La historia de la megatoma de San Antonio: desalojarán a 4 mil familias

En 2019 comenzó la historia de la megatoma de San Antonio, un lugar que en pocos años se convertiría en uno de los campamentos más grandes del país, con más de 4 mil familias habitando en el lugar.

Se estima que unas 10 mil personas residen en el Cerro Centinela, un lugar que hasta mediados del siglo XX era un bosque, que posteriormente fue talado.

Antes de eso la zona también fue un punto de encuentro religioso– incluso se celebraron misas en la cima hasta la década de 1970- debido a la escultura de la Virgen del Carmen que se instaló en la punta del cerro en 1923, razón por la cual también se conoce a este lugar como Cerro La Virgen.

Ahora en el lugar se emplazan caminos, negocios, alumbrado público, equipamiento de agua potable y muchas viviendas. Sin embargo, este próximo 27 de febrero debe comenzar el desalojo paulatino de la toma, según estableció la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El origen de la megatoma de San Antonio

En 1997 la Inmobiliaria y Constructora San Antonio adquirió los terrenos del Cerro Centinela. Sin embargo, aseguraron desde la misma empresa, el Ministerio de Obras Públicas buscaba expropiar el terreno para realizar la Conexión Vial Acceso Norte a San Antonio.

La iniciativa, no obstante, se consideró desestimada, por la “imposibilidad de desocupar los terrenos por parte de la respectiva municipalidad“, menciona un fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, según consigna La Tercera.

En 2019 los primeros habitantes llegaron a construir sus casas “con el permiso del representante legal del dueño que estaba en ese momento, que se llama Luis Medel”, aseguró Verónica Morales, dirigenta de la megatoma, en conversación con ADN.

En ese entonces Medel “estaba ofertando el terreno” a través de 13 lotes– afirma Morales- que posteriormente pasaron a ser zonas subdivididas, que ahora son las viviendas de los habitantes.

De esta forma, al pasar los años los habitantes fueron abriendo caminos, construyendo casas y mejorando los servicios, incluso con el uso de maquinaria pesada.

Un territorio de $45 mil millones

En los años venideros, principalmente durante la pandemia, la población se agrandaría, alcanzando un total de 260 hectáreas ocupadas.

Ahora en el cerro hay 13 comunidades y la zona cuenta con alumbrado público (provista por Chilquinta), negocios y un centro social y cultural levantado por los mismos pobladores.

Actualmente todo este terreno se valoriza en más de 1.184.058 UF, unos $45 mil millones.

Al menos, este es el precio que solicitó la Inmobiliaria San Antonio al Gobierno. El Gobierno busca encontrar una solución- aún no se sabe si con subvención o no- para que los habitantes paguen el valor de los terrenos y accedan legalmente a la propiedad de los mismos.

Las polémicas de la megatoma

Un reportaje de Meganoticias reveló en 2024 que algunos pobladores de la megatoma de San Antonio vendían algunos de los terrenos. Esto se suma a una serie de acusaciones- a través de las redes sociales- por propietarios que aparentemente tienen segunda vivienda en la zona.

Al respecto, el Gobierno publicó una declaración este lunes, que menciona que según su catastro, un 90% de los habitantes no tiene segunda vivienda ni subsidio anterior. También afirmaron que más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social, y un 33% de los pobladores son niños, niñas y adolescentes.

También hay acusaciones que afirman que en la megatoma hay sectores que se vinculan con el narcotráfico. Una de estas proviene del excandidato a alcalde de Viña del Mar, Iván Poduje en Ex-Ante. Una situación que también reconoció la dirigenta del Comité Las Lomas, Gabriela Almuna, al premio nacional de Arquitectura Miguel Lawner.

“Admite que puede haber en la zona, algún sector dominado por traficantes de droga, pero eso dista bastante de reflejar la realidad del conjunto de la toma”, menciona el arquitecto en su columna de opinión.

El problema de desalojar a 10 mil personas

De todas formas, el tema es un problema para las autoridades. Además de los cuestionamientos judiciales por intentar aplazar las decisiones de los tribunales (hasta lograr un acuerdo) tienen un desafío logístico en el desalojo.

Sacar 10 mil personas de sus casas en un territorio de 360 hectáreas no es una tarea fácil y se necesita bastante personal.

Además, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que se trata de una “situación insostenible desde el punto de vista humanitario“.

La dirigenta Morales mencionó en ADN que 12 de las 13 comunidades del sector están de acuerdo con el Gobierno en solucionar el tema por la via legal, aunque para esto tienen que llegar a un trato para definir un precio que acomode a ambas partes.

Por el momento, tienen 10 días para alcanzar una solución viable, antes que comience el desalojo.