El recurso que detuvo el criterio de “confianza legítima” de la contralora Dorothy Pérez

La Contraloría General de la República (CGR) tuvo un duro revés luego que la Corte de Apelaciones de Santiago diera la orden de detener en la aplicación del polémico dictamen de la contralora Dorothy Pérez sobre la confianza legítima, tras acoger una orden de no innovar solicitada en un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana. 

Pérez tomó esta decisión respecto a la renovación de los funcionarios públicos en noviembre pasado y generó polémica entre los funcionarios públicos.

Se trata de una larga discusión respecto a cuántos años bajo la modalidad de contrata se necesitan para obtener la “confianza legítima”, es decir, la seguridad de las renovaciones anuales.

Contraloría estimó que ese plazo eran dos años, sin embargo, la Corte Suprema en reiterados fallos ha dicho que en realidad son cinco.

Dorothy Pérez, ante este debate, señaló a través de su resolución en pasado noviembre que no zanjará más disputas y que serán los tribunales de justicia quienes resuelvan.

Ante esta decisión de la Contralora, los gremios de los funcionarios públicos reaccionaron y rechazaron la resolución, pidiendo intervención del Gobierno y acusando desprotección laboral.

En ese sentido, la fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos funcionarios municipales de la región de Valparaíso que fueron desvinculados del municipio de La Cruz, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones.

Recurso de protección

El recurso presentado por la fundación Fuerza Ciudadana apunta directamente al dictamen establecido por Dorothy Pérez y señala que “vengo en interponer recurso de protección según lo permite el artículo 20 de la Constitución Política de la República en virtud del actuar ilegal y arbitrario de la Contraloría General de la República, representada legalmente por el Contralor General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, en virtud del nuevo criterio sostenido en el dictamen E561358 del 6 de noviembre de 2024, por privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales de mis representados, entre los que se reclaman que son el derecho a la integridad psíquica, el de igualdad ante la Ley y el derecho de Propiedad, garantizados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República”.

Asimismo, el recurso acusa la falta cometida ante sus representantes. “Este dictamen afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones“, detalla.

“Sin embargo, pese a esta probable ilegalidad, tal como lo ha sostenido el ente contralor previo al dictamen recurrido, ahora sencillamente se excusa de conocer asuntos que por ley ha de conocer”, agrega la fundación en el escrito.

Junto a lo anterior, el documento señala que sus protegidos son funcionarios a contrata de la municipalidad de La Cruz en la región de Valparaíso y que se les informó de su no renovación pese a llevar más de dos años.

“Con ello se afecta en primer término el derecho a la integridad psíquica de los recurrentes, previsto y protegido por el artículo 19 Nro 1 y 20 de la Constitución, quienes son funcionarios a contrata de la Ilustre Municipalidad de La Cruz, respecto de los cuales con fecha 28 de noviembre de 2024 se les informó su no renovación, pese que llevan desde el 2019 y 2021 respectivamente, cumpliendo el primero de ellos incluso el requisito exigido por la Excelentísima Corte Suprema para tener la confianza legítima”, argumenta.

En ese sentido, la fundación alega en el informe que “en virtud de este nuevo criterio han de soportar un largo proceso judicial pese que la ilegalidad es patente”.

“Por su parte también se les afecta con su derecho a ser tratados como iguales frente a otros que estuvieron en su misma situación, lo que ahora no se está respetando, afectando derechamente su derecho previsto y protegido por el artículo 19 Nro 2 y 20 de la Constitución”, reitera el documento presentado ante la corte.

¿Qué es la “confianza legítima”?

El concepto de “confianza legítima” ha sido fundamental para la protección de los derechos laborales de los trabajadores a contrata en el sector público. Este principio establece que, cuando un funcionario lleva un determinado tiempo desempeñándose en el mismo cargo, y el contrato ha sido renovado de manera sucesiva, el Estado no puede despedirlo sin una justificación válida, sino que debe seguir un procedimiento administrativo que respete su estabilidad laboral.

