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Embargos del CAE: TGR anuncia que seguirá procesos y este es su argumento judicial

Síntesis

  • Contexto: La TGR informó que más de 550 mil personas mantienen deudas CAE impagas, lo que ha generado una deuda a favor del Fisco superior a $4 billones.

  • ¿Qué pasó? En medio de denuncias por vaciamiento de cuentas bancarias, la Tesorería confirmó que más de 1.500 personas han sido embargadas. Según el organismo, la mayor parte de esos casos corresponde a deudores con ingresos iguales o superiores a $3,5 millones mensuales.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que continuará con los procesos de cobro contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de denuncias de personas que acusan vaciamiento de sus cuentas bancarias. Según el organismo, más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al CAE. Como consecuencia, el Fisco ha debido cubrir esos créditos ante los bancos, acumulando una deuda superior a los $4 billones.

En ese contexto, la TGR señaló que mantiene una estrategia para recuperar los recursos públicos desembolsados por el Estado. Además, informó que en lo que va del año más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran su situación económica acreditada.

Respecto de los embargos, la institución precisó que la mayor parte de los casos ejecutados hasta ahora corresponde a deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus declaraciones de impuestos del Año Tributario 2025. A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas. Según la TGR, esta cifra equivale al 5% del total de casos que han regularizado su deuda mediante convenios.

La tesorería también aclaró que el hecho de que las medidas se hayan concentrado en contribuyentes de mayores ingresos o alto patrimonio “no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones” respecto de quienes mantengan deudas pendientes sin regularizar.

La respuesta ocurre luego de que deudores CAE denunciaran en redes sociales que sus cuentas bancarias fueron vaciadas tras acciones de cobranza. Las acusaciones abrieron cuestionamientos sobre los criterios aplicados y los resguardos existentes para evitar afectar remuneraciones u otros ingresos básicos.

Hacienda defiende el cobro y oposición impulsa “Sueldos protegidos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el cobro y sostuvo que el CAE fue financiado con recursos públicos. “Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares, pasando la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile”, señaló. Sin embargo, el secretario de Estado abrió la puerta a revisar eventuales casos de personas con ingresos bajo los $3,5 millones mensuales que hayan sido embargadas.

En tanto, un grupo de diputados de oposición presentó el proyecto “Sueldos protegidos”, que busca modificar el Código del Trabajo para reforzar la inembargabilidad de las remuneraciones incluso cuando estas ya hayan sido depositadas en cuentas bancarias. La iniciativa apunta a evitar que fondos provenientes de sueldos sean considerados como saldos embargables en procesos de cobro como los asociados al CAE.

El argumento judicial de la TGR

Para respaldar sus facultades de cobro, la Tesorería citó un fallo de la Corte de Apelaciones de Arica. En esa causa, un deudor intentó frenar un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota, pero el tribunal rechazó el recurso de protección.

Según la TGR, ese fallo confirma que, cuando el Estado paga la garantía del CAE a los bancos, la deuda pasa a ser una acreencia fiscal. Es decir, el monto queda como una deuda con el Fisco y puede ser cobrado mediante el procedimiento de cobro coactivo.

La institución también señaló que más de 450 recursos de protección relacionados con estos cobros han sido declarados inadmisibles por la Corte Suprema. Con esto, la TGR sostiene que los tribunales han respaldado que el recurso de protección no es la vía adecuada para impugnar este tipo de procedimientos.

Finalmente, la institución reiteró que continuará con las acciones de cobro que permite la ley, aunque también mantendrá alternativas de regularización para quienes tengan deudas pendientes con el Fisco.

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