Violación de secreto: qué dice la ley sobre las filtraciones judiciales
Inhabilitación perpetua del cargo, reclusión mayor y multas de hasta $3 millones son algunas de las penas por la revelación de secreto en causas judiciales.
La Fiscalía Nacional decidió iniciar una investigación sobre la posible violación de secreto en la arista que indaga un presunto tráfico de influencias por parte de Karol Cariola, la presidenta de la Cámara de Diputados.
La causa estará a cargo de Claudia Perivancich, la fiscal Regional de Valparaíso. Específicamente en esta arista (sobre las filtraciones del caso) se removió al fiscal Patricio Cooper, quien seguirá investigando la arista Chinamart y el caso Sierra Bella.
El propio Ministerio Público informó que se investigarán “los delitos de violación de secreto que se habrían cometido por la filtración de antecedentes contenidos en el informe policial N°487 a la prensa el día sábado 15 de marzo”.
Fiscalía Nacional designa a Fiscal Regional de Valparaíso para investigar filtraciones. pic.twitter.com/rXDKSQBkEz
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) March 18, 2025
¿Qué dice la ley sobre la violación de secreto?
El Código Penal establece en sus artículos 246° y 247° las definiciones y penas del delito de violación de secreto.
El artículo 246° menciona que el empleado público que revele secretos de los que tenga conocimiento por su oficio– y estos no deban ser publicados– incurrirá a las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio (61 días a 2 años) además de una multa de 6 a 20 UTM. Es decir, desde $400 mil hasta $1.4 millones.
En el caso de que la revelación genere daño para la causa, la pena aumenta a reclusión mayor en cualquiera de sus grados (5 a 20 años), más una multa de hasta 30 UTM ($2 millones).
Además, el mismo artículo, en su inciso bis, establece que el funcionario público consienta que otro tome conocimiento de los hechos también recibirán una sanción de reclusión menor (61 días a 5 años) y una multa de 10 a 30 UTM ($680 mil hasta $2 millones).
El artículo 247° señala que en el caso de que los secretos sean de un particular, y la revelación sea con perjuicio de éste, las penas aumentan a reclusión menor de mínimo a medio (61 días a 3 años), más una multa de hasta 10 UTM.
Si la persona que revela estos secretos obtiene un beneficio económico por el hecho, la pena igual será de hasta 3 años, pero la multa se triplicará, alcanzando cerca de los $2 millones.
En el caso de que esta persona sea un abogado– como en el caso de los fiscales- se aplicará una suspensión e inhabilitación especial perpetua para el cargo, además de una multa de hasta 20 UTM.
Además, dependiendo el caso pueden considerarse algunas agravantes, como abuso de confianza, reincidencia o premeditación, aumentando el castigo.