Termina el caso SQM: tribunal absuelve a todos los imputados
El tribunal resolvió absolver a los ocho imputados del caso SQM en medio de críticas al Ministerio Público por dilatar el proceso judicial.
El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles a los ocho imputados por el caso SQM. De esta forma concluye uno de los casos más extensos de financiamiento irregular de campañas políticas en Chile.
Entre los absueltos se encuentran Pablo Longueira, Patricio Contesse y Marco Enríquez-Ominami, candidato presidencial.
El tribunal criticó al Ministerio Público por la forma en que organizó las distintas causas del caso. Esto según lo señalado, extendió el proceso más de lo necesario.
Durante la lectura del veredicto, los jueces advirtieron que ello perjudicó la calidad de las pruebas. En especial de los testimonios y peritajes.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2008 y 2015. Pero las declaraciones fueron tomadas recién entre 2023 y 2025, un desfase que, a juicio del tribunal, afectó la precisión del proceso judicial.
La jueza María Teresa Barrientos, quien leyó el fallo, ordenó revertir cualquier medida cautelar presente en contra de los aludidos.
El caso finaliza tras más de 980 audiencias, 558 sesiones y 11 años de juicio.
Caso SQM: los antecedentes
La investigación penal del caso SQM inició en 2015 como una arista del caso Penta. El Servicio de Impuestos Internos (SII) documentó al menos 73 boletas de honorarios falsas por más de $1.360 millones de pesos emitidas por SQM.
La minera, controlada por Julio Ponce Lerou, habría usado esos aportes para financiar ilegalmente campañas políticas. La fiscalía acusa a la empresa y a sus ejecutivos de delitos tributarios, cohecho y lavado de activos relacionados con ese financiamiento irregular.
En total fueron ocho los acusados formales en este caso judicial. Destacan el exgerente de SQM Patricio Contesse, el exministro y senador UDI Pablo Longueira, y el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
Todos enfrentaron cargos por cohecho, soborno o delitos tributarios en el financiamiento irregular de campañas políticas.