Qué se sabe sobre la denuncia por amenazas en contra del presidente de la Corte Suprema
El Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco habría recibido información sobre un plan criminal en contra de diversos altos funcionarios, en el que se mencionaba su cargo como una de las autoridades susceptibles a un atentado.
Semanas atrás, una denuncia fue ingresada al Ministerio Público que informaba sobre presuntas amenazas contra diversas autoridades del país. Si bien no se identificó a ningún funcionario público por nombre, una de las figuras mencionadas dentro de la denuncia correspondería al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
Según consignó El Mercurio, Blanco habría recibido la información de este presunto plan criminal a través de otro ministro del máximo tribunal. Tras conocerse dichos antecedentes, y debido a la naturaleza de estas amenazas, se reforzó la protección del ministro ante posibles peligros a su integridad física, contando ahora con una escolta las 24 horas del día.
Este presunto plan criminal se suma a otros casos de amenazas en contra de autoridades, como la reciente denuncia ingresada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a finales de septiembre, esto último debido a las amenazas de muerte de parte de usuarios de redes sociales en contra del ministro Jaime Gajardo.
Qué es lo que se sabe sobre la denuncia
De acuerdo a lo indicado por El Mercurio, Ricardo Blanco habría sido informado sobre una lista de autoridades que serían susceptibles a un atentado. Si bien no se indicaron los nombres y apellidos de dichas autoridades, si se indicaron los cargos correspondientes, nombrando directamente el cargo del presidente de la Corte Suprema y otros funcionarios como el presidente del Senado.
Dicha información habría sido obtenida por Arturo Prado, uno de los ministros de la Corte Suprema, quien, a su vez, habría sido informado de dicha lista por Roberto Ossandón, un compañero de universidad y hermano de Manuel José Ossandón, actual presidente de la Cámara Alta, quien también habría sido informado del plan criminal.
Tras esto, se ingresó la denuncia a la Fiscalía Nacional, quienes asignaron al Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, para encabezar la investigación penal en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, quienes indagarán inicialmente si dichas amenazas provienen de algún grupo anarquista o proclives a dicha ideología, según indica el diario.
Si bien, los antecedentes presentados ante Fiscalía son considerados como amenazas indirectas, el hecho que las autoridades mencionadas incluyen a un alto mando judicial fue suficiente para que Carabineros dispusiera una escolta para Blanco, la cual trabajará durante las 24 horas del día y 7 días a la semana.
Corte Suprema confirma que existe una investigación por presuntas amenazas
Luego que se diese a conocer la denuncia, la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la querella presentada por el máximo tribunal por medio de un punto de prensa, indicando que el presidente del máximo tribunal convocó a un pleno extraordinario durante esta miércoles, con el objetivo de informar a todos los ministros sobre el caso.
Además, afirmaron que la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público es de carácter reservado, por lo que no poseen mayor información ni tampoco se ha llegado a algún acuerdo respecto al tema, ya que la reunión fue para tomar conocimiento del caso, aunque sí indicó que existe una preocupación por parte del máximo tribunal.
“Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía. No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene”, indicó Melo.
Ministro de Seguridad aclara origen y alcance de la denuncia por amenazas
Por su lado, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero indicó en un punto de prensa que hace algunas semanas recibieron información sobre un supuesto plan para atentar contra altas autoridades del país, por lo que se activó una coordinación con las policías y se reforzó la seguridad del presidente de la Corte Suprema y de otras autoridades mientras se desarrolla la investigación.
Agregó que hasta la fecha no existen pruebas concretas que confirmen una amenaza real, agregando que la persona que entregó la información se ha negado a declarar y a entregar los antecedentes que dice tener, mientras que los organismos de inteligencia del Estado no han encontrado respaldo para esa versión.
“Lo que sí hay es de un tercero que aparentemente dispone de una información que se ha negado a entregarle a las policías (…) Esa persona no ha querido declarar y se ha resistido a entregar esa información. Toda la otra información policial e inteligencia que dispone el Estado de Chile sobre este punto señala que esa información no es cierta”, añadió Cordero.
El ministro también afirmó que difundir rumores falsos sobre ataques a autoridades constituye un delito, y que quien busque provocar conmoción pública y desestabilización de las instituciones mediante dichos rumores puede afectar la estabilidad democrática.