En qué consiste la ley de Sala Cuna

La iniciativa deberá pasar por la Comisión de Educación para continuar en Hacienda antes de llegar a la sala del Senado.
La Comisión de Trabajo del Senado aprobó este miércoles 11 indicaciones presentadas por el gobierno en el proyecto de ley de Sala Cuna para Chile. La iniciativa busca ampliar el acceso universal al cuidado infantil en el mundo laboral.
El proyecto fue ingresado en enero de 2022 y figura como una de las propuestas centrales del Gobierno de Gabriel Boric.
En qué consiste la Ley de Sala Cuna que avanzó en el Senado
Entre los principales puntos aprobados por la Comisión de Trabajo destacan a eliminación del requisito de contar con 20 trabajadoras para generar el derecho a sala cuna. Además, crea el Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores.
En dicho fondo se podrán invertir los recursos según la normativa vigente, y el Instituto de Previsión Social asumirá su administración, con un tope de gastos del 3% de lo recaudado.
También, se agregó un nuevo artículo 204 al Código del Trabajo que establece diversas hipótesis cuando existan dos o más empleadores obligados a hacer efectivo el derecho.
Además, como regla general, deberá cumplir aquel empleador que tenga contratado al trabajador o trabajadora con la jornada más extensa. Del mismo modo, se reconoce la posibilidad de que las trabajadoras, de común acuerdo, definan quién ejercerá este derecho.
Ahora, la tramitación pasará a la Comisión de Educación y luego a Hacienda para llegar al pleno del Senado. Una vez aprobada por la sala, la ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
El financiamiento de la Ley de Sala Cuna
Según lo señalado por el gobierno en octubre de este año, el financiamiento de la iniciativa combina cotizaciones de empleadores y aportes fiscales. El texto prevé una cotización gradual: 0,2% de las remuneraciones desde el sexto mes tras la publicación de la ley, subiendo a 0,3% a los 24 meses.
El gobierno afirma que este alza no elevará el costo laboral neto, pues se compensa reduciendo en 0,1 puntos la cotización al seguro de cesantía. Además, se contemplan transferencias estatales anuales (por decreto de Hacienda) de hasta 667.000 UTM entre el segundo y quinto año de vigencia para asegurar la sostenibilidad del fondo.