Contraloría detectó otros 10 mil funcionarios públicos que viajaron con licencia médica
El nuevo informe detectó un posible uso irregular de 15.257 licencias, de las cuales 76% corresponde a FONASA y 24% a ISAPRES. Los casos se concentran en servicios de salud, SLEP y municipalidades, sumándose a los más de 25 mil ya informados en mayo.
La Contraloría General de la República (CGR) reportó que 10.805 funcionarios de servicios públicos regionales viajaron fuera del país durante su licencia médica o parte de ella. La cifra se suma a los 25.078 casos informados el 20 de mayo en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9.
El nuevo informe CIC N°16 publicado este viernes estima un posible uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024. De ese total, 76% corresponde a FONASA y 24% a ISAPRES.
Los titulares de esas 15.257 licencias registran 26.606 entradas o salidas del país. En 67 funcionarios, los movimientos fluctúan entre 16 y 30. En 30 casos, superan las 30 entradas o salidas al país. Durante 2023 y 2024, los viajes se concentran en el último trimestre, entre octubre y diciembre.
Los funcionarios involucrados pertenecen a 442 entidades públicas regionales. Los servicios de salud y hospitales concentran 67% de los casos. Les siguen los servicios locales de educación pública (15%), municipalidades, corporaciones y direcciones municipales (11%), establecimientos educacionales (4%) y otros servicios (3%).
Entre las entidades con más licencias en revisión destacan: Servicio de Salud Magallanes (1.258), SLEP Chinchorro (1.065), Servicio de Salud del Reloncaví (780). Le sigue el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (692), Dirección Servicio de Salud Aysén (553) y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517).
La CGR notificará a las instituciones para iniciar los procedimientos disciplinarios y remitir las resoluciones mediante el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) en cinco días hábiles.
En paralelo, Contraloría también enviará la información a la COMPIN, a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que adopten las acciones que correspondan.