.

Se trata de la segunda instancia que realiza la Cámara de Diputados para analizar los hechos que ocurrieron en varias regiones del país, y que involucran una serie de autoridades, como alcaldes, secretarios ministeriales, gobernadores, entre otros.

Uno de los hechos que más llamó la atención sobre este informe, fue la solicitud de renuncia que se solicitó a la Corte Suprema en contra de Carolina Pérez Dattari, subsecretaria de Patrimonio Cultural y exasesora presidencial del Gobierno.

Pero, además, hay una serie de indicaciones y reflexiones que hicieron los parlamentarios sobre uno de los más mediáticos casos de corrupción que se ha visto durante este Gobierno.

¿Qué dice el informe final de la comisión investigadora del Caso Convenios?

El informe final sobre la labor de los parlamentarios que investigaron el Caso Convenios señala que las pesquisas se centraron en «una serie de actuaciones destinadas a defraudar al fisco, que ha puesto en duda los mecanismos de control internos con los que cuenta la nueva institucionalidad de Gobiernos Regionales, además de evidenciar graves falencias al interior de algunos ministerios«.

En este sentido, recalcan que «es en los Gobiernos Regionales donde podemos centrar gran parte de las problemáticas, siendo estos los que abarcan la mayoría de entrega de fondos cuestionados». Sin embargo, señalan, la institucionalidad no es, en sí, la causante del problema, ya que es anterior a su creación.

Desde el Congreso afirman que la necesidad de ejecutar y apresurar presupuestos públicos fue lo que aprovecharon «algunos inescrupulosos» para hacer de esta falencia un negocio ilegal.

«A esto se suma la escasa fiscalización, la débil regulación y la falta de implementación de la tecnología disponible para realizar la rendición de fondos, además de no haber fortalecido previamente la institucionalidad en términos similares a los que propuso Contraloría General de la República», señala el documento.

Además, se menciona que aunque la crisis no tuvo color político, se cuestionó el accionar del Gobierno durante ella. Menciona que no han dado una respuesta «que haga efectiva la responsabilidad sobre todo aquellos que tuvieron relación directa (…). El Gobierno no cortó de raíz aquello, enfrascándose en un cuestionamiento permanente«.

Patrones comunes en el caso

El documento también menciona sobre algunos patrones comunes en este caso, lo que implica una necesidad de «fortalecer las normativas y procedimientos para asegurar la transparencia y la correcta utilización de los recursos estatales». Entre los que se mencionan están:

• La falta de acreditación de experiencia de parte de las instituciones que ejecutan recursos públicos.
• La falta de garantías para cautelar el cumplimiento de las prestaciones estipuladas en los convenios
• Otras irregularidades en la fiscalización de las garantías.
• La ausencia de mecanismos de fiscalización efectiva de los recursos adjudicados a instituciones privadas mediante convenios.
• El uso de plataformas de contabilidad que no son adecuadas.

Crisis en el sistema de traspaso de fondos públicos a privados

En resumen, se comprende y evidencia una verdadera crisis en el sistema de traspaso de fondos públicos a privados, que viene desde hace años y que, según mencionan, aún después de un año de conocerse el caso, aún no tiene solución en el Congreso.

Con respecto a este punto, se afirma que «la regulación de las transferencias del sector público a entidades privadas carece de marco normativo único«. Un tema del cual se recomienda encontrar una solución urgente en el Congreso.

«Resulta necesario generar mecanismos para un monitoreo permanente, implementando más digitalización y obligando al uso de las plataformas dispuestas para la rendición de fondos«, señalan.

Asimismo, se establecen algunas recomendaciones con respecto a instituciones, como el aumento de presupuesto para la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado en sus roles fiscalizadores y contables, respectivamente, un marco normativo para el Consejo de Auditoría Interna, y crear una institucionalidad con más responsabilidad fiscal en caso de los Gobiernos Regionales.