Qué se sabe de la Operación Apocalipsis que dejó a 44 gendarmes detenidos
Los gendarmes fueron acusados de facilitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares, alcohol y otros elementos prohibidos, además de permitir el acceso irregular de personas no autorizadas a recintos penitenciarios.
La madrugada del martes se llevó a cabo un megaoperativo simultáneo en siete regiones denominado Operación Apocalipsis, el cual permitió desarticular una red criminal que operaba principalmente en los recintos penitenciarios Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Sesenta y seis personas fueron detenidas, de las cuales 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería.
Los funcionarios están acusados de facilitar el ingreso de drogas, teléfonos celulares, alcohol y otros elementos prohibidos, además de permitir el acceso irregular de personas no autorizadas a los penales.
El operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, estableció que esta estructura delictual movió más de $6.300 millones en los últimos tres años.
Operativo simultáneo en 7 regiones
El operativo se ejecutó de manera simultánea en las regiones Metropolitana, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y O’Higgins, con allanamientos en nueve recintos penitenciarios y 68 domicilios particulares.
La Fiscalía Occidente emitió 77 órdenes de detención, que consideraron a 42 gendarmes y 35 civiles, además de cuatro funcionarios sorprendidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1.
Según detalló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, la investigación permitió congelar 183 cuentas bancarias, incautar 16 vehículos y decomisar $50 millones en efectivo. Los detenidos serán formalizados este viernes por delitos de asociación criminal, cohecho simple y agravado, soborno, infracciones patrimoniales y lavado de activos.
La indagatoria se originó hace aproximadamente nueve meses, tras la creación de un foco penitenciario impulsado por el Ministerio Público para investigar delitos cometidos al interior de las cárceles, incluyendo aquellos donde los propios internos resultan víctimas de funcionarios públicos.
“Manilleros” y cobros de hasta $400 mil por ingreso de celulares
Grupos criminales externos pagaban sobornos a gendarmes para permitir el ingreso de personas conocidas como “manilleros”, civiles que simulaban visitas autorizadas para introducir encomiendas con teléfonos, drogas, chips, alcohol, comida y otros artículos prohibidos.
También se detectó el ingreso irregular de personas apodadas “gatitas”, quienes accedían a los penales sin cumplir requisitos formales, eludiendo controles y registros oficiales. En algunos casos, un solo “manillero” llegó a enrolarse como visita de hasta 200 internos en Santiago 1.
Así, la Fiscalía y la PDI permitió identificar tres modalidades principales mediante las cuales gendarmes y población penal sostenían este circuito ilegal. El primer sistema correspondía a encargos directos realizados por internos, quienes solicitaban teléfonos celulares, drogas u otros artículos prohibidos.
Los pagos se concretaban a través de transferencias bancarias, depósitos en cuentas vista, principalmente Cuenta Rut, o en efectivo, configurando una relación comercial directa, reiterada y sostenida en el tiempo entre funcionarios y reclusos.
Una segunda modalidad consistía en el ingreso de productos por iniciativa de los propios gendarmes, quienes los comercializaban entre los reclusos a precios elevados.
Entre los artículos detectados figuraban teléfonos celulares, cargadores, chips, bebidas alcohólicas y alimentos como carne para asados. Según la investigación, los valores alcanzaban entre $350 mil y $400 mil por un celular, $50 mil por un cargador y $15 mil por un chip.
Por último, se reveló un tercer mecanismo vinculado a procedimientos de allanamiento. En estos casos, algunos funcionarios sustraían especies incautadas durante los operativos para luego revenderlas, incluso a los mismos internos a quienes se las habían decomisado.
$6.300 millones, escuchas y levantamiento del secreto bancario
Para desarticular la red, la Fiscalía y la PDI desplegaron interceptaciones telefónicas, análisis de mensajería instantánea, seguimientos encubiertos, levantamiento de secreto bancario y revisión de más de 9.000 transferencias bancarias. También se analizaron cerca de 100 horas de escuchas telefónicas
El director de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que los acusados movieron cerca de $6.300 millones de pesos, lo que dificultó la investigación. Además, Cerna detalló que “al menos la mitad de ese monto solamente en cohechos y sobornos”.
El director de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó que ya se iniciaron los procesos de desvinculación de los funcionarios involucrados.
Desde el Gobierno destacaron el operativo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que “combatir el crimen organizado en su interior y expulsar los malos elementos es una manera de asegurarle a las personas seguridad pública”.