52% de residencias estatales de niños y adolescentes presentan hacinamiento: Defensoría de la Niñez apunta a aplicación de la nueva ley

El Poder Judicial publicó el 13 de diciembre el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional De Protección Especializada A La Niñez y Adolescencia (SPE), Privados, GENCHI y Otro”.

En este documento, con información de enero a junio de 2024, revela la situación de los niños y adolescentes que, por derivación o acogida, terminan bajo el alero del SPE o de residencias colaboradoras a nivel nacional.

Sobrepoblación y hacinamiento

El informe afirma que el 52% (16 de 31) de las “residencias de administración directa (AADD) del Estado a nivel nacional se encuentran con sobrecupos, y en función de ello los sujetos de protección están residiendo en condiciones de hacinamiento“.

Esta situación, no obstante, afecta solamente a algunas regiones. El informe enumera el caso de las residencias bajo la jurisdicción de las diferentes cortes de apelaciones del país. Bajo esta premisa, se presentan los resultados de la siguiente forma:

• Valparaíso: 5 residencias con 100% de sobrecupo.
• Arica: 2 residencias con 100% de sobrecupo.
• San Miguel: 1 residencia con 100% de sobrecupo.
• Santiago: 11 residencias con 55% de sobrecupo.
• Talca: 2 residencias con 50% de sobrecupo.
• Concepción: 5 residencias con 20% de sobrecupo.

Las jurisdicciones de la Cortse de Apelaciones de Temuco (3 residencias), Coyhaique (1 residencia) y Punta Arenas (1 residencia) tienen 0% de sobrecupo. El resto de las zonas que presenta el informe no tiene residencias bajo administración directa del Estado.

Residencias con capacidad máxima

El informe también menciona que “resulta también crítica la situación si a las residencias con capacidad máxima se le adiciona un ingreso nuevo, que las ubicaría en condición de hacinamiento y con ello se alcanzaría el 61% de la oferta administrada directamente por el Estado en esta condición”.

Se trata de una de las residencias de Talca (lo que, en este caso hipotético, subiría a 100% su sobrecupo) y una de Concepción (que aumentaría a 80% de sobrecupo).

Las residencias colaboradoras

El informe también detalla la realidad de las residencias colaboradoras (OCA) con el SNPE. Estas no están bajo administración directa del Estado, pero sí deben ser fiscalizadas por el servicio.

El número de residencias colaboradoras es mucho mayor, y de 31 de AADD pasa a 214. En este caso, el porcentaje de sobrepoblación es de 36% y afecta a casi todas las regiones. Solo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Coyhaique no tiene ninguna residencia en este estado.

Además, el documento señala que hay 37 residencias a nivel nacional con su capacidad máxima. Si ingresara una persona más en este establecimiento, el porcentaje de residencias con sobrecupo subiría a un 53%.

En resumen, de las 245 residencias a nivel nacional (AAD y OCA), el primer semestre de este año 94 presentaban sobrepoblación. Es decir, un 38% de los establecimientos tenían condiciones de hacinamiento. Además se suman 40 establecimientos con capacidad máxima a nivel nacional, un 16% del total.

Defensoría de la Niñez: es un fenómeno crítico

Desde la Defensoría de la Niñez afirmaron a Mala Espina Check que “si bien en algunos territorios, y como consecuencia de sus realidades particulares, han existido sobrecupos en el sistema de cuidados alternativos residenciales, los niveles y el impacto de la situación actual califican como una crisis de vacantes, que puede relacionarse a la implementación de la Ley de Garantías y del proceso de instalación del nuevo Servicio de Protección Especializada“.

El organismo también menciona que la situación genera “rezago en la ejecución de nuevas órdenes de ingreso, cuya protección ante graves vulneraciones de derechos justifica la necesidad de una vacante inmediata“.

En este sentido, agrega que tanto la defensoría, asociaciones de funcionarios del SPE y otros organismos del área como La Niñez y Adolescencia de Defienden comparten la opinión de que se trata de un fenómeno crítico y que va en crecimiento.

Por qué hay sobrecupo en las residencias de menores

Desde la Defensoría sostienen que la crisis es multicausal, aunque mencionan que la modificación de leyes y políticas públicas para la implementación de la reforma del sistema de garantías es un aspecto relevante en la problemática.

“En primer lugar, la creación del SPE como decisión del Estado para hacerse cargo de la transición (desde el SENAME) a un modelo de residencias proteccionales familiares, eliminando progresivamente las residencias masivas (quedan sólo 2, de lactantes y preescolares). Esto está acorde a la tendencia internacional de separar la protección especializada de la prevención de vulneraciones. Al pasar al modelo de residencia familiar, estos recintos aumentaron en cantidad, pero no en cupos, ya que estos se redujeron“, mencionan desde el organismo.

Asimismo, señalan que los cambios no avanzan a la velocidad que la problemática requiere.

“La implementación del sistema de garantías ha sido extremadamente lenta, encontrándose con permanentes dificultades, sin que se observe una reducción de NNA que requieren ingresar a una residencia proteccional“, mencionan desde el organismo.

A esto se suma que los ingresos a los establecimientos han aumentado, y “las residencias familiares y las administradas por la sociedad civil no están respondiendo a la demanda”, aseguran desde la Defensoría.

Además, hay residencias que cerraron tras la instalación del SPE, por una subvención insuficiente, cambios en los estándares de su labor con los NNA y, obligaciones legales, entre otras razones.

Desde la Defensoría agregan que también es complejo para el SPE encontrar inmuebles donde instalar las residencias, por el rechazo de las comunidades locales. “Incluso se han detectado que existen planos reguladores de algunas comunas que los prohíben, lo que es claramente una discriminación y vulneración de derechos para esos NNA” recalcan desde el organismo.

Sobrecupo afectaría trato con menores

El sobrecupo no solo implica una falta de espacio físico, sino también afecta la calidad del cuidado y la atención especializadas que reciben en las residencias.

“La capacidad de los profesionales para reparar el daño vincular de los NNA y trabajar con sus familias se ve gravemente limitada en estas condiciones”, señalan desde la Defensoría.

Las residencias familiares tienen un límite de 12 menores de edad en el establecimiento. Sin embargo, en algunos establecimientos conviven hasta 16, mencionan desde el organismo.

“Esto ha llevado a medidas extremas, como la habilitación de camas en salas comunes, afectando no solo la privacidad, sino también el propósito de estos espacios“, comenta la Defensoría.

Además, estos cambios no se acompañan de la contratación de más profesionales, lo que genera una sobrecarga de los equipos. El organismo señala que esto afecta en la capacidad de los funcionarios para “reparar el daño vincular que presentan muchos NNA, así como también la posibilidad de que trabajen con sus familias para promover sus capacidades de cuidados y que egresen del sistema residencial con ellos”.

De todas formas, desde la Defensoría mencionan que las residencias tiene que ser la última opción, y se tiene que priorizar antes la protección administrativa y las prestaciones ambulatorias, buscando el retorno de los niños y adolescentes con su familia biológica. En el caso de que esto no funciona, se debe privilegiar el acogimiento familiar o la adopción cuando sea posible, opinan desde el organismo.

Además de lo recién mencionado, las otras recomendaciones que entrega la Defensoría para enfrentar esta situación son:

• Restitución del derecho a vivir en familia.
• Reforzar la especialización de los equipos.
• Mejorar las condiciones habitacionales.
• Absorción de residencias tercerizadas para ser administradas directamente por el SPE.