Violencia escolar: gobierno se abre al uso de detectores de armas en casos “fundados”

El pasado 1 de julio se ingresaron una serie de indicaciones al proyecto de ley sobre violencia escolar. En ellas se encuentran 64 disposiciones registradas tanto por senadores como por el gobierno. Una de ellas, ingresada por el Ejecutivo, permitiría la instalación de detectores de “armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares”.

En concreto, la indicación número 62 del boletín (16.901-04, 16.781-04 y 16.881-04) señala que “los sostenedores de establecimientos educacionales podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar”.

Si bien el gobierno ingresó esta indicación, en otras oportunidades se habían mostrado contrarios a la medida. “Es de dudosa eficiencia práctica respecto a lo que se quiere evitar y, además, es de un alto costo económico”, había manifestado el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el pasado 9 de junio. Ello, tras una seguidilla de hechos de violencia que sucedieron en distintos colegios del país esas semanas y que instalaron el debate de esta medida. De igual forma, Cataldo había manifestado en otras ocasiones que “hay una discusión muy potente, muy necesaria, no la vamos a eludir” (1, 2).

Además. hizo noticia este año el caso de un establecimiento que utilizó esta medida en Temuco. Por esta acción, el municipio de dicha comuna fue sancionado con una multa de casi $4 millones (1, 2, 3).

Antecedentes “fundados”

La indicación precisa que “esta medida sólo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”. 

Para ello, el sostenedor debe elaborar un “protocolo interno” con el fin de resguardar “el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra, así como el interés superior del niño, niña y adolescente”.

Además, el escrito agrega que el protocolo “deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Educación” y que “se requerirá previamente un informe técnico al Ministerio de Seguridad Pública“.

A pesar del ingreso de esta indicación, el ministro Cataldo manifestó a Radio Bío Bío que mantienen “la postura de que los pórticos no son una medida eficiente“.

Reacciones de la Cámara de Diputadas y Diputados

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Mónica Arce (ind-DC), afirma que se encuentra “en un proceso de estudio serio y riguroso” al respecto. “Entendemos que este es un tema sensible, que toca directamente a las comunidades escolares”, agrega la parlamentaria. También asevera que previo a adoptar una postura, “es fundamental escuchar a todos los actores involucrados” para evaluar “el impacto” que pueda tener la medida.

El también integrante de la Comisión de Educación, el diputado Stephan Schubert (ind-Republicanos) expresó su alegría por esta medida. Cree que el gobierno “está llegando tarde”, y que la indicación la agregan luego de “la presión y las conversaciones que hemos hecho varios respecto a esta situación (violencia escolar)”.

Raúl Leiva (PS), diputado de la Comisión de Seguridad Ciudadana, precisa que el ingreso de esta indicación le “parece un avance significativo”. Agrega que “era una materia necesaria sobre todo por una cuestión de percepción de seguridad al interior de las comunidades escolares”.

Lorena Fries (FA), integrante de la misma comisión, menciona que en el primer trámite de la ley se abstuvo sobre esta medida, ya que considera que no hay evidencia que demuestre que la instalación de estos pórticos “signifique menos violencia al interior (de los colegios)”. Respecto a la indicación ingresada por el gobierno, aclara que la justificación que tendrían los sostenedores “es demasiado discrecional”. Por ello, asegura que “habría que acotar mucho más el establecimiento esos pórticos”.