La Brigada Anticorrupción de la PDI allanó este miércoles los domicilios de Alberto Larraín, confundador de la Fundación Procultura, y de otros exfuncionarios de la organización.
La acción se realizó en el marco del Caso Convenios, donde se indagan contratos irregulares entre organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas. En este caso en particular, se investigan sus convenios en Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío, Aysén y Magallanes.
Procultura es una de las fundaciones que tiene una investigación más cuantiosa dentro del Caso Convenios- posiblemente por su larga trayectoria en el campo- y actualmente se investiga un fraude por más de $6 mil millones.
Caso Procultura: PDI allanó domicilios de Alberto Larraín y de exfuncionarios de la fundación
El allanamiento tuvo como protagonista a Larraín, a quien le incautaron varios dispositivos móviles, como celulares y computadores. Elementos que hasta el momento se consideraban perdidos, y que podrían ser claves en el avance de esta investigación (1). También se logró dar con el domicilio de la representante legal de la ONG, María Constanza Gómez, quien firmó los acuerdos de la fundación.
Asimismo, en Santiago y Concepción se allanaron viviendas de exfuncionarios (directores, jefes, contadores y personal operativo) de Procultura que se vinculan al proyecto Quédate (de prevención del suicidio) (2).
Se trata de una iniciativa que se financió con casi $1.700 millones por parte del Gobierno Regional Metropolitano, a través de asignación directa. Larraín y Claudio Orrego -actual GORE Metropolitano- compartieron militancia en la Democracia Cristiana.
La incautación y allanamiento apuntó principalmente a la revisión de antecedentes financieros de los involucrados, para verificar si los fondos de Quédate no se repartieron entre los miembros de la fundación. Además, se encontró el servidor de Procultura
Actualmente la investigación la lidera la Fiscalía Regional de Coquimbo, a cargo de Patricio Cooper. Este último recibió críticas por la ralentización del proceso que asumió en junio, en reemplazo del fiscal Carlos Palma. No obstante, a través de X la Fiscalía regional defendió su labor, indicando que solicitaron 29 diligencias a la BRIAC, 14 requerimientos de información a entidades privadas y tomaron una serie de declaraciones en el caso.