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Reportaje
Por: Jaime Pinochet
Publicado el 25 de julio de 2025
Un peak de 850 casos anuales en 2023, no sólo es una cifra que alertó al Ministerio Público. Detrás de esta cruda estadística, aparecen los tentáculos del crimen organizado personificado, principalmente, en el Tren de Aragua.
Al menos seis facciones de esta banda venezolana han sido identificadas en investigaciones de secuestro, tráfico de drogas y comercio sexual.
Pero lo más inquietante son los métodos de lavado de activos que usan estos delincuentes, quienes dirigidos desde Colombia, logran blanquear los dineros de sus actividades ilícitas mediante criptomonedas y compras de cuentas rut.
La noche del sábado 28 de junio comenzó a viralizarse que el ex alcalde de Macul Gonzalo Montoya podría estar desaparecido. Hace dos días se había perdido su rastro.
Pasaban los minutos y cerca de las 21 horas algunos medios publicaron la noticia que se tenía bajo siete llaves: El ex jefe comunal estaba secuestrado y bajo una condición extorsiva.
Se hablaba de un rescate de entre $20 millones a $40 millones de pesos.
Esta información tensionó a los negociadores liderados por la BIPE de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía. Rápidamente se hicieron gestiones para eliminar las publicaciones periodísticas. Había mucho en juego. Incluso, la vida de Montoya.
Tras unas horas más de negociación, y previo a un pago no especificado, la víctima fue liberada cerca de las tres de la madrugada del domingo 29 en la comuna de Padre Hurtado.
Fue encontrado sentado y completamente desorientado en un paradero de la rotonda El Trebal por funcionarios de seguridad ciudadana. De inmediato lo trasladaron a un centro asistencial, donde constataron diversas heridas atribuidas a tortura.
Noventa y seis horas después del rapto, las piezas del puzzle encajaban. El 4 de julio la PDI daba a conocer el primer detenido por este delito. Se trataba de Israel Useche, un joven venezolano con presencia en el Tren de Aragua, cuya facción, “Los Mapaches” hasta ese momento no se conocía.
“Hace más de un año vengo advirtiendo de que esto va evolucionando (…) El peligro para las personas que consumen, por ejemplo, prostitución en Chile, y que la extorsión es parte de eso: hay un mercado y la gente no se ha dado cuenta”,
sostuvo el persecutor especialista en crimen organizado, Héctor Barros.
En esa línea, no dudó en encender más el debate destapando una estadística que se estaba aguantando en otros organismos gubernamentales.
Según Barros, los secuestros en la Región Metropolitana presentaron un aumento de 28% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024.
Pero había más. El mes de junio tenía registros negativos. De los delitos ingresados a ECOH en la capital, el 40% correspondió a secuestros y un 60% a homicidios.
Según los especialistas de la Fiscalía Nacional, el secuestro es una modalidad que se está monitoreando de manera especial desde 2022 tras el alza de los homicidios y la llegada fuerte de bandas extranjeras ligadas al crimen organizado.
“Si suben los asesinatos, el secuestro crece también. Tienen una relación directa, porque son delitos de la misma familia”, comenta una fuente de la Fiscalía que ha participado de los estudios especiales que se han realizado sobre estos crímenes.
De acuerdo a las cifras del organismo, este delito ingresó al país con fuerza.
Si en 2012, se registraron 343 casos, una década después casi se triplicaron las investigaciones: en 2022 hubo 826, mientras que en 2023 se llegó a un peak de 850 secuestros.
Los números de 2024 se mantienen bajo siete llaves, pero trascendió que vendría con un descenso, aunque se mantendría arriba de los 800 casos.
“Existe una tendencia creciente en los grupos de delincuencia organizada a recurrir al secuestro, especialmente con fines de extorsión. Esta práctica se ha convertido en un medio para acumular capital y consolidar las operaciones”, concluyen los reportes de la Fiscalía Nacional, cuyos informes advierten la presencia de otros delitos como tráfico de drogas, trata de personas, blanqueo de dinero, armas e incluso presencia de terrorismo.
La creación de los equipos ECOH en la Región Metropolitana implementó un sistema de inteligencia sobre la presencia de peligrosos delincuentes que estaban operando en la capital.
