Quién es quién en la Trama Bielorrusa

Una querella de Codelco por el caso trama bielorrusa involucra a la exjueza de la Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle Alee, respectivamente.
En 2023, Codelco llevó a juicio al Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), acusándolo de incumplir los plazos establecidos en una licitación adjudicada a la empresa. En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de la estatal y ordenó a CBM pagar cerca de $18 millones de dólares en boletas de garantía.
El caso escaló a la Corte Suprema entre junio de 2023 y marzo de 2024, periodo en que la ministra Ángela Vivanco asumió la presidencia de la sala constitucional en reemplazo de Sergio Muñoz. Con ello, el tribunal revocó el fallo previo y estableció que Codelco debía devolver los fondos.
Codelco sospechó del proceso. Según El Mostrador, la sala falló seis veces a favor de CBM antes de emitir la sentencia. La única vez que fue en contra, Vivanco no estaba en la sala constitucional.
Posterior a ello, se reveló que Vivanco era cercana a Mario Vargas, uno de los abogados representantes del consorcio. Además, la fiscalía detectó que Vivanco habría recibido una coima de $45 millones a cambio de esos fallos.
Actualmente, Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, y los abogados Carlos Lagos y Mario Vargas se encuentran en prisión preventiva por delitos de soborno reiterado, lavado de activos y cohecho.
Codelco presentó una querella en contra de siete involucrados en el caso. El documento apunta a Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas.
Además, se incluyó a Sergio Yáber, conservador de Bienes Raíces de Puente Alto; Yamil Najle Alee, conservador de Bienes Raíces de Chillán y Harold Pizarro Iturrieta, dueño de una casa de cambios. Todos estos en calidad de presuntos autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.
Ángela Vivanco Martínez antes y después de la trama bielorrusa
Ángela Francisca Vivanco Martínez (62) estudió derecho en la Pontificia Universidad Católica. Ejerció como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás entre 2011 y 2012, y fue vicerrectora académica en dicho plantel hasta 2016.
Fue propuesta como candidata a la Corte Suprema por el expresidente Sebastián Piñera y en 2018 fue aprobada por el Senado. Ya en la Corte, ejerció en la conocida Tercera Sala dedicada a asuntos constitucionales y administrativos.
En 2024, Ciper reveló chats de ella y Hermosilla en los que pidió ayuda para ratificarse como ministra de la Corte. Además, la abogada ya enfrentaba cargos por interferir en el nombramiento del fiscal nacional y de conservadores de bienes raíces, sumado a su influencia en la trama bielorrusa.
Todo esto llevó a que en octubre de 2024 la Corte Suprema destituyera a Vivanco. Según el presidente de la corte, Ricardo Blanco, la ministra ejerció presiones indebidas sobre relatores y otros funcionarios para acelerar algunas causas. Además, Vivanco ya arrastraba una acusación constitucional que se ratificó el mismo mes por el Senado. Así quedó inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años.
En la Trama Bielorrusa, Vivanco dictó un fallo favorable para el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) sin informar que mantenía una relación cercana con Mario Vargas, el representante del consorcio.
Según Ciper, Vivanco dijo que no consideró inhabilitarse en el caso por ser cercana a Vargas “porque soy conocida y no amiga” del abogado. No obstante, registros en redes sociales y testimonios indican que Vargas asistió al cumpleaños de la magistrada.
Víctor Gonzálo Migueles: esposo de Ángela Vivanco
Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, más conocido como Gonzalo Migueles, es contador de profesión. Es socio en empresas de asesoría comercial, jurídica y contable. En 2015 comenzó una relación con la ministra Ángela Vivanco, después de que ambos se divorciaran de sus respectivas parejas.
Migueles mantenía un perfil bajo, antes de ser involucrado en actividades ilícitas. Había aparecido solo dos veces en público con Vivanco: cuando asumió como ministra de la Corte Suprema y en la ceremonia en que El Mercurio la destacó entre las 100 mujeres líderes del país.
En 2024, en el marco del caso de los chats del abogado Luis Hermosilla, Ciper publicó que Gonzálo Migueles, habría prometido doctorados al fiscal Carlos Palma a cambio de reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte.
A inicios de noviembre, Gonzalo Migueles se entregó a Carabineros luego de que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, gestionara una orden de detención por presunto cohecho y lavado de activos de la trama bielorrusa. Un día después fue formalizado.
El 15 de noviembre el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Migueles, imputado por cohecho reiterado y lavado de activos. La medida también se aplicó a Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos abogados e imputados en la trama bielorrusa.
Mario Vargas: uno de los abogados de CBM y cercano a Hermosilla y Vivanco
Mario Andrés Vargas Cociña es uno de los dos abogados que representaron al consorcio Belaz Movitec en el juicio contra Codelco. Junto a Carlos Lagos, eran socios de un estudio jurídico junto al exdiputado DC Gabriel Silber.
Mario Vargas ganó notoriedad por su defensa a figuras como el exesposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, conocido como “Parived” en el Caso Relojes, y de oficiales de carabineros acusados de violar derechos humanos durante el estallido social. Además, es el abogado querellante que mantiene al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con arresto domiciliario.
Vargas también es cercano a Luis Hermosilla. Incluso, se encuentra bajo investigación por otra arista del caso por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el nombramiento de ministros en distintas cortes.
Eduardo Lagos: el otro abogado de CBM y exdiputado radical desaforado
Eduardo Lagos es abogado, economista y exdiputado por el Partido Radical. Fue encargado de la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1992.
Como parlamentario, fue electo en diciembre de 2001 por el periodo 2002 a 2006. Fue desaforado en 2003 por el delito de uso indebido de instrumento público, por una acusación de cohecho en el marco del caso coimas.
En la Trama Bielorrusa, se indica por la fiscalía como el principal coordinador del flujo de dinero que permitió encubrir lo pagado a la exministra Vivanco por los fallos en contra de Codelco.
Según Reportea, habría recibido en su cuenta corriente más de $1.026 millones que Codelco transfirió a CBM tras los fallos favorables obtenidos en la Corte Suprema. Desde esa misma cuenta distribuyó los fondos: $820,5 millones a los inversionistas de la empresa, $165 millones para honorarios legales y un cheque por $45 millones que sirvió para ejecutar el pago ilícito.
Ese cheque se emitió a nombre de Miguel Ángel Obieta, trabajador de la casa de cambios de Inversiones Suiza Limitada, clave para convertir los fondos en efectivo. Antes de estar en prisión preventiva, Lagos ejerció como abogado penalista y también defendió a Harold Pizarro, involucrado en una causa por contrabando de oro.
Sergio Yáber: el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto
Sergio Yáber Lozano es uno de los funcionarios investigados por participar en las maniobras para lavar el dinero de la coima que se pagó a Ángela Vivanco. Se desempeñaba como conservador de bienes raíces y archivero judicial de Puente Alto
El Ministerio Público sostiene que Yáber habría recibido parte de los $45 millones entregados a Gonzalo Migueles y devolvió esos montos mediante transferencias electrónicas que permitieron simular pagos por servicios profesionales.
Entre el 18 y el 28 de junio de 2024, realizó cuatro transferencias que sumaron $19,4 millones.
Su nombre también aparece en los chats de Luis Hermosilla, donde se menciona su presencia en actividades sociales con cercanos a Vivanco, Mario Vargas y el ministro Antonio Ulloa.
Una serie de escuchas llevadas a cabo por el OS7 de Carabineros señalan que Sergio Yáber afirmó haber entregado $1,7 millones al diputado republicano Cristian Araya, situación que el parlamentario negó.
Este viernes, Sergio Yáber fue suspendido de su cargo por el sumario administrativo en su contra por la trama bielorrusa.
Por otro lado, se reveló que en 2024 Yáber depositó $1,6 millones en la cuenta bancaria del senador de Demócratas, Matías Walker. El parlamentario explicó en su cuenta de X que “se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero”.
Yamil Najle Alee: conservador de bienes raíces de Chillán
Yamil Najle es el conservador de bienes raíces de Chillán. En la investigación figura como otro de los presuntos receptores del dinero en efectivo que Migueles habría distribuido para ocultar la procedencia de los $45 millones obtenidos como supuestos pago de coimas.
Najle devolvió esos fondos mediante una serie de transferencias consecutivas a la cuenta bancaria de Migueles. Fueron cinco giros entre el 17 y el 19 de junio de 2024 que totalizaron $25 millones.
Cuando la fiscalía allanó sus oficinas en octubre, Najle fue encontrado almorzando con Migueles en un hotel frente a la Plaza de Armas de Chillán, hecho que Carabineros registró porque el entorno de Vivanco estaba bajo seguimiento.
Según Reportea, su participación, al igual que la de Yáber, se detectó por el análisis de movimientos bancarios. Esto realizado por el OS7 de Carabineros, que identificó un patrón incompatible con supuestos pagos por asesorías profesionales.
Harold Pizarro Iturrieta: dueño de una casa de cambios y con antecedentes por contrabando de oro
Harold Pizarro Iturrieta es dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza Limitada. Fue en su empresa donde se habría convertido en efectivo el cheque por $45 millones emitido por Eduardo Lagos y entregado primero a Miguel Ángel Obieta.
Pizarro mantiene antecedentes por contrabando de oro. En 2021 fue formalizado por lavado de activos y receptación aduanera como parte de una organización que ingresaba oro peruano ilegal para exportarlo luego a Dubai y Europa.
En ese momento, Lagos y Vargas lo defendieron. Pizarro salió del proceso tras un acuerdo con la fiscalía, donde debió pagar $100 millones y devolver 2,3 kilos de oro.