Esta semana el Presidente se refirió al proceso judicial que enfrenta Luis Hermosilla, lo que abrió una discusión con respecto a la separación de los poderes en Chile, y hasta qué punto un mandatario puede inmiscuirse en un caso penal.

Chile es uno de los tantos países del mundo que estableció una separación de poderes del Estado desde su origen. La idea, que proviene desde la época griega y romana, y que se perfeccionó durante la revolución francesa, la tomaron la mayoría de las naciones que se formaron en el siglo XIX y XX.

La intención de este concepto político es mantener un equilibrio entre las autoridades de mando en el país. Esto con el fin de evitar que un solo poder se haga cargo de todas las funciones de una nación, y se corrompa o abuse de su autoridad.

A medida que pasan los años, este mecanismo se va especializando, tanto para definir la cooperación segura entre los poderes, como también para garantizar su separación real. De ahí, por ejemplo, que la Constitución mencione que:

«La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos«

Separación de poderes en Chile: qué es y cómo funciona

El Poder Ejecutivo es el que se encarga de la administración y la ejecución de políticas públicas. Lo lidera el Presidente y su Gobierno, aunque dentro de él también están las autoridades regionales y municipales, además de las fuerzas armadas y policiales.

Por su parte, el Legislativo se encarga de la creación de leyes y la fiscalización de ciertas autoridades. Lo integra el Congreso, con su Cámara de Diputados y el Senado. Junto con el Ejecutivo, además, tienen puestos de representación democrática.

Además, también está el Judicial, que se encarga, valga la redundancia, de la justicia. Lo conforman la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y los cientos de tribunales de primera instancia por todo el territorio.

En Chile también existen varias instituciones que son parte del Estado, pero independientes de los tres poderes. De todas formas, están instrínsecamente relacionados a cada uno. Estos son:

• Tribunal Constitucional
• Banco Central
• Contraloría
• Ministerio Público
• Consejo de Defensa del Estado
• Servicio Electoral y TRICEL.
• Superintendencias

Las conexiones entre los poderes

Además, existen una serie de instrumentos que permiten que estos poderes se puedan relacionar sin inmiscuirse entre sí.

Por ejemplo, el Presidente y su Gobierno pueden ingresar proyectos de ley y vetar una iniciativa (aunque se puede insistir en el Congreso). A su vez, el Legislativo es un órgano de fiscalización de la administración gubernamental, puede investigar casos y presentar acusaciones constitucionales o interpelaciones. También, en conjunto, tienen que aprobar el presupuesto anual de la nación.

Asimismo, las acusaciones de los parlamentarios, a su vez, también pueden dirigirse a magistrados, en casos especiales donde el Senado hace de jurado. La Cámara Alta también tiene que aprobar la elección de los ministros de la Corte Suprema, con ratificación del Presidente.

Por otra parte, el mandatario, además de incidir sobre la conformación del Poder Judicial nombrando jueces, puede otorgar indultos presidenciales (en casos específicos). Además, las policías, bajo la orden del Ministerio del Interior, son un pilar fundamental en el cumplimiento de las condenas y la justicia en general.

También existen otras instancias de conexión entre las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, y a su vez estas tienen relación directa con los servicio fuera de los tres poderes (como el TC y el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial, o el Banco Central y el Gobierno).