Los preparativos para el desalojo de la megatoma de San Antonio
Síntesis
Contexto: El Gobierno activó el proceso de desalojo del campamento Cerro Centinela, en San Antonio, tras dejar avisos oficiales en los accesos de algunos puntos de la megatoma.
¿Qué implica el aviso de desalojo desde el 12 de enero? El retiro de habitantes se iniciará de forma gradual, comenzando por parcelas específicas, mientras avanza en paralelo un plan habitacional impulsado por el Ejecutivo.
El proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio volvió a activarse esta semana. Esto, luego de que autoridades dejaran avisos oficiales en distintas zonas del campamento Cerro Centinela este martes 6 de enero, asentamiento emplazado en un mismo predio que el Gobierno busca abordar mediante un proyecto habitacional parcial.
En el documento que se dejó en los portones de accesos a distintos terrenos de la megatoma, se informó que la salida de los habitantes del sector comenzará el próximo lunes 12 de enero. Este anuncio reabre el conflicto que combina una orden judicial vigente sobre el terreno, el inicio de un desalojo gradual y un plan habitacional impulsado por el Ejecutivo para una parte del mismo predio, en medio de la incertidumbre de miles de familias que residen en el asentamiento.
La megatoma se formó en 2019 y actualmente cubre 215 hectáreas en la comuna de San Antonio. Según datos entregados por el Gobierno, el campamento Cerro Centinela está compuesto por más de 4.100 hogares habitados por alrededor de 10.500 personas, de las cuales más de 3 mil son niños, niñas y adolescentes.
En junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso presentado por los propietarios del terreno y ordenó su desalojo, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de 2024.
El aviso de desalojo del cerro Centinela desde el 12 de enero
De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno dejado en los accesos al campamento, el desalojo de la megatoma se realizará de manera gradual y progresiva. Además, contará con el apoyo de la fuerza pública. La primera etapa comenzará el 12 de enero, y contempla el retiro de los habitantes de las parcelas 11, 13 y 15. En el aviso, se solicita a los residentes iniciar la desocupación voluntaria de esos terrenos antes de la fecha indicada.
Una vez completada esta fase, se dará inicio a la segunda etapa, que considera el desalojo del sector Bosques del Mar. Según lo informado, las fechas de esta etapa y las posteriores, serán comunicadas oportunamente, en función del avance del proceso y las condiciones operativas.
El documento también llama a los residentes a colaborar con las autoridades, anticipar su proceso de reubicación y retirar sus enseres personales. Además, se indica que se adoptarán medidas para resguardar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.
Sobre el final del documento, se manifiesta que en caso de requerirse, se dispondrá de un albergue temporal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. También se señala que para consultas se debe contactar a la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, cuya ubicación es en la Av. Barros Luco, 1960, Barrancas, San Antonio.
Aclaración del Minvu sobre los terrenos involucrados
En medio del proceso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró, mediante un comunicado, que un terreno de propiedad de la Contraloría General de la República, correspondiente a la parcela 14, no está incluido ni en la expropiación ni en el plan de desalojo. La cartera precisó que dicha parcela no forma parte de los terrenos vinculados a la causa judicial y que pertenecen a la Inmobiliaria San Antonio.
En ese contexto, el Minvu indicó que la información entregada a la Delegación Presidencial Regional para la preparación del operativo consideró únicamente los predios que cuentan con orden judicial vigente. Estos corresponden a la causa rol P-1972-2023 e incluyen el lote 1ª, las parcelas 11, 13 y 15, además de los lotes 1A-1G, 1A-1J y 1A-1L.
El plan habitacional del Gobierno
En paralelo al cumplimiento del fallo judicial, el Ejecutivo anunció el 2 de diciembre de 2025 un proyecto habitacional integral para enfrentar el conflicto y evitar una crisis humanitaria. La iniciativa contempla la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno, donde se desarrollará una solución habitacional destinada a más de 4 mil familias que hoy viven en el campamento.
Según lo detallado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la decisión se adoptó luego de meses de negociaciones con los propietarios del predio, que no prosperaron debido a diferencias en el precio solicitado. Ante ese escenario, el Gobierno resolvió utilizar las herramientas legales disponibles para adquirir parte del terreno y avanzar en una solución definitiva.
El proyecto considera lotes urbanizados, soluciones sanitarias, áreas de equipamiento destinadas a la reserva de suelo para futuros proyectos. Las familias, organizadas en 40 cooperativas que representan aproximadamente el 90% de los hogares del campamento, deberán complementar los subsidios estatales con ahorro propio, bajo un esquema de corresponsabilidad en el financiamiento de la solución.