Cómo el gobierno fiscalizará a las empresas que contraten migrantes irregulares

El pasado miércoles 27 de mayo, el sirector del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que el gobierno comenzará a fiscalizar a empresas que contraten inmigrantes irregulares mediante el cruce de información con la Superintendencia de Pensiones.
En su visita por el paso fronterizo de Colchane, para analizar los avances del Plan Escudo Fronterizo y evaluar posteriores medidas de control en la frontera, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció una nueva medida que el gobierno comenzaría a implementar. Se trata de fiscalizaciones a empresas que contraten a inmigrantes irregulares por medio de un rastreo de cotizaciones en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Según palabras de Sauerbaum, la Superintendencia de Pensiones entregaría al Gobierno información de personas que esta siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en la AFP y las empresas que incumplan la normativa serían notificadas formalmente mediante oficios. Esto en el marco del artículo N°139 de la Ley N°21.325 (Ley de Migración y Extranjería), que detalla que los empleadores que contraten a extranjeros sin la documentación requerida o con permisos vencidos se exponen a multas de entre 10 a 200 UTM.
¿Cómo será el proceso?
El plan de fiscalización constaría de los siguientes pasos:
- Cruce de datos digital: Migraciones cruzará sus bases de datos con la Superintendencia de Pensiones para detectar extranjeros que cotizan en AFP con números provisorios pero no tienen permiso de trabajo legal.
- Notificaciones masivas: el gobierno enviará oficios de alerta directamente a las empresas que registren estas inconsistencias, advirtiendoles de la infracción.
- Plazo de regularización: las empresas notificadas tendrán un tiempo límite para regularizar la situación de sus trabajadores o rescindir sus contratos.
- Inspecciones en terreno: Migraciones coordinará fiscalizaciones presenciales junto a la Dirección del Trabajo (DT) en los sectores que tengan mayor informalidad laboral.
“El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile y puedan venir a aportar, puedan salir de Chile, entrar a Chile con una visa de trabajo, como dice la ley, porque, por lo demás, la ley no nos permite cambiar el estatus migratorio en Chile, eso no se puede hacer, y por lo tanto tienen que entrar con una visa de trabajo que es importante para regularizar el proceso migratorio “, señaló Sauerbaum.
A esto añadió que las empresas no solo son receptoras de mano de obra, sino de agentes activos que pueden viabilizar la regularización de extranjeros mediante la formalidad contractual.
Este esfuerzo privado debe alinearse con la estricta cultura de legalidad en las fronteras. La postura oficial es clara: el deseo de contribuir al país debe manifestarse desde el origen, ingresando exclusivamente con una visa de trabajo otorgada en el extranjero.
La legislación chilena clausuró definitivamente la posibilidad de “turismo laboral”, eliminando el cambio de estatus migratorio dentro de las fronteras nacionales. De este modo, la planificación internacional y el visado previo se consolidan como los únicos caminos válidos para trabajar en el país.
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