Este lunes un grupo de parlamentarios de la oposición presentó una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.

Al mismo tiempo, otro sector del Congreso, pero del oficialismo, presentó también una AC, pero en este caso contra Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus.

Desde hace semanas se anunció en el Congreso buscarán llevar a los funcionarios del PJUD a investigación por diferentes casos, que se vinculan a aparentes influencias irregulares o revelación de secreto en causas judiciales.

Pero ¿qué dice en detalle la AC contra Muñoz y Vivanco? ¿de qué se les acusa a los ministros de la Suprema? En esta nota te contamos.

¿Qué dice la acusación constitucional contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco?

El documento al que pudo acceder Mala Espina menciona que la acusación constitucional contra los ministros de la Suprema se ingresó porque estos incurrieron en «la causal de notable abandono de deberes«.

Así, se solicita solicita «sustanciar el procedimiento de tramitación aplicable a esta clase de acciones (…) prosiguiendo con su formalización ante el Senado para que este, en definitiva, la acoja en todas sus partes, afirmando la culpabilidad de los dos acusados, destituyéndolos de los cargos que actualmente detentan e imponiéndoles la sanción de inhabilidad para el desempeño de función pública alguna por un período de cinco años«.

La acusación contra Ángela Vivanco

En un subtítulo aparte se aclara por qué se incluye a Vivanco en esta AC. El informe menciona que en el contexto de la investigación por los chats de Luis Hermosilla,»fueron evidenciadas una serie de comunicaciones y actuaciones de la Sra. Ángela Vivanco Martínez».

Según se menciona, «estas actuaciones y comunicaciones conculcan de manera seria y grave importantes principios y deberes que rigen el actuar de los integrantes del Poder Judicial, en particular, de los magistrados de sus tribunales superiores. Todas ocurrieron en ejercicio de la alta magistratura que la Sra. Vivanco desempeña».

«De ello se coligieron hechos, a estas alturas indesmentibles (lo que no equivale a afirmar su calificación jurídica indubitada en sede penal), que conllevan una trasgresión a relevantes deberes propios de los magistrados de los tribunales de justicia, redundando toda esta situación en una vulneración de los principios más elementales que rigen el actuar judicia», menciona el texto.

Según señala la AC, estas acciones constituyeron una «afectación seria y grave a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial«.

En concreto, los parlamentarios enumeraron dos ilícitos constitucionales que habrían sido cometidos por la ministra de la Suprema:

• «La ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia con que debía obrar como Jueza en determinadas causas puestas bajo su conocimiento».
• «La materialización de actuaciones e injerencias indebidas en el contexto de procesos de designación de determinados cargos públicos con el objeto de beneficiar a terceros».

El caso de Sergio Muñoz

Por su parte, la AC menciona también el caso por el que se investiga Muñoz, que lo vincula con un caso judicial que enfrentó su hija, y que explicamos en detalle en esta nota.

El texto señala que el notable abandono de deberes de Muñoz se evidencia al comentar contenido de «una sentencia que se encontraba en acuerdo y cuyo contenido aún no era público con una finalidad con efectos patrimoniales en su hija».

Además, señala que el ministro «conoció y falló en una causa en donde el interés patrimonial de una persona de parentesco directo resultaba tan evidente y por ende correspondía inhabilitarse en la causa«.

En este contexto, los parlamentarios nuevamente enumeran en dos hechos principales los argumentos para afirmar que Muñoz incurrió en su notable abandono de deberes:

• Muñoz comentó el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo con una finalidad patrimonial en una descendiente directa.
• El ministro conoció y falló una causa en donde existía un deber evidente de inhabilitarse dado el interés patrimonial de su hija.