Esta semana desde el Congreso se anunciaron tres acusaciones constitucionales contra integrantes de la Corte Suprema: la ministra Ángela Vivanco, su par Jean Pierre Matus y el ministro Sergio Muñoz.

Los primeros dos se vinculan a supuestos vínculos irregulares con el defensor Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva por delitos tributarios, lavado de activo y cohecho.

Sin embargo, en el último caso se trata de un hecho totalmente aparte, pero está relacionado a: entregar información reservada de causas judiciales.

¿De qué se acusa al ministro de la Suprema, Sergio Muñoz?

El integrante más antiguo de toda la Corte Suprema (ingresó en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos), y presidente la Tercera Sala del máximo tribunal, fue revocado de una causa por la inmobiliaria Fundamenta.

Un grupo de vecinos presentó una demanda en contra del proyecto Eco Ñuñoa, donde Graciela Muñoz, jueza del 12° Tribunal de Garantía de Santiago e hija del ministro, compró dos departamentos.

En este contexto, en medio de la causa, que revisaba Sergio Muñoz, su hija llamó a la jefa de proyecto, Valentina Riquelme, para cambiar sus abonos del proyecto Eco Ñuñoa a otro en Irrarázaval de la misma empresa. Según la declaración de Riquelme, Graciela Muñoz le comentó que su padre estaba viendo la causa en la Suprema, y que le recomendó que «moviera las platas del proyecto».

Por su parte, el ministro de la Suprema negó entregar información reservada sobre la causa. No obstante, afirmó que «si alguna recomendación le he expresado es que no adquiera departamentos por cuanto es una eventualidad su arriendo. Ante mi parecer contrario a estas operaciones, mi hija no me ha participado de estos últimos contratos».

Por esta razón, la bancada de Chile Vamos presentará una acusación constitucional contra Muñoz.