Niños haitianos: informe final de Contraloría confirma fallas en permisos, controles y seguimiento estatal
Síntesis
Contexto: El informe de Contraloría revisó el ingreso a Chile de niños, niñas y adolescentes haitianos mediante reunificación familiar y vuelos chárter.
¿Qué pasó? El organismo identificó fallas que dificultaron verificar el paradero de menores y advirtió problemas en los permisos, el control migratorio y la coordinación entre las instituciones a cargo.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó su informe final sobre el ingreso de niños haitianos al país mediante procesos de reunificación familiar y vuelos chárter.
La fiscalización identificó incumplimientos en el otorgamiento de permisos, deficiencias en el control migratorio y problemas de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez.
El informe se conoce luego de la controversia por los 64 niños y adolescentes que no fueron ubicados en los domicilios registrados durante visitas en terreno.
En ese contexto, Contraloría advirtió irregularidades en la tramitación de permisos de reunificación familiar, entre ellas, certificados vencidos o no legalizados y la falta de documentos obligatorios. También cuestionó la emisión de un memorándum que, sin contar con atribuciones para ello, redujo los requisitos exigidos por la ley y el reglamento para autorizar el ingreso al país.
Falta de coordinación y fallas en el control de vuelos
El informe también advirtió deficiencias en la coordinación entre el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, incluyendo problemas en el intercambio de información, ausencia de protocolos comunes y falencias para realizar seguimiento a los niños tras su ingreso al país.
Una de las irregularidades detectadas fue la falta de presentación del listado de pasajeros exigido por la normativa por parte de una aerolínea sin que el SERMIG aplicara oportunamente la sanción correspondiente. A ello se suma una verificación insuficiente de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias en la información.
En la misma línea, se detectó que un vuelo de Caribbean Sun Airlines, autorizado en el sistema de arribo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), llegó a Chile el 15 de octubre de 2025 sin presentar el listado de pasajeros exigido por la Ley de Migración y Extranjería. Ante esta situación, Contraloría anunció la realización de un “Examen de Cuentas Autónomo”.
PDI: manuales incompletos y errores en registros migratorios
Por su parte, la PDI no cuenta con manuales generales, formales y completos para el control migratorio, sino solo con instructivos parciales. También se detectaron errores en los registros como la digitación incorrecta de pasaportes, discrepancias con la información del SERMIG y debilidades en la fiscalización de personas extranjeras en situación migratoria irregular.
Contraloría también advirtió una débil estructura de control interno y de gestión, reflejada en la falta de segregación de funciones, la ausencia de procedimientos formales para asignar solicitudes y carencias en la definición de roles dentro de los sistemas informáticos institucionales.
19 personas ingresaron con visa turista y no registran salida del país
Otro de los hallazgos fue que 19 personas de nacionalidad haitiana, que ingresaron al país con visa de turista entre enero de 2023 y abril de 2025, no registraban salida por ningún paso fronterizo habilitado. Por ello, Contraloría indicó que es probable que se encuentren en condición migratoria irregular.
Las medidas tomadas por Contraloría
Frente a los resultados de la investigación, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los tres servicios auditados para determinar eventuales responsabilidades funcionarias y, además, pidió que se mantenga seguimiento de los niños, niñas y adolescentes involucrados con el fin de verificar que no se hayan vulnerado sus derechos.
Además, explicó que la filtración del preinforme, en el que se informaba que no había sido posible ubicar a 64 menores, evidenciaría un incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de alguno de los organismos fiscalizados: SERMIG, la PDI o la Subsecretaría de la Niñez.
Esto, debido a que los preinformes tienen carácter reservado hasta la publicación oficial del informe final. Por ello, Contraloría inició un proceso disciplinario respecto de los tres servicios notificados, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas.
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