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Qué contempla el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno y cuáles son sus siete focos

Síntesis

  • Contexto: El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Senado el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno, una hoja de ruta que busca ordenar la estrategia del Ejecutivo frente a la crisis delictual.

  • ¿Qué contempla? El plan incluye 65 medidas organizadas en tres ejes y siete focos de gestión: control de barrios, protección de víctimas, fronteras y rutas críticas, crimen organizado, cárceles, institucionalidad y legitimidad policial.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó ante el Congreso el nuevo Plan Operativo de Seguridad Pública del Gobierno, una hoja de ruta que busca ordenar la estrategia del Ejecutivo frente a la crisis de seguridad y al avance de delitos asociados al crimen organizado.

El plan contempla 65 medidas, divididas en 39 acciones operativas con financiamiento y seguimiento, además de 25 proyectos de ley prioritarios. Estas medidas se organizan en tres ejes principales: prevención del delito, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional.

El primer eje, de prevención, apunta a intervenir antes de que ocurran los delitos, con foco en territorios con mayores niveles de violencia, programas preventivos y atención a víctimas. El segundo, de recuperación del control territorial, busca restablecer la presencia del Estado en barrios críticos, rutas estratégicas, pasos fronterizos, puertos, cárceles y terrenos tomados. El tercero, de fortalecimiento institucional, busca mejorar las capacidades del Estado mediante el fortalecimiento de policías, sistemas de inteligencia y gestión pública en seguridad.

Los siete focos del plan

El Plan Operativo también ordena sus medidas en siete focos de gestión. El primero es el control de calles, barrios y ejes emblemáticos, orientado a recuperar espacios públicos con alta incidencia delictual. Para esto, el Gobierno fortalecerá “patrullajes preventivos policiales, municipales y mixtos, a través de la incorporación de inteligencia territorial para identificar zonas de concentración delictiva y mayor temor al delito (especialmente de mujeres y personas mayores), anticipar riesgos y optimizar el despliegue operativo”. La meta es intervenir 50 barrios prioritarios al 2027 comenzando con 20 sectores durante 2026, los que se designarán por nivel de peligrosidad.

El segundo foco es el fin al reclutamiento y protección de víctimas, que busca prevenir la incorporación de menores de edad a organizaciones criminales y reforzar la respuesta institucional hacia quienes han sido víctimas de delitos. En esta línea, el Ejecutivo busca fortalecer programas preventivos y de intervención temprana.

El tercer foco corresponde a la protección de fronteras y rutas críticas. Este apartado contempla medidas para reforzar el control en pasos fronterizos, rutas estratégicas, puertos y zonas de circulación asociadas a economías ilegales. Según la presentación del plan, también se consideran herramientas tecnológicas como biometría, pórticos lectores de patentes y sistemas de fiscalización en zonas clave.

El cuarto foco es el combate contra el crimen organizado, que el Gobierno aborda como una amenaza estratégica. El plan considera siete Fuerzas de Tarea bajo conducción ministerial, vinculadas a materias como Macrozona Sur, secuestro y sicariato, crimen organizado, mercado ilícito, análisis financiero criminal, ciberdelito y control fronterizo.

El quinto foco es el control de cárceles y cadena penal, que busca reforzar la autoridad del Estado dentro de los recintos penitenciarios. Entre las medidas anunciadas se encuentran módulos de máxima seguridad, control perimetral y bloqueo de señales de comunicación.

El sexto foco es consolidar la institucionalidad, considerando que el Ministerio de Seguridad Pública comenzó a operar en 2025. Este punto apunta a dictar reglamentos pendientes, activar instancias del sistema de seguridad y mejorar la coordinación entre instituciones.

El séptimo foco es restituir la legitimidad policial, mediante el fortalecimiento de Carabineros, la PDI y Gendarmería. El plan contempla mejorar dotación, formación, condiciones laborales y respaldo jurídico al uso legítimo de la fuerza.

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