Informe de Contraloría: Universidad del Bío-Bío desvió fondos y acumula deuda de $7 mil millones
El ente fiscalizador acusa a la UBB académica también desvió $3 mil millones de proyectos de fortalecimiento de universidades estatales para pagar sueldos.
Un informe de Contraloría reveló una serie de irregularidades de parte de la Universidad del Bío-Bío (UBB), principalmente con respecto a una grave situación financiera.
La UBB tiene una deuda por $6.883.787.075 con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, un beneficio estatal que permite un préstamo para estudiantes con condiciones favorables.
La institución universitaria solicitó anticipos entre 2020 y 2023 para este crédito, aunque estos se depositaron finalmente al ítem de “sueldos”, menciona el informe de Contraloría
En este mismo sentido, la UBB no transfirió una recaudación de $191.867.499 por parte de exalumnos que pagaron el FSCU.
Sobre este punto, la entidad fiscalizadora “instruyó a la Universidad del Bío-Bío sobre el registro y procedimiento contable aplicable a las devoluciones de anticipos y recaudaciones que la Universidad recibe de o para su FSCU”, y deberá informar en 90 días cuáles serán las acciones para su cumplimiento.
Desvío de fondos y otras irregularidades en la Universidad del Bío-Bío
Contraloría también menciona que la UBB destinó fondos por $3 mil millones de proyectos de fortalecimiento estatal para universidades, al ítem de “sueldos”.
Ese mismo día se pagaron, efectivamente, las remuneraciones de los funcionarios, indica el informe de Contraloría. Estos pagos no estaban vinculados a los objetivos del proyectos, lo que constituiría una infracción al principio de legalidad del gasto público.
Contraloría también comprobó que se contrataron a dos empresas con vínculos con la junta directiva. En un caso, uno de los directores es socio de la compañía que prestó los servicios. También se contrató a honorarios a un socio comercial de uno de los ejecutivos de la universidad.
En este mismo sentido, en el año 2023 la institución académica contrató a nueve funcionarios a honorarios que tenían vínculo de parentesco o matrimonio con funcionarios directivos.
Por otra parte, se constató que no se justificaron adecuadamente gastos por $33.379.379 conforme a lo establecido en la Ley de Compras Públicas.