La acusación constitucional es una herramienta de control político que permite al Congreso fiscalizar a las altas autoridades del país, como ministros, jueces o el presidente de la República.  Su propósito es sancionar a quienes, en el ejercicio de sus funciones, infrinjan la Constitución, las leyes o pongan en riesgo la seguridad del Estado. A continuación, te explicamos cómo funciona este proceso.

¿Cómo es el paso a paso de una Acusación Constitucional?

1. Inicio del proceso

El proceso comienza cuando un grupo de al menos 10 diputados o senadores presenta una acusación constitucional contra la autoridad que consideran ha cometido faltas graves.

Esta acusación se estructura en capítulos que detallan los cargos y se fundamenta en argumentos jurídicos y políticos.

2. Revisión en la Cámara de Diputados

Una vez ingresada, la acusación se revisa en la Cámara de Diputados. Se designa una comisión que estudia el caso y escucha a las partes involucradas, incluyendo a la autoridad acusada.

La comisión elabora un informe, aunque este no es vinculante, ya que los diputados votan en sala si procede o no la acusación.

Para que la acusación avance, debe ser aprobada por la mayoría de los diputados presentes en la votación. Si la Cámara de Diputados la aprueba, el proceso continúa en el Senado. Si no, la acusación se archiva y no se puede volver a presentar contra la misma persona por los mismos hechos.

3. Juicio en el Senado

Si la acusación es aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado actúa como jurado. Se realiza un juicio político en el que ambas partes (los acusadores y la defensa de la autoridad) presentan sus argumentos. Los senadores analizan las pruebas y votan si la autoridad es culpable de los cargos que se le imputan.

Para que la autoridad sea destituida, se requiere que dos tercios de los senadores presentes voten a favor de la acusación. Si no se alcanza ese umbral, la autoridad queda libre de cargos.

4. Posibles consecuencias

Si el Senado declara culpable a la autoridad, esta es destituida de su cargo de manera inmediata. Además, puede quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un periodo de hasta cinco años. Este es el máximo castigo que puede imponerse a través de una acusación constitucional.

5. Casos conocidos

A lo largo de la historia de Chile, diversas autoridades han enfrentado acusaciones constitucionales. Un caso reciente y destacado fue el del exministro del Interior Andrés Chadwick, destituido en 2019 por su responsabilidad en la violación de derechos humanos durante el estallido social. En contraste, la acusación contra la exministra de Salud, Izkia Siches, no prosperó.

Recientemente, el Partido Republicano presentó una acusación contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, en respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta el país. La acusación, respaldada por sectores de la derecha, se fundamenta en tres cargos: comprometer gravemente la seguridad del país, violar la Constitución y la ley, y no aplicar las normas correctamente.

Tras la presentación del libelo, la Cámara Baja sorteó a los miembros de la comisión revisora, que analizará la acusación y emitirá un informe no vinculante sobre su procedencia. La comisión quedó conformada mayoritariamente por oficialistas: Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Jaime Araya y Marta González (independientes, bancada PPD). La única representación de la derecha será Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.