De acuerdo con el criterio tradicional de la Contraloría, después de dos años consecutivos de renovaciones de contrato, los funcionarios a contrata adquieren un derecho a la “confianza legítima”, lo que significa que el vínculo laboral no puede ser finalizado sin causas justificadas. Esta interpretación ha sido fundamental para evitar despidos arbitrarios y ha proporcionado una cierta seguridad laboral a los trabajadores públicos a contrata.

El cambio de criterio de la Contraloría

Sin embargo, el dictamen de Dorothy Pérez en noviembre pasado, dio un giro a esta interpretación, ya que, según el pronunciamiento, ahora la confianza legítima debe ser evaluada por los tribunales de justicia, no por la Contraloría. Este cambio en la normativa establece que, en caso de disputa, serán los tribunales quienes determinen si un funcionario a contrata tiene derecho a la protección laboral derivada de la confianza legítima.

“La pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata”, indicó la Contraloría en el dictamen. Asimismo, añadió que esta controversia es litigiosa, lo que implica que debe ser resuelta por los tribunales de justicia.

Impacto en los funcionarios públicos a contrata

Este dictamen generó en ese entonces una fuerte reacción en la ANEF y la CUT. Ambos organismos han expresado su preocupación, afirmando que este cambio de criterio podría dar paso a precarizar la estabilidad laboral de los empleados públicos a contrata.

Según los sindicatos, obligar a los trabajadores a recurrir a los tribunales para resolver disputas relacionadas con la estabilidad en el empleo podría resultar en una dificultad adicional para los funcionarios, quienes tendrían que demostrar en los tribunales que han cumplido con los requisitos de tiempo para acceder a la protección de la confianza legítima.

En la práctica, esto podría significar que los trabajadores a contrata tendrían que demostrar que han sido renovados por al menos cinco años consecutivos antes de que el principio de confianza legítima comience a aplicarse, lo que podría llevar años de litigios judiciales, ahora en manos de tribunales.

Lo que dictó el tribunal sobre la confianza legítima

Tras el recurso presentado por la fundación, la novena Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Antonio Ulloa, José Rodríguez, y el abogado integrante Jorge Gómez, acogió la orden de no innovar que incluía el recurso. Esto en la práctica significa paralizar la decisión de Dorothy Pérez.

“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, señala el fallo.

Finalmente, el fondo del denominado “criterio Pérez” respecto a la “confianza legítima”, podría recién estar a la vista de la Corte de Apelaciones de Santiago en enero de 2025.

Fundación Fuerza Ciudadana

La fundación Fuerza Ciudadana es una personalidad jurídica inscrita ante el registro civil el 18 de julio de 2024. 

El propósito de esta entidad es la promoción y protección jurídica “contra todos los males del Estado”, según reporta en sus redes sociales.

El presidente de la Fundación es Raimundo Palamara Steward, quien es abogado, especialista en derecho público de la Universidad de Viña del Mar y cuenta con diplomados del área marítima y criminal.

Según el sitio web del abogado, busca resolver casos de connotación pública “en post de los intereses particulares o colectivos de sus clientes”.

En ese sentido, la fundación busca representar a clientes en casos controvertidos y de conocimiento mediático. Así como en esta ocasión patrocina a dos funcionarios contra el dictamen de la Contraloría también representó a Chiara Barchiesi, con quien denunció públicamente al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, por presunto apoyo a la candidatura del Partido Demócrata en ese país.

Raimundo Palamara informó en noviembre pasado que la fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia ante la CGR solicitando un sumario administrativo contra el embajador Gabriel Valdés por una presunta falta de probidad. 

Por lo anterior, Palamara señaló que “lo que hizo el embajador fue hacer prevalecer su interés personal sobre el interés general del Estado de Chile, faltando gravemente a la Constitución en su artículo número ocho, que establece el principio de probidad que debe regir a los servidores públicos”.