Republicanos ingresa requerimiento ante el TC contra Isabel Allende: qué dice el documento

El documento menciona que solo celebrar el contrato (aunque no se genere un perjuicio fiscal) ya es inconstitucional y una causal para el cese de Allende como senadora.
La bancada de diputados de Republicanos ingresó este lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que Isabel Allende Bussi cese en su cargo como senadora de la República.
En el documento, se asegura que la parlamentaria “celebró un contrato de compraventa con el Fisco de Chile obligándose a transferir su parte del inmueble ubicado en calle Guardia Vieja N° 392, Providencia (…) y el Fisco de Chile pagó el precio de la compraventa el que dejó bajo instrucción notariales”.
En este sentido, se acusa que Allende, en su calidad de parlamentaria, suscribió un contrato donde recibiría fondos provenientes de una iniciativa gubernamental. El Estado compraría por más de $922 millones una propiedad que pertenecía también a la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien es sobrina de la senadora.
Sin embargo, aunque el contrato de compraventa se firmó, la acción se anuló en su instrucción notarial, tras revelarse públicamente quiénes eran los dueños de la propiedad.
El detalle del requerimiento de Republicanos contra Isabel Allende ante el TC
El documento que ingresó Republicanos transcribe todo el contrato de compraventa que hizo el Fisco con Allende, Fernández y sus familiares.
En este sentido, el requerimiento afirma que la senadora se obligó, por contrato, a transferir su propiedad al Fisco. Este último pagó el millonario precio, bajo instrucciones notariales, para entregarse una vez la transferencia se efectuara (hecho que no llegó a ocurrir).
Asimismo, se afirma que la ley nacional determina que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares” (artículo 60º de la Constitución).
También se detiene sobre el hecho de que, en la práctica, Allende no alcanzó a recibir los fondos públicos. El requerimiento señala que, no obstante, en el artículo 60 (inciso segundo) de la Constitución se habla justamente de “contrato”, el cual, efectivamente, se celebró.
“El término ‘contrato’ no está hablando de otra cosa que de ‘contrato’, es decir, del acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa“, señala el requerimiento.
En este sentido, se afirma que no se necesita un perjuicio al Fisco para considerar este proceso inconstitucional.
Además, el requerimiento también menciona que la ley señala que quien pierda el cargo por estos hechos no podrá optar a ninguna función o empleo público (sea de elección popular o no) por dos años.
Finalmente afirman que recurrirán a “todos los medios de prueba que franquea la ley a fin de acreditar los hechos que sustentan este requerimiento”.