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18 de octubre de 2024

Cómo ha cambiado Chile cinco años después del estallido social

cinco años después del estallido social

A cinco años del estallido social de 2019, Chile ha experimentado importantes transformaciones en áreas clave como el empleo, las pensiones, el transporte público y la pobreza. Analizamos los cambios más relevantes y el impacto de las políticas económicas post-estallido en la vida de los chilenos.

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Han pasado cinco años desde que Chile vivió su estallido social en octubre de 2019, un evento que sacudió el país y puso en la mesa una serie de demandas por justicia social y económica. Hoy, en 2024, miramos atrás para ver cómo ha cambiado Chile en algunos de los indicadores que más afectan la vida de los chilenos: desempleo, pensiones, transporte, pobreza y mucho más.

Cómo ha cambiado Chile cinco años después del estallido social

1. Desempleo

En 2019, el desempleo ya era una de las principales preocupaciones de los chilenos. Tras el estallido social y la pandemia, la situación empeoró, y aunque algunos sectores han mostrado signos de recuperación, el panorama laboral sigue siendo incierto.

Según la Encuesta Nacional de Empleo, en octubre de 2019 la tasa de desocupación alcanzaba el 7%, un punto porcentual menos que el año anterior.

Aún no se dispone del dato exacto de octubre para este año, pero la misma encuesta revela que la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto es de 8,9%, un aumento significativo en comparación con 2019.

¿Por qué ha subido el desempleo desde el estallido? La respuesta se debe a una combinación de factores: la crisis social, la pandemia, y la lenta recuperación económica que ha generado empleos de menor calidad y menos estabilidad.

2. Pasaje del Metro

El alza en el precio del transporte fue la chispa que encendió la llama del estallido social en 2019, desencadenando las masivas evasiones en el Metro. Pero ¿qué ha pasado con el transporte desde entonces?

A inicios de octubre de 2019, el pasaje en hora punta costaba $800. Sin embargo, el 3 de octubre, el Panel de Expertos del Transporte Público, creado en 2009 bajo la Ley 20.378 para regular las tarifas del Transantiago, propuso un aumento de $30. Esta medida fue el detonante de las primeras manifestaciones.

Las protestas no solo frenaron el alza, sino que destruyeron buena parte del sistema: según el Reporte de Sostenibilidad de Metro (2019), 118 de las 136 estaciones del Metro resultaron dañadas, de las cuales 25 fueron incendiadas (7 quedaron totalmente quemadas y 18 parcialmente). La reparación, que finalizó en septiembre de 2020, costó alrededor de US$ 255 millones.

Hoy, el precio del pasaje ha vuelto a los $830, lo que sigue afectando el presupuesto de muchas familias. Aunque el Metro ha expandido sus líneas y recuperado el 100% de sus estaciones, el costo del transporte público sigue siendo una pesada carga económica para gran parte de la población.

3. Pensiones

Una de las grandes demandas del estallido social fue la mejora de las pensiones, consideradas insuficientes por gran parte de la población. Los manifestantes exigían una reforma profunda al sistema de AFP, que otorgaba jubilaciones muy bajas, especialmente para los sectores más vulnerables.

Según la Superintendencia de Pensiones, en 2019 el promedio de las pensiones autofinanciadas (AFP) era de $239.000 (equivalente a 8,55 UF), mientras que las pensiones con apoyo del Estado a través del Pilar Solidario alcanzaban los $264.600 (11,68 UF).

En 2024, el promedio de la pensión autofinanciada es de 7,85 UF, es decir, $298.000, y las pensiones con aporte estatal han aumentado a $443.840, equivalente a 11,68 UF.

¿Subieron realmente las pensiones?

Para saber si el incremento en las pensiones es real o solo un ajuste por el aumento del valor de la UF, es necesario ajustar las cifras de 2024 considerando el valor de la UF en 2019 y compararlas con el valor actual:

  • La pensión autofinanciada ajustada a valores de 2019 es aproximadamente $219.579.
  • La pensión con apoyo del Estado ajustada a valores de 2019 es aproximadamente $327.040.

Esto significa que, en términos reales, la pensión autofinanciada ha disminuido en comparación con 2019 (cuando era de $239.000), mientras que la pensión con apoyo estatal ha aumentado de $264.600 a $327.040, mostrando una mejora real.

4. Índice de pobreza y de desigualdad

La desigualdad y la pobreza fueron motores clave del estallido social. ¿Hemos logrado mejorar estas condiciones desde entonces?

Según la Encuesta Casen 2020 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la tasa de pobreza en 2017 era del 8,5%. Sin embargo, con el estallido social, la pandemia y la inflación, esta cifra aumentó en 2020 a un 10,7%, de la cual un 4,3% correspondía a pobreza extrema y un 6,4% a pobreza no extrema.

En la última encuesta publicada el año pasado, la pobreza total ha disminuido a un 6,5%, con un 2,0% de pobreza extrema y un 4,5% de pobreza no extrema, reflejando una mejora en las cifras generales.

En cuanto a la desigualdad, el índice de Gini es el indicador utilizado para medir la desigualdad en los ingresos de una población, donde 0 representa igualdad total (todos tienen el mismo ingreso) y 1 refleja la máxima desigualdad.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020 Chile tenía un índice de 0.488, el segundo más alto de la región después de Colombia (0.519), superando el promedio latinoamericano de 0.464.

Para 2022, el índice de Gini en América Latina bajó a 0.454, y Chile logró ubicarse por debajo de este promedio, con un índice de 0.445, posicionándose como el sexto país con menor desigualdad en la región.

5. Libertad económica

Históricamente, Chile ha sido uno de los países con mayor libertad económica en América Latina. Sin embargo, tras el estallido social y las reformas, ¿dónde nos encontramos ahora?

El Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation analiza las políticas económicas de 186 países, evaluándolos en 12 indicadores distribuidos en cuatro áreas clave: Estado de Derecho, Tamaño del Gobierno, Eficiencia Regulatoria y Apertura de Mercados.

En 2019, Chile ocupaba el puesto 18 a nivel mundial con un índice de 75.4, destacando por su clima favorable para los negocios y su estabilidad financiera. Para 2024, Chile ha descendido al puesto 21, con un índice de 71.4, aunque sigue destacando por la eficiencia de su sistema de justicia.

Otro referente en la medición de la libertad económica es el Fraser Institute, cuyo estudio es considerado uno de los más prestigiosos. Utiliza 45 variables para evaluar políticas que promueven la libertad económica, clasificando a los países en cinco áreas: Tamaño del Gobierno, Estructura Legal y Derechos de Propiedad, Estabilidad de la Moneda, Libertad para el Comercio Internacional y Regulación de Mercados.

En 2019, Chile ocupaba el puesto 20, con un índice de 8.00 puntos, destacando especialmente por su estabilidad económica. Sin embargo, hoy el país ha descendido al puesto 39, con 7.45 puntos, resaltando en libertad para el comercio internacional, mientras que su estabilidad monetaria ha caído al puesto 62 en comparación con 2019.

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