Estado de Chile deberá responder ante la CIDH por denuncias sobre políticas administrativas y derechos humanos
Síntesis
Contexto: La CIDH convocó para el 5 de agosto una audiencia sobre el impacto de decisiones administrativas en las políticas de derechos humanos de Chile.
¿Qué medidas cuestionan? Las organizaciones denuncian que acciones del gobierno de José Antonio Kast han debilitado unidades especializadas, programas de reparación, sitios de memoria y políticas de verdad y justicia.
El Estado de Chile deberá comparecer el próximo 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una audiencia pública se analizarán los efectos de distintas decisiones administrativas en las políticas de derechos humanos del país.
La instancia, denominada “Chile: Impacto de las políticas administrativas en los derechos humanos“, se realizará entre las 14:00 y las 15:30 horas. En ella participarán la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Londres 38, la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, entre otras organizaciones vinculadas con sitios de memoria. También asistirá la oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La audiencia fue solicitada por organizaciones de derechos humanos y cuenta con el respaldo de 82 entidades. Mediante un comunicado, denunciaron un debilitamiento de las políticas de verdad, justicia, memoria y reparación, tras las medidas tomadas por el gobierno de Kast. Asimismo, pidieron que la CIDH requiera información al Estado de Chile.
La instancia permitirá que las organizaciones expongan antecedentes sobre una situación general de derechos humanos y que el Estado entregue su respuesta.
Qué cuestionan las organizaciones
La presentación identifica cuatro áreas que, según las entidades, reflejan un retroceso institucional.
En primer lugar, cuestionan desmantelamiento de unidades especializadas. Las organizaciones mencionan la disolución de la Unidad de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales.
También advierten sobre el cierre de la Unidad de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones y la desvinculación de jefaturas relacionadas con el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda.
Además, cuestionan el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos de su tramitación ante la Contraloría. A su juicio, estas decisiones podrían afectar la capacidad técnica del Estado y la continuidad de políticas desarrolladas durante décadas.
El segundo eje apunta a los recortes presupuestarios en programas estructurales. La carta cuestiona el Oficio Circular N.º 16 del Ministerio de Hacienda.
El documento contempla revisar, reducir o descontinuar programas públicos para el presupuesto de 2027. Entre ellos se encuentran el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) y otros 142 programas.
Las organizaciones advierten que una reducción de recursos podría afectar el acompañamiento judicial de las víctimas, la atención sanitaria y psicosocial y la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda.
El tercer cuestionamiento corresponde a los denominados “indultos pasivos“. Según la presentación, el Ministerio de Justicia habría instruido a los abogados del Programa de Derechos Humanos a no oponerse a solicitudes de libertad, rebajas de penas, arresto domiciliario u otros beneficios presentados por condenados por crímenes de lesa humanidad.
Las entidades sostienen que esta decisión podría contradecir un protocolo institucional vigente desde 2017, que contempla la intervención del programa frente a resoluciones que alteren el cumplimiento de las condenas o generen escenarios de impunidad.
El último eje aborda el debilitamiento de las políticas de memoria. Las organizaciones advierten incertidumbre sobre el financiamiento y la continuidad de los sitios de memoria. Además, cuestionan la paralización del proceso de expropiación de terrenos de la ex Colonia Dignidad.
El comunicado cita el artículo 41 de la Convención Americana, que permite a la CIDH solicitar información a los Estados sobre derechos humanos.
En la audiencia, el Estado podrá responder a estos cuestionamientos y exponer su posición sobre la continuidad de las políticas de verdad, justicia, memoria y reparación.
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