Qué se sabe del caso de los niños haitianos y cuáles son las principales aristas de la investigación

Una investigación de la Contraloría General de la República detectó una serie de observaciones sobre el ingreso a Chile de niños bajo la figura de reunificación familiar. Los antecedentes, contenidos en un preinforme de Contraloría, dieron origen a acciones del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y del Ministerio Público.

Entre los hallazgos reportados se encuentran deficiencias en los procesos de verificación de adultos responsables, inconsistencias en registros administrativos y dudas sobre el paradero de varios de los menores luego de que la Contraloría no los pudo ubicar en los domicilios previamente informados.

A partir de estos antecedentes, la Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Las acciones del Servicio Nacional de Migraciones y la Fiscalía Nacional

El 15 de junio, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.

Según informó el organismo, tras fiscalizaciones junto a la Contraloría y la PDI se detectó que al menos 12 adultos ingresaron reiteradamente al país acompañando grupos de niños haitianos. Esto, sin que existieran vínculos familiares acreditados ni las autorizaciones exigidas por la legislación vigente.

La denuncia solicitó que el Ministerio Público investigue eventuales responsabilidades de los adultos que acompañaban a los menores, así como de posibles terceros que hubieran participado en la organización de traslados, incluyendo aerolíneas o agencias de viaje.

Tras ello, la Fiscalía Nacional informó la apertura de una investigación de oficio por el ingreso de los menores haitianos durante 2025.

La indagatoria quedó radicada en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir. Su objetivo será determinar la eventual comisión de delitos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Qué observó la Contraloría en su preinforme

Los antecedentes que dieron origen a las acciones de Fiscalía y SERMIG fueron dados a conocer por Radio Bío Bío, que accedió a un preinforme elaborado por la Contraloría General de la República.

Según la publicación, la auditoría examinó el ingreso de ciudadanos haitianos que obtuvieron permisos de residencia temporal por reunificación familiar durante 2025.

Entre las observaciones realizadas por el organismo fiscalizador figuran problemas de registro, ausencia de validaciones en algunos procesos y dificultades para verificar información relacionada con adultos responsables y domicilios declarados.

La investigación de Contraloría aún no concluye y sus resultados definitivos serán contenidos en un informe final.

Los vuelos chárter y los menores que no pudieron ser ubicados

De acuerdo al preinforme de Contraloría, una parte importante de los ingresos se realizó mediante vuelos chárter provenientes de Haití.

Según la información difundida por el citado medio, de las 2.792 personas que ingresaron al país bajo la figura de reunificación familiar en el período analizado, 1.476 lo hicieron a través de vuelos chárter no regulares.

El documento también reveló casos en que una misma persona figuraba como responsable de distintos grupos de menores en diferentes viajes.

Otro aspecto abordado en el preinforme corresponde a las fiscalizaciones realizadas en terreno. Durante estas revisiones, funcionarios de Contraloría visitaron algunos de los domicilios informados en los procesos de reunificación familiar y constataron casos en que los menores no pudieron ser ubicados en esas direcciones.

Según Radio Bío Bío, en una muestra específica de 105 niños y adolescentes revisada por Contraloría, 64 no fueron encontrados en los domicilios declarados.

Además, el organismo estatal detectó inconsistencias en registros administrativos, incluyendo casos sin número de documento y diferencias entre bases de datos de distintas instituciones.

El rol del consulado chileno en Haití

Paralelamente, otra de las aristas que ha surgido en el caso corresponde a la situación del consulado chileno en Puerto Príncipe. En octubre de 2025, el gobierno de Gabriel Boric decidió retirar al cónsul e iniciar una investigación administrativa tras detectar irregularidades en su funcionamiento.

Consultada por Mala Espina, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente señaló que, por ahora, no está acreditado que esa situación esté directamente relacionada con el ingreso de menores haitianos al país.

Respecto del cierre del consulado, De la Fuente señaló que Cancillería detectó un “volumen inusitado de actividad consular” y “faltas en el seguimiento de los procedimientos establecidos”. Posteriormente, se llegó al cierre temporal de la sede y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público.

La respuesta del gobierno de José Antonio Kast

Tras conocerse los antecedentes del caso, el gobierno anunció una serie de medidas orientadas a recopilar información y coordinar el trabajo de los organismos involucrados.

Durante la mañana de este jueves, José Antonio Kast encabezó en La Moneda una reunión de emergencia para abordar la situación. En la cita participaron representantes del Ejecutivo, del Congreso, de la Corte Suprema, del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue designada para coordinar el trabajo interministerial sobre esta materia. Tras el encuentro, Wulf señaló que el objetivo de la reunión fue “establecer una coordinación efectiva entre las instituciones“.

Previamente, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, había informado la creación de una fuerza de tarea destinada a apoyar las labores de recopilación de antecedentes.

Según explicó, esta instancia buscará “identificar, ubicar y consolidar la información que sirva para determinar sin demora si hay niños haitianos cuyos derechos hayan sido vulnerados o cuyo paradero se desconozca”.

La mirada de la Defensoría de la Niñez

La Defensoría de la Niñez también abordó el caso ante el Congreso. El defensor Anuar Quesille sostuvo que la situación evidencia una “falta de respuesta estatal”, además de falta de articulación entre instituciones y ausencia de protocolos para asegurar que los procesos de reunificación familiar cumplieran estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Quesille precisó que la Defensoría se relacionó principalmente con la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones, Cancillería y la PDI. Además, aclaró que la institución no tuvo conocimiento previo de los vuelos antes de que llegaran al país, pero que en abril de 2025 fue alertada por la Comisión de Gobierno del Senado respecto de un vuelo en particular.

El defensor enfatizó que la reunificación familiar “es un derecho, no es una irregularidad”, aunque advirtió que las condiciones de estos procesos fueron comunicadas a las autoridades. También recalcó que la prioridad actual es ubicar a los niños, niñas y adolescentes y verificar si sus derechos han sido vulnerados.

La reacción de UNICEF

UNICEF también se refirió al caso mediante una declaración pública difundida esta semana. El organismo instó a las instituciones del Estado a “aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes“. 

Asimismo, indicó que “se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación”.

La organización recordó además que Chile cuenta con un marco legal para la protección de niños migrantes, establecido en las leyes 21.430 y 21.325.

Finalmente, desde UNICEF sostuvieron que es necesario conocer con urgencia dónde se encuentran los menores involucrados y quiénes participaron en los procesos que permitieron su ingreso.

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