En qué consiste la norma que restringe el despido de funcionarios y que fue incluida en el reajuste público
Desde la oposición criticaron la norma calificándola de “amarre de funcionarios”.
El Gobierno firmó este miércoles el Protocolo de Acuerdo del reajuste salarial del sector público, tras la negociación sostenida con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Mesa del Sector Público (MSP). El documento fijó las bases del proyecto de ley que el Ejecutivo ingresará al Congreso en los próximos días.
El acuerdo contempla un reajuste general de 3,4% para los trabajadores del sector público. Esto aplicado en dos etapas, junto con mejoras en remuneraciones mínimas, bonos y aguinaldos.
En esa línea, uno de los puntos plantea la incorporación de una norma que restringe la no renovación de contratas, estableciendo nuevos requisitos y mecanismos de reclamación frente a eventuales despidos.
En qué consiste la norma de “amarre”
Según detalló el gobierno, el protocolo establece que la no renovación de contratas, o su renovación en condiciones distintas, deberá realizarse exclusivamente mediante un acto administrativo fundado.
Esto implica que la decisión de no renovar contrato deberá basarse en hechos concretos y fundamentos de derecho, “sustentado en criterios objetivos y acreditables”. Además, el acto deberá notificarse con al menos 30 días de anticipación y remitirse a la Contraloría General de la República.
En la presentación del acuerdo, el ministro Nicolás Grau “junto con ello se ha hecho una distinción importante entre quienes son funcionarios de carrera, representados por todos los dirigentes aquí presentes, y quienes tenemos un rol político. Por lo que el tratamiento debe ser distinto para estos dos grupos”.
La medida se aplicará a subsecretarías, servicios públicos dependientes de ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades.
El acuerdo también incorpora la posibilidad de que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos puedan reclamar por vicios de legalidad en caso de no renovación o modificación de sus condiciones contractuales.
Si se acredita el incumplimiento de la fundamentación o del procedimiento exigido, el acto quedará sin efecto, con la correspondiente reincorporación del funcionario y el pago de las remuneraciones adeudadas, según indicó el Gobierno.
Junto con ello, el protocolo incluye una disposición para “regular al personal de asesoría directa de autoridades como el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y jefes superiores de servicio”. Esta norma abordará aspectos como modalidad de contratación, causales de cese, límites de número y remuneraciones, inhabilidades y mecanismos de transparencia.
La polémica por “amarre de funcionarios”
Desde la oposición, se criticó la norma y se acusó de ser “un amarre de funcionarios”. Además, se planteó que excede el objetivo de una ley de reajuste salarial y podría limitar la capacidad de gestión de un próximo gobierno.
En esa línea, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que “no estamos en condiciones de aprobar una norma de ese tipo, en una suerte de corralito”.
Por otro lado, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, sostuvo que “la norma criticada en reajuste al sector público por un sector político no es un ‘amarre’, evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente”.