Recortes, sitios de memoria e “indultos pasivos”: los retrocesos atribuidos al gobierno de Kast ante la CIDH
Síntesis
Contexto: En la audiencia ante la CIDH, organizaciones de derechos humanos expusieron nuevos antecedentes sobre recortes, sitios de memoria y la inacción del Estado en procesos de condenados por crímenes de la dictadura.
¿Qué se denunció y cómo respondió el gobierno? Las agrupaciones acusaron que el Programa de Derechos Humanos no intervino en 20 audiencias y que hubo un debilitamiento institucional. El Ejecutivo negó una instrucción general y atribuyó los cambios a una reorganización administrativa.
Horas antes de que José Antonio Kast anunciara en cadena nacional su agenda de seguridad, el Estado de Chile se enfrentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncias sobre retrocesos en las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación durante el gobierno de Kast.
La audiencia actualizó los antecedentes expuestos previamente por más de 80 organizaciones y permitió conocer la respuesta del Ejecutivo. Participaron Londres 38, la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, la ANEF, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta y la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.
El Estado estuvo representado por José Miguel Castro, representante permanente de Chile ante la OEA desde mayo; Felipe Kipreos, jefe de la División de Derechos Humanos de Cancillería; y Jorge Hagedorn, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las 20 audiencias en que el programa no habría intervenido
Según el comunicado de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, durante 2026 se han presentado 47 solicitudes de libertad o revisión de condena y se celebraron 23 audiencias ante cortes de apelaciones. En 20 ocasiones, el Programa de Derechos Humanos no se habría presentado a alegar, habría desistido de acciones judiciales o no habría recurrido las decisiones.
Las organizaciones atribuyeron esta conducta a instrucciones del Ministerio de Justicia y la calificaron como “indultos pasivos“. De acuerdo a Magdalena Garcés de la Red de Observadoras, el gobierno ha “prohibido a los abogados del Programa de DD.HH. intervenir en los procesos” relacionados con las penas de condenados por violaciones a los derechos humanos.
Según la organización, estas ausencias habrían incidido en la liberación de dos condenados y en la reducción de la pena de un tercero. El informe identifica a César Manríquez Bravo y Héctor Osses Yáñez como los dos condenados que resultaron liberados ante la inacción del Ejecutivo.
Manríquez había sido condenado en calidad de autor de crímenes vinculados a la Operación Colombo que afectaron a 89 víctimas. Osses cumplía condenas por desapariciones forzadas y homicidios calificados de 31 víctimas.
El documento también registra una libertad vigilada concedida a Luis Alberto Palacios Torres y decisiones de acumulación de penas favorables a Viviana Ugarte Sandoval y Walter Klug Rivera.
Entre los procesos cuestionados también aparecen las solicitudes de libertad condicional de Ricardo Yáñez Mora y Waldo Ojeda Torrent, condenados por homicidios y secuestros vinculados al caso Caravana de la Muerte en Copiapó. No obstante, los tribunales rechazaron ambas solicitudes y los condenados continúan cumpliendo sus penas.
El gobierno negó una instrucción general
Jorge Hagedorn negó durante la audiencia que exista una instrucción general para que los abogados del Programa de Derechos Humanos dejen de comparecer en estos procesos.
El representante de la Subsecretaría sostuvo que las decisiones se adoptan caso a caso y que “no existe ninguna instrucción de carácter general ordenando no comparecer a esta instancia“.
También señaló que, desde el 11 de marzo, solo dos condenados por crímenes de lesa humanidad han interrumpido formalmente el cumplimiento efectivo de sus penas, ambos por enajenación mental.
La denuncia de las organizaciones, en cambio, no se limita a quienes fueron liberados, sino que cuestiona las 20 ocasiones en que el Programa de DD.HH. no habría intervenido.
José Miguel Castro rechazó que exista un desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos. Además, sostuvo que esas acusaciones son incompatibles con la realidad y el compromiso del gobierno.
Por su parte, Felipe Kipreos afirmó que los cambios corresponden a un “reordenamiento organizacional del Estado“. También aseguró que el Programa de Derechos Humanos mantiene su estructura, facultades y capacidad operativa.
Recortes y sitios de memoria
Las organizaciones también reiteraron sus cuestionamientos a los recortes presupuestarios, la eliminación o reducción de unidades especializadas y la incertidumbre sobre el financiamiento de los sitios de memoria.
Erika Hennings, presidenta de Londres 38, sostuvo que solo cinco de los 33 sitios administrados por organizaciones cuentan con financiamiento estatal permanente. Debido a la reducción de los recursos, afirmó que durante 2026 solo ocho accederán al fondo concursable destinado a estos espacios.
El Estado sostuvo que los ajustes presupuestarios no apuntaron específicamente a las políticas de memoria y que otras dependencias asumieron las funciones de las unidades modificadas.
La situación de Colonia Dignidad también fue abordada. Las organizaciones cuestionaron la decisión de no continuar con la expropiación de los terrenos vinculados al antiguo recinto. Los representantes del Estado sostuvieron que la medida no respondió solamente a razones presupuestarias, sino también a objeciones de legalidad surgidas durante el proceso.
Lo planteado por la CIDH
Durante la audiencia, la CIDH pidió transparencia sobre los diagnósticos técnicos utilizados para justificar las reorganizaciones y los recortes. También recordó que los ajustes fiscales deben respetar el principio de no regresividad y estar debidamente fundamentados.
La Comisión remarcó además que las políticas de verdad, justicia, memoria y reparación deben tener continuidad institucional y trascender a los gobiernos de turno.
#196PeríodoCIDH | #CIDHAudiencias | #Chile: Impacto de las políticas administrativas en los #DerechosHumanos
— CIDH – IACHR (@CIDH) August 5, 2026
👉🏽 Organizaciones informaron un patrón de desmantelamiento institucional, recortes presupuestarios a políticas y unidades de derechos humanos. Alertaron sobre el… pic.twitter.com/rGV6MKLXl0
Finalmente, las organizaciones solicitaron que la CIDH requiera información detallada al Estado sobre los programas y unidades modificados, mantenga un seguimiento reforzado, pida informes periódicos y evalúe realizar una visita a Chile.
Y recuerda:
Si recibes alguna desinformación o algo que te parezca falso, envíalo a nuestra línea de WhatsApp +56 9 7447 3146 para que la verifiquemos. También puedes unirte a nuestro canal de WhatsApp haciendo clic en este enlace.
Puedes seguir a Mala Espina en Twitter e Instagram o suscribirte a nuestro newsletter semanal.