Estos podían encontrarse en varias comunas metropolitanas, por lo que se hacía clave poder romper las fronteras informativas de las Fiscalías de Santiago. “Había que empezar a compartir, independiente de la jurisdicción. Era todo compartimentado”, sostiene un personero del Ministerio Público.
Así, el primer desafío de ECOH fue comenzar a trabajar una base de datos sobre los sujetos de interés que iban cayendo en los radares de las unidades especializadas de la PDI como la BIPE y la BRICO, además de otros equipos de inteligencia policial.
Nombres, falsos y verdaderos, alias, tatuajes, nacionalidades, cortes de pelo y hasta cicatrices podían entrar en estos registros secretos que sólo podían ser revisados por analistas especializados que enfrentaban el crimen organizado en Santiago.
El primer grupo en ser descubierto fue una facción del Tren de Aragua llamado “Los Piratas”, nombre que fue obtenido al revisar las conversaciones de Whatsapp de los imputados que usaban una bandera negra con una calavera blanca de forma permanente en sus comunicaciones.
Esta agrupación fue responsable de varios secuestros, pero alcanzó un alto protagonismo los primeros meses del 2024 al acreditarse su participación directa en el crimen de ex teniente venezolano Ronald Ojeda, quien fue secuestrado de su departamento en Independencia para luego quitarle la vida y enterrarlo bajo tierra en una toma en Maipú.
Las primeras redadas dejaron un aprendizaje. Algo que los fiscales no querían que ocurriera. A medida que aumentaba el número de detenidos, los policías detectaron que estas bandas tenían micro facciones que se iban reconstruyendo bajo el liderazgo del Tren de Aragua y sus líderes desde Colombia.
Así, aparecen en carpetas reservadas nombres como los Hermanos Cartier, Tren del Mar, Los Gallegos, e incluso Los Mapaches, involucrados en el caso del ex alcalde de Macul Gonzalo Montoya.
“Esta base de datos ha sido trascendental para lograr resultados rápidos. Como la mayoría de estos tipos están registrados, sabemos de inmediato qué agrupación está involucrada. Entonces, para enfrentar un secuestro es clave”, relata un fiscal que ha participado en estas pesquisas.
Este sistema de inteligencia no sólo ha entregado nombres. También estableció un diseño de estructura de estas facciones, cuyo delito madre es el tráfico de drogas. De acuerdo a los análisis, los líderes fijan qué productos se pueden vender en las “plazas” y las cantidades por esquina. Mismas instrucciones para la trata de blancas y el comercio sexual.
Así, el que no se cuadra, recibe un castigo. El miembro que vende más droga de lo permitido o se salta las reglas en el ámbito del negocio de la prostitución es secuestrado y torturado. Y la oportunidad de librar con vida, sólo dependerá del nivel de perjuicio generado a la organización criminal. Todo dependerá de lo que resuelvan los “capos” instalados en otros países.
Según el último informe de la Fiscalía Nacional, los raptos asociados al crimen organizado estuvieron ligados en su mayoría a fines extorsivos y a ajustes de cuentas, cobros, deudas o simples venganzas. Éste último tipo, incluso, fue el que más creció entre 2022 y 2023, pasando de 4,5% de los casos al 12,4%.
El secuestro de un barbero dominicano en febrero de 2025 puso a prueba nuevamente a los equipos ECOH en la Región Metropolitana.
El jueves 6 cerca de las 21.30 horas, un grupo de cinco sujetos llegó a la barbería New York, ubicada en Conchalí.
Tras amenazar a los clientes que a esa hora se atendían, los delincuentes fueron directamente por Víctor José Torres Arzuela, dueño del local, a quien en pocos segundos se lo llevaron sin dejar rastro hacia un zona de cautiverio a bordo de un auto marca Kia Morning. La operación fue rápida y sin dejar muchas huellas.
Pero lo poco que dejaron las cámaras de seguridad fue suficiente para que los analistas de ECOH pudieran determinar quiénes estaban detrás de este nuevo rapto en la capital, lo que inició diversos operativos de la PDI en busca de los criminales.
Las pistas apuntaban a una nueva agrupación con el tufillo del Tren de Aragua y que estaba operando en la zona del Parque Almagro en Santiago Centro.
La lógica, la misma: repartición de esquinas para la venta de drogas y comercio sexual. Pero en este caso el nombre respondía a “La Hermandad” con sujetos que habían evadido a la justicia de otras estructuras ligadas a esta banda venezolana.
Dos días después del secuestro de Torres Arzuela, la extorsión había logrado su objetivo.
Según la investigación de ECOH, a la que tuvo acceso Mala Espina, el 8 de febrero en horas de la madrugada y previo a un pago de US$20 mil realizado por familiares de la víctima residentes en Estados Unidos, la víctima fue liberada sin lesiones. El millonario botín, de acuerdo a la policía, fue mediante criptomonedas.
Pero la PDI estaba cerca de los delincuentes. Sabían que se trataba de un grupo que operaba en la plaza Almagro y que los líderes en territorio nacional no respondían a nombres sino que a los números “1”, “2” y “3”.
Así, los primeros días de marzo, la agrupación fue desarticulada en diversos operativos policiales.
El “1” cayó en un departamento en San Miguel y fue identificado como Enderzon Humberto Espinosa Bello, quien portaba un arma con su serie borrada. Lista para disparar, detalló el reporte de los detectives.
Sin embargo, este no era el fin de la facción. Por el contrario, era el comienzo de algo más grande sobre eventuales redes de corrupción en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
En primer lugar, los análisis de los teléfonos celulares confirmaron el mismo modus operandi detectado en “Los Piratas”: instrucciones desde Colombia para ejecutar los secuestros por detectar venta de drogas como marihuana y ketamina en “plazas” sin autorización de la jefatura en el extranjero.
“Si no tienes autorización desde Colombia, el castigo es el secuestro que puede llegar al homicidio”, refuerza un persecutor que ha liderado estas reservadas pesquisas en Chile.
Pero lo que más alertó a los equipos ECOH fue lo que sucedió en los siguientes días tras la detención de Enderzon Espinosa.
De acuerdo a información de inteligencia, pudieron constatar que el jefe de “La Hermandad” consiguió un teléfono a las pocas horas de haber ingresado a un cárcel de alta seguridad con el objetivo de ordenar un nuevo rapto.
La orden era buscar a una mujer, miembro de su clan, que había que castigar por haber revelado puntos estratégicos de tráfico de droga en Santiago Centro.
Por ella no se pidió un rescate sino que sólo se trataba de una violenta reprimenda por vulnerar las reglas.
Según la investigación, una vez que tuvieron en cautiverio a la mujer, hicieron una videollamada para mostrarle al jefe en prisión cómo se ejecutaba ese castigo.
Esas escenas quedaron en videos de uso interno para advertirles a los integrantes las consecuencias.
Este nivel de brutalidad ejercido por Enderzon Espinosa detalló su perfil violento que se suma a una causa por homicidio en La Pintana.
Las sospechas indican que asesinó a un traficante boliviano en medio de una mala transacción de droga en la zona sur de Santiago en diciembre de 2024.
Y esta historia no termina aquí. Las sorpresas seguirían. Los aparatos electrónicos de esta organización arrojaron nuevos antecedentes, incluso, más escalofriantes.
El despliegue territorial de “La Hermandad” estaba vinculado a uno de los prófugos más buscados por el crimen del ex teniente Ronald Ojeda.
Se trataba de Walter Rodríguez Pérez, quien tuvo un rol protagónico en el rapto, ocurrido en febrero de 2024. El imputado fue formalizado en ausencia y se sospecha que está oculto en Venezuela con ayuda del régimen de Nicolás Maduro.
Según antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Sur, Rodríguez sabía de esta red del Tren de Aragua, pues su pareja Denisse Villalobos, era miembro activo. Ambos vivían en un departamento por calle Coquimbo en el centro de Santiago. A pasos del Parque Almagro, donde la mujer tenía una fachada de venta de completos para comercializar marihuana. También habría cumplido labores de vigilancia para la agrupación.
“Lo preocupante que estamos viendo hoy con estas organizaciones transnacionales es que se han ido arraigando en territorios y están participando en las actividades que se dedican las bandas nacionales como es el tráfico de drogas”, alertó el fiscal Barros cuando dio a conocer la desarticulación de “La Hermandad”, en marzo pasado.
Un análisis que comparte Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado de la Universidad Andrés Bello, quien, en una reciente columna en La Tercera, sostuvo que en el país operan cerca de 12 bandas internacionales: cinco venezolanas, dos colombianas, dos peruanas, una dominicana, una mexicana y una china. Destacando entre todas, el Tren de Aragua.
“Estas estructuras no se limitan al tráfico de drogas o armas, sino que han diversificado sus delitos hacia secuestros y extorsiones, prácticas que utilizan violencia, intimidación y miedo como mecanismos de control territorial y financiamiento”, dice el abogado.
En esa línea, el control territorial se ha convertido en una “guerra” entre las organizaciones extranjeras y chilenas, cuyo fenómeno se percibe en los secuestros como modo de mostrar fortaleza y castigo entre las estructuras criminales.
En la última década, las cuatro comunas que evidencian esta problemática son Santiago, Puente Alto, Maipú y Estación Central con 557 casos entre todas.
Y es precisamente los lugares que bandas como el Tren de Aragua han desplegado su metodología delictual sin freno, pues la mayoría de las casas de cautiverio han sido encontradas en esos sectores.
Cae una facción, y a los pocos días, aparece otra para continuar con las instrucciones de los líderes desde fuera de Chile.
Unos $200 millones fue lo exigido inicialmente por el rescate del empresario de Rancagua Rudy Basualdo, secuestrado en noviembre de 2024. Si bien se pagó un monto, nunca se conoció la cifra final.
Por Gonzalo Montoya, por otro lado, se habló de $50 millones, pero al parecer fue una cifra menor. El barbero dominicano no recibió ningún rasguño a cambio de US$20 mil dólares, unos $19 millones.
Y hace unas pocas semanas, se supo que un reconocido narcotraficante chileno entregó $500 millones por una extorsión de la que fue objeto por el rapto de su hijo.
Una danza de dinero que se ha convertido en un importante desafío para el Ministerio Público y las unidades policiales especializadas en lavado de activos. La premisa es clara: las organizaciones se desarticulan y tienen bien mapeadas las redes del Tren de Aragua, pero lo que está en deuda es la ruta del dinero y los lugares de acopio.
En la Fiscalía Nacional comentan que las herramientas como la cuenta rut y la posibilidad de crear empresas en un día hacen “muy compleja” la persecución penal en este ámbito.
Las organizaciones criminales, según las últimas investigaciones, han usado estos sistemas formales para desaparecer el dinero en pocos días y enviado al extranjero.
Por ejemplo, han detectado que las facciones del Tren de Aragua, por instrucciones de sus líderes fuera de Chile, pagan a personas en situación de calle por sus cuentas rut.
“Hemos tenido registros de retiro de dinero por 200 dólares diarios en pueblos aislados de Colombia con tarjetas del Banco Estado”, revela un persecutor que ha liderado estos casos, dando cuenta de una posible red de tráfico de estos documentos bancarios.
Pero no es lo único. Las criptomonedas y los sistemas de transferencias no bancarias también son un problema. Hay causas que han acreditado el uso de estas herramientas para sacar al extranjero el dinero asociado a los secuestros en tiempos récord.
Así, dicen algunos directivos de la Fiscalía, que hay una idea de incluir en el debate político el método antimafia italiano que se instauró a fines de la década del 90.
Allí crearon una ley para evitar que se use dinero en el rescate de secuestros.
Por tanto, la Justicia puede bloquear todas las cuentas bancarias de las victimas y así tomar el control de la negociación para evitar el intercambio de montos millonarios por la libertad de los secuestrados.
En la Fiscalía Nacional se ha debatido esa posibilidad para presentarla en el Congreso en las comisiones sobre crimen organizado.
Pero, cuentan desde el organismo, aún es una iniciativa preliminar.
Por lo pronto, las proyecciones de inseguridad se prevén altas tras las complejas estadísticas sobre secuestros en Chile que no bajan de los 800 casos anuales y la sorprendente operatividad de las facciones del Tren de Aragua, que aparecen como la maleza a pesar de sus desarticulaciones.
Al parecer, sólo queda apelar a que la ciudadanía entre en razón y no financie de manera indirecta los negocios del crimen organizado.
Tal como lo manifestó el fiscal Héctor Barros, hace unas semanas, en medio de las pesquisas por el secuestro del exalcalde de Macul.
“Si consume servicios de niñas explotadas sexualmente o compra un celular robado, usted tiene las manos con sangre igual que el Tren de Aragua”.
Crudo, pero cierto.
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