Isabel Allende responde al Tribunal Constitucional por requerimiento en su contra

Continúan las repercusiones de la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja. Luego de que un grupo de diputados del Partido Republicano presentara el primer requerimiento para la destitución de la senadora incumplir el artículo 60 de la Constitución, Isabel Allende (PS) respondió y se defendió, mediante sus abogados, argumentando que la negociación se realizó bajo la Ley N°21.460.

Por ahora, la senadora enfrenta dos requerimientos distintos ante el Tribunal Constitucional. Además de Republicanos, Chile Vamos también se pronunció y recurrieron al TC para realizar otra moción con la finalidad de cesar de las funciones a la hija del expresidente Salvador Allende.

Los argumentos de Isabel Allende

Mediante sus abogados, negó haber incumplido la ley y pidió un completo rechazo a lo presentado por los parlamentarios de Republicanos y Chile Vamos. Según Gabriel Osorio, abogado de la senadora, “el inicio del procedimiento administrativo de compra y adquisición de casas presidenciales se dio en marco de las obligaciones jurídicas del Estado”.

Bajo el punto de vista que su preservación está ligada a la memoria histórica, tanto como para el Derecho Internacional como en el Derecho Público de nuestro país. Sumado a eso, Osorio apunta que “la adquisición no tiene un interés privado, sino que un interés completamente público“.

El representante de la senadora del Partido Socialista expresó que para hacerse efectivo, debería haberse dictado el Decreto Aprobatorio y eso no se realizó. De esta forma, el procedimiento de compra y la adquisición de la casa por parte del Estado se habría perfeccionado, y recién ahí el proceso se completaría y se podría hablar de una compra efectiva.

También destacó que Isabel Allende no hizo uso de su cargo de senadora para que la adquisición se realizara por el Fisco. Sumando que la Ley de Presupuesto de 2023 consideraba los gastos para la adquisición de casas presidenciales.

“La partida presupuestaria del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural fue debidamente aprobada, tanto en general como en particular por el Congreso. Por lo que se estableció expresamente la adquisición dichas viviendas“, declaró Osorio.

Seremi revisó contratos sin ser una de sus tareas

De acuerdo a lo publicado por Ciper, Carol Castro, seremi metropolitana de Bienes Nacionales, fue quien firmó la compraventa de la casa el 30 de diciembre. Sólo 11 días después de haber llegado al cargo, sin tener la responsabilidad de hacer esa tarea.

Sin embargo, esa labor está a cargo de la secretaría metropolitana, el área que tienen este tipo de tareas. Por lo que Castro, en una función que no estaba dentro de sus responsabilidades, avanzó con el proceso para hacer efectiva la compra.