Gastos reservados: cómo se aprueban y para qué se utilizan
Estos fondos tienen un destino predeterminado por ley y se pueden usar solo en ciertos objetivos, como la seguridad interna y externa del país, o para el orden público.
Por una solicitud de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, este lunes la Subsecretaría del Interior entregó el detalle de los gastos reservados que recibió Manuel Monsalve durante su tiempo como autoridad de Gobierno.
Según detallaron desde la cartera, entre marzo de 2022 y septiembre de 2024 el subsecretario– hoy en prisión preventiva en el marco de una investigación por presunta violación– solicitó $845 millones.
Ahora la Comisión solicitará más información para establecer en detalle cómo se gastaron estos recursos. Del último pago- de $50 millones- solo quedó $1 millón en la caja fuerte que manejaba Monsalve para estos fondos, según aseguró el Ministro de Justicia, Luis Cordero, hace unas semanas.
¿Qué son los gastos reservados?
Los gastos reservados son fondos que pueden solicitar algunos órganos públicos para sus funciones “siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas“, menciona la Ley 21.211.
Estos pueden ser solicitados por:
- Presidencia.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Dirección Nacional de Fronteras.
- Ministerio de Defensa.
- Fuerzas Armadas.
- Carabineros.
- Policía de Investigaciones.
- Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
En el caso de la Presidencia, solo se necesita que estos gastos sean inherentes a sus funciones y tengan que ser reservados o secretos.
El monto anual que se considerará para cada institución se establece en la Ley de Presupuestos del Sector Público. La versión de este 2024 consideró $530 millones para la Subsecretaría del Interior, monto similar al de la Agencia Nacional de Inteligencia ($540 millones), y superior al de Carabineros ($429 millones) y PDI ($385 millones).
Por tanto, la designación de los gastos reservados de cualquier cartera se origina desde el Gobierno, y necesita la aprobación del Congreso.
La fiscalización de los gastos
Todos los órganos que usen gastos reservados pasarán por varias etapas de rendición y fiscalización interna y externa. Mediante resolución fundada Contraloría tendrá conocimiento sobre qué unidades operativas necesitarán estos recursos, información que será reservada.
En