¿Qué es el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa?

La irrupción del crimen organizado en instituciones financieras volvió a instalarse en la conversación pública tras conocerse antecedentes de la denominada “Operación Tokyo”, una investigación por presunto lavado de activos que involucra a un ejecutivo bancario. Según los antecedentes del caso, el imputado habría usado ocho cuentas corrientes para mover más de $400 millones, convertirlos en criptomonedas y sacarlos de Chile.

En ese contexto, volvió a tomar fuerza un debate que lleva años instalado en la agenda política nacional: el levantamiento del secreto bancario y si el Estado debería contar con herramientas fuera del sistema judicial para acceder a información financiera en investigaciones vinculadas al crimen organizado, lavado de activos y delitos económicos.

Una de esas herramientas es el llamado levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, una facultad que permitiría a ciertos organismos acceder a información financiera sin requerir autorización judicial previa en casos específicos. Sin embargo, el debate actual no gira únicamente en torno a si el Estado debe acceder a esos datos, sino también sobre quién puede hacerlo y mediante qué mecanismo. No obstante, antes de revisar los cambios que se discuten en el Congreso, conviene precisar a qué se refiere el secreto bancario.

El secreto bancario es una protección legal que impide que terceros conozcan información sobre cuentas, depósitos y otras operaciones financieras de una persona o empresa. Actualmente se necesita una autorización judicial para acceder a estos antecedentes.

¿Qué busca cambiar el proyecto sobre secreto bancario?

El proyecto que crea el Sistema de Inteligencia Económica busca fortalecer la detección y persecución del crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos económicos. Uno de sus puntos más debatidos es que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda solicitar información bancaria sin autorización judicial previa, pero solo en determinados casos:

• Operaciones realizadas por empresas o personas jurídicas
• Operaciones que involucren a funcionarios públicos
• Operaciones reportadas previamente por un banco como sospechosas

El proyecto también crea un sistema de coordinación entre la UAF, el SII y el Servicio Nacional de Aduanas. La idea es que estos organismos puedan compartir información para detectar operaciones sospechosas. Además, contempla unidades especializadas de inteligencia económica en el SII y Aduanas, reportes al Congreso y sanciones para funcionarios que revelen información reservada.

La iniciativa se encuentra actualmente en tercer trámite legislativo. Tras su revisión en el Senado, el proyecto pasó a Comisión Mixta, instancia que deberá resolver uno de los puntos más discutidos: si la UAF podrá solicitar directamente a los bancos información protegida por secreto bancario, sin autorización judicial previa, y bajo qué condiciones.

Al respecto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó que agilizar el acceso a información bancaria podría facilitar las investigaciones contra el crimen organizado. Además, advirtió que actualmente existen problemas en la entrega de estos antecedentes por parte de los bancos, tanto por los plazos como por el formato en que se remite la información.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el Gobierno trabaja en una propuesta para acelerar el acceso a antecedentes financieros en investigaciones de crimen organizado, pero manteniendo el control judicial.

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