La historia de la toma Edén de Lajarilla y de su dueño, José Massú Márquez
Los ocupantes llegaron en febrero de 2022, y según acusan, autorizados por el dueño del predio, José Massú, el mismo que inició las acciones legales en contra de los habitantes, que terminó este martes con el desalojo de las 86 familias que vivían en la toma Edén.
La historia de la toma Edén de Lajarilla, que reúne cerca de 450 personas de 86 familias, podría llegar a su fin esta semana. Este martes se dio inicio a un complejo desalojo, con bastante resistencia por parte de los habitantes, quienes incluso amenazaron de volver a tomarse el predio.
Durante la instancia, los pobladores- un 80% de los cuales son extranjeros venezolanos, peruanos y haitianos– acusaron al dueño, José Massú, de estafa. Según mencionaron los habitantes durante el proceso de desalojo, hicieron un acuerdo de palabra con el empresario para la obtención de una parte del predio.
La toma, que se emplaza sobre las parcelas 764 y 766 del sector Lajarilla de Reñaca Alto, en la comuna de Viña del Mar, es propiedad de Massú desde 2012. Estos terrenos se avaluaron en 2022 en más de $114 millones. El empresario posee las parcelas 763 a la 767, las cuales fueron avaluadas en 2022 en $291.848.346
Sin embargo, los habitantes- unas 35 familias- llegaron el 19 de febrero de 2022, según comentaron los propios habitantes en una querella que presentaron contra Massú por estafa. Durante estos tres años, construyeron casas y contrataron maquinaria pesada para levantar lo que es, hasta hoy, su hogar.
José Massú, el dueño los terrenos de la toma Edén de Lajarilla
La historia de la toma Edén de Lajarilla tiene un claro protagonista: el dueño de los predios, José Elías Massú Márquez.
Massú, médico cirujano, proviene de una familia de empresarios liderada por su padre, Jorge Massu Araya, dueños de J. E. Jorge Massú y Compañía Limitada, que se dedica a la compra, venta y alquiler de inmuebles.
La empresa en cuestión, de la que Massú Márquez es socio, contaba en 2021 con un capital de $5.400 millones. El dueño de los predios de la toma Edén es el segundo socio con más capital (solo después de su padre). En ese año le pertenecían $1.284.516.887 del total de los activos.
Además, también es parte de otra sociedad familiar, Massú Araya y Compañía, que en 2021 contaba con activos por $125 millones. Del total, Massú Márquez es propietario de más de $27 millones en activos.
Con respecto a su profesión, se unió en 2024 al Colegio Médico en la Región de Valparaíso.
Las acusaciones por estafa contra Massú
Dos habitantes de la toma ingresaron una querella por estafa en contra de José Elías Massú Márquez, a quien acusaron de cobrarles por los terrenos de la toma Edén.
El documento señala que los habitantes se instalaron con carpas y toldos “en un predio eriazo, carente de toda forma de delimitación en el que había un vertedero de escombros y basura”.
Según mencionan, cuatro días después de arribar en el terreno, llegó Massú, quien “se presentó como el dueño del lugar y luego de un diálogo nos indicó expresamente que “Si están aquí les autorizo para ocupar, espero que no pasen de este lugar (señalado por un palo) y les pido que se encarguen de que otras personas no ocupen las otras parcelas”.
“Días después, uno de los sujetos que acompañaba al querellado, de nombre CARLOS DONAIRE, se presentó realizando cobros a las familias ocupantes, en pago por la ocupación del predio. Los pagos efectuados con el correr del tiempo superaron los dos millones de pesos por parte de cada grupo familiar”, continúa relatando la querella.
En este contexto, señala el documento, los habitantes contrataron maquinaria pesada, emplazaron calles y construyeron casas. Menos de un mes de su arribo en la toma, Massú ingresó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de uno de los ocupantes, acción de la cual se enterarían los habitantes recién un año después, cuando llegaría una orden de desalojo en su contra.
“El querellado se aprovechó de la notoria necesidad e ignorancia de las comparecientes, consecuencia de nuestra precariedad social y condición de inmigrantes, desconocedoras de las normas que regulan —entre otras— la forma en que se efectúan las operaciones de venta de inmuebles”, menciona el documento.