Protestas y atentados: la historia de la hidroeléctrica china decretada como interés nacional

Desde un comienzo la idea de instalar la central hidroeléctrica Rucalhue era bastante compleja. Desde la década de los 90 que diferentes proyectos que se emplazaron sobre el Río Biobío generaron conflicto con las comunidades locales.

Uno de los ejemplos es Ralco, que se construyó en una zona más alta del mismo cauce. Su construcción en el 97 desplazó a parte de la población pehuenche para inundar la zona. Los habitantes de la comunidad se dividieron, e incluso algunos quedaron sin acceso a agua.

Los proyectos que se emplazaron en el Río Biobío generaron una discusión por los derechos de las comunidades locales, que terminaron con un acuerdo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para no construir más megaproyectos, especialmente hidroeléctricos, en la zona.

De hecho, en contexto de su visita a Chile en enero de 2024, el relato especial de la ONU, David Boyd, expresó en su informe su preocupación porque el gobierno “aprobó el proyecto de la central hidroeléctrica Rucalhue en la región del Biobío, contraviniendo así el acuerdo” mencionado.

Esta es solo una de las tantos obstáculos que sorteó la central Rucalhue. El domingo 20 de abril la empresa sufrió un ataque a sus instalaciones, con la quema de más de 50 maquinarias. El Estado chileno se comprometió a desplegar fuerzas policiales permanentes y compensar los daños.

Además, el miércoles pasado un grupo de comunidades pehuenches presentaron una carta en La Moneda para rechazar la construcción del proyecto hidroeléctrico.

Ataía y los inicios de la central hidroeléctrica Rucalhue

La empresa brasileña Atiaia Energía fue la primera que tuvo a su cargo este proyecto. En el año 2012 se presentaron en las comunas de Santa Bárbara y Quilaco (donde se emplaza el proyecto) para hablar con las comunidades locales.

Una de las primeras etapas fue la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental en 2013 y que se aprobó en el SEA en 2016. Aunque se consideraron impactos negativos, como la disminución del caudal del Río Biobío, las afectaciones a las comunidades locales, y la pérdida de vegetación nativa y bioma acuático, se comprometieron medidas de mitigación.

El mismo año terminó la consulta indígena del proyecto, con la participación de las comunidades Ayin Mapu y Newen Mapu, asegura el SEA. Sin embargo, desde entonces que varias comunidades pehuenches acusan que este proceso se vició.

“Pablo Vidal (exdiputado) fue casa por casa diciendo falacias: que era un proyecto ecológico, verde y amigable, que es una central de pasada que no genera un daño. Manipularon, porque le decían a las personas que no estaban seguras o se querían oponer que no lograrían negociar nada y que el proyecto se haría igual”, señaló en 2022 un comunero de Santa Bárbara, identificado como A.R., en Agenda Propia de Colombia.

El “interés nacional” y el inicio de las obras

Años más tarde Ataía quebró y el proyecto lo terminó adquiriendo la filial Rucalhue Energía SpA, del gigante hidroeléctrico China International Water & Electric Corp (CWE), que es a su vez propiedad de China Three Gorges Corporation. Así, se convirtió en el primer proyecto de CWE en el país.

De todas formas, los reclamos medioambientales seguían pesando sobre el proyecto. En febrero de 2021 un grupo de jóvenes del Grupo Juvenil Semillas de Lirquén montó una toma en las instalaciones como protesta al proyecto, aunque esta se desalojó en julio de ese mismo año.

El siguiente año los alcaldes de Mulchén, Quilaco, Santa Bárbara, Quilleco y Antuco entregaron una carta al presidente Boric para frenar las obras. Además, según consigna el medio ambientalista Dialogue Earth, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) solicitó al Ministerio de Desarrollo Social pronunciarse por una nueva consulta indígena, aunque esto nunca ocurrió.

A pesar de los reclamos y las manifestaciones en su contra, la hidroeléctrica Rucalhue encontró una solución: solicitaron al gobierno que su proyecto se declarara como interés nacional. Así, la construcción podría avanzar, justificando su intervención en el medio ambiente.

La presión de la inversión china

Esta megaconstrucción aporta una inversión de 240 millones de dólares (8 millones en inversión social) y más de 90 MW al sistema eléctrico nacional. Además, genera más de 450 empleos e ingresos por tributación local de hasta 8 mil UTM para Santa Bárbara y Quilaco.

Se trata de un proyecto es de gran impacto para la economía, no solo por la producción de energía y la oferta de trabajo, sino también por su vínculo con la CWE, una de las estatales chinas más importantes con presencia en el extranjero.

De hecho, a inicios de 2024, cuando la iniciativa ya era de interés nacional, el gerente general de la CWE, Zhou Haibo, envió una carta a los ministerios de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y Energía, para informar que “una serie de dificultades vinculadas con el retraso excesivo en la tramitación de un permiso sectorial de Conaf” que no permitía el reinicio de la construcción.

Se trata de reclamos que se ingresaron ya que el proyecto contemplaba la tala de árboles nativos como naranjillos y guindos santos, protegidos desde 2023 por ley.

Entonces el gerente de CWE mencionó que los retrasos generan un “impacto e incertidumbre respecto de la posibilidad de continuar no solo con este proyecto, sino que con otras futuras inversiones que la compañía tiene planificadas en Chile“.

Tres meses más tarde el director de la CONAF, Cristian Little, firmó la autorización para la intervención y alteración del hábitat, y confirmó el interés nacional de la obra. A cambio, la empresa se comprometió a plantar hasta 4 veces más árboles de las mismas especies que intervino.

Finalmente, a mediados de 2024 la obra pudo iniciar sin más obstáculos su construcción. Además, desde septiembre del mismo año Rucalhue forma parte del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío.