CDE se querella contra Joaquín Lavín León por presunta malversación de fondos
El legislador ya enfrenta dos casos: emisión de facturas ideológicamente falsas y su presunta participación irregular en la administración municipal de Cathy Barriga.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía en contra del diputado Joaquín Lavín León (UDI), por su eventual responsabilidad en una presunta malversación de fondos públicos.
Actualmente la fiscalía ya lleva una investigación no formalizada en contra del parlamentario, en dos aristas.
Una estudia un eventual fraude al fisco mediante la emisión de facturas ideológicamente falsas para pagar servicios para sus campañas políticas, con fondos a cargo del Congreso, el mismo caso por el que se querelló la CDE.
Además, también está abierta una causa para determinar una eventual participación de Lavín León en la administración de la Municipalidad de Maipú durante el periodo de su esposa, la ex alcaldesa Cathy Barriga.
Se le acusa de intervenir en contratos o despidos al interior del organismo, y tomar otras decisiones de relevancia en la gestión municipal. Por su parte, la administración de Barriga está bajo investigación por un presunto fraude al Fisco por más de $33 mil millones.
Por lo pronto, si la Fiscalía decide formalizar a Lavín, primero deberán solicitar su desafuero parlamentario.
El caso de las facturas falsas por el que persigue a Joaquín Lavín León
Antes de ser parlamentario, Joaquín Lavín León era empresario independiente y promocionaba fiestas. En este trabajo conoció a MMG, una imprenta que entonces le confeccionaba volantes para sus eventos.
En octubre de 2024, Juan Silva Morales, dueño de la imprenta, prestó declaración frente a la Fiscalía. Ahí comentó que cuando Lavín entró a la política, siguió trabajando con él.
Entonces se investigaban 10 facturas que rindió el parlamentario, por cerca de $7 millones, para servicios asociados a su cargo. No obstante, esos fondos públicos terminaron en manos de Silva, y aparentemente, no para fines relacionados a su trabajo como diputado.
“Quisiera dejar constancia de que en ese momento no imprimí ningún diseño de cuenta pública y diseño paloma publicitaria como se indica en la factura, era solamente una forma de que me pagara cosas que me adeudaba por campañas electorales”, mencionó en la declaración a la que accedió Biobío.
Además, el mismo medio afirma que uno de los brigadistas de Lavín (de nombre D.N.R.M.) afirmó que “esa imprenta (MMG) era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña, eso lo puedo indicar porque al retirar material veía fotografías de otros personajes políticos del mismo sector político”.
El propio Silva confirmó que le mandaron a hacer telas PVC para las elecciones internas del partido de Lavín, mismo que postuló a su padre, Joaquín Lavín Infante, a presidente en dos ocasiones.
Los asesores de Lavín
La querella de la CDE también se presentó en contra de Silva, además de dos exasesores de Lavín supuestamente involucrados en los hechos: Arnaldo Domínguez Vallejos y Felipe Vásquez Diéguez.
Domínguez sería un intermedio en el negocio con MMG, según el testimonio del propio Silva. Él sería quien gestionó los pagos mensuales con cargo al parlamento para la imprenta.
Vásquez, por su parte, habría cobrado $75 millones a Lavín, cuyos pagos se hicieron con cargo a sus asignaciones parlamentarias, por crear y mantener una plataforma web que creó mientras aún era asesor parlamentario del político UDI.
Además, según la investigación, la web ni siquiera estaba en funcionamiento en 2022, por lo que también se cuestiona el verdadero propósito de estos fondos.