A dos días del anuncio: MINVU explica cómo será la expropiación de las 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó en T13 Radio lo que sucederá con la megatoma de San Antonio tras el anuncio de expropiación de 100 hectáreas del terreno.

El secretario de Estado explicó que la política habitacional necesita responder a realidades diversas y que el caso de San Antonio exigía un tratamiento distinto por la magnitud del asentamiento y sus riesgos. Afirmó que el proceso no implica privilegios “ni saltos en la fila”.

“Hemos llegado a la conclusión de que hay que tener varias filas, porque las realidades son distintas. Hay viviendas para zonas insulares, rurales, clase media… hay caminos distintos. No solo se trata de la demanda, sino de las necesidades”, señaló el ministro.

La expropiación de la megatoma de San Antonio

Este martes, el Gobierno confirmó la expropiación de 100 hectáreas dentro del campamento Cerro Centinela, conocido como la megatoma de San Antonio. El ministro de Vivienda explicó que esta decisión responde a la magnitud del asentamiento, que reúne a más de 10 mil personas, incluidos más de 3 mil niños, en un terreno que llegó a cubrir 215 hectáreas desde su formación en 2019.

Montes sostuvo que la situación exigía un mecanismo excepcional. Recordó que en Chile existen 1.432 campamentos y que la megatoma de San Antonio presenta una escala inédita. Subrayó que la expropiación no implica beneficios gratuitos: las familias deberán pagar el equivalente al valor del terreno. “Eso era lo que hacía que no se saltaran la fila”, comentó el ministro.

Según información del MINVU, el Estado adquirirá el lote 1-A del terreno: 100 de las 215 hectáreas, en un proceso regulado por la Constitución y la ley.

Sobre el desalojo, el ministro remarcó que se aplicará de forma gradual en las zonas que no formarán parte de la expropiación y acorde a lo que digan los tribunales. 

“Cumpliremos con lo que diga la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria que es el punto fundamental“, señaló Montes.

El plan habitacional

Tras el anuncio de expropiación se dio inicio a un proyecto habitacional. El MINVU detalló que las viviendas se desarrollarán en terrenos urbanizados, con acceso a servicios sanitarios y con un modelo de financiamiento compartido entre cooperativas de vecinos y el Estado.

Las familias organizadas en cooperativas deberán aportar recursos propios que complementen los subsidios del ministerio. La Federación de Cooperativas del Cerro Centinela ya abrió un plan de ahorro que fija una meta inicial de $1.500.000 por familia a fin de año y que seguirá acumulándose durante los meses siguientes.

Montes aclaró que no todas las familias accederán automáticamente al proyecto. Existirán criterios de selección para determinar quiénes cumplen las condiciones, ya que el Estado no “regala” terrenos y mantiene el principio de corresponsabilidad. Según el ministro, cerca del 90% de los hogares participa en cooperativas creadas para avanzar en esta alternativa al desalojo.

El plan considera también la destinación de cerca del 5% de la superficie para equipamientos de carácter comunal y para reservas de suelo destinadas a futuros proyectos que incluyan a familias que no viven en el campamento.

La proyección del Ejecutivo es iniciar la expropiación, el diseño y la urbanización del proyecto de aquí al término de la actual administración del presidente Gabriel Boric.

Las gestiones

El ministro Montes detalló que el Gobierno trabajó durante seis meses para lograr un acuerdo con los propietarios del predio.

La cartera realizó dos tasaciones, evaluó la calidad del suelo y abrió una mesa técnica con representantes de los dueños y del ministerio. Paralelamente, el Ejecutivo apoyó la formación de 40 cooperativas que reúnen a 3.700 familias para que ellas mismas pudieran comprar el terreno.

Montes afirmó que las negociaciones no prosperaron porque los dueños exigieron vender la totalidad del paño en un solo pago y a un precio que, según el Gobierno, superaba ampliamente las tasaciones. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por activar la herramienta de expropiación.

El ministro destacó que la situación avanzaba con una orden de desalojo vigente dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2023 y ratificada por la Corte Suprema en 2024. Aun así, sostuvo que el Gobierno buscó evitar una expulsión forzosa por los riesgos que implicaba para miles de personas. “Hasta el último día intentamos que no hubiera desalojo”, recalcó en T13.