La solución que negocia el gobierno para salir de la crisis por la megatoma de San Antonio
El precio del suelo usurpado- que alcanza las 217 hectáreas- sería el nudo más importante a destrabar para lograr un acuerdo entre los propietarios, los habitantes y el Gobierno. La compra de los terrenos aparece como una de las soluciones para evitar el desalojo de más de 4 mil familias en el principal puerto del país.
Más de 4 mil familias y cerca de 10 mil personas podrían quedar sin un hogar si se ejecuta finalmente la orden de desalojar la megatoma de San Antonio.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que el 27 de febrero comience este proceso que se llevará de forma paulatina. La cantidad de personas afectadas obliga a las autoridades a proceder poco a poco, ya que no bastaría con los recursos (humanos y habitacionales) disponibles.
A menos de 10 días de que llegue esta fecha de inicio, el Gobierno busca una solución que permita a las familias mantener sus hogares, y además dejar felices a los propietarios.
La compra de los terrenos: la respuesta a la crisis de la megatoma de San Antonio
Aunque existe un plan para reubicar a las personas si se concreta el desalojo, tanto desde el Gobierno como desde la Municipalidad de San Antonio afirmaron que la mejor manera de solucionar la crisis es lograr un acuerdo con los propietarios (1 y 2).
Actualmente los terrenos de la megatoma, ubicada en el Cerro Centinela, pertenecen a la Sociedad Inmobiliaria San Antonio. Sin embargo, desde 2019 que miles de habitantes se repartieron los suelos para construir sus hogares, usurpando la propiedad de la empresa.
En este contexto, la solución más viable y posible es la compra de los terrenos en cuestión, un camino al que se abren todas las partes (menos 1 de las 13 comunidades del sector). En total, la zona tiene 260 hectáreas, aunque la denuncia de los dueños es por 217 ocupadas ilegalmente.
El precio de la toma
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, comentó este miércoles en ADN Radio que el Servicio de Vivienda y Urbanismo tasa en 0,58 UF el metro cuadrado, mientras los propietarios piden 0,69 UF por el mismo espacio.
Considerando que se deben comprar las 217 hectáreas ocupadas, la diferencia de ambas propuestas superaría los $9 mil millones. Mientras la tasación del Serviu– con el precio que mencionó el alcalde-alcanzaría los $48 mil millones, la oferta de los propietarios superaría los $57 mil millones, al valor actual del UF.
El precio del suelo sería uno de los temas a resolver, ya que hasta el momento no hay un acuerdo con los propietarios. Este próximo lunes 24 de febrero se reunirá el alcalde Vera con representantes de la Inmobiliaria San Antonio y del Ministerio de Vivienda para buscar un acuerdo a la crisis.
De todas formas, aún no se sabe exactamente qué parte de esta “compra” la pagarán los habitantes y cuánto pagará el Gobierno. Hasta ahora se piensa establecer una federación de cooperativas, método por el cual se buscaría encontrar una ayuda estatal.
“Las familias participarían con cooperativas y con un crédito buscar gestionar, lo que dependerá de las comisiones de las instituciones que puedan complementar y a partir de eso, solicitarle al Estado la urbanización y la construcción de alternativas de vivienda” señaló este martes el Ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Desde el Gobierno mencionaron a través de un comunicado público que la situación representa una dificultad humanitaria: el 33% de los habitantes son niños, niñas y adolescentes, y el 70% pertenece a familias de alta vulnerabilidad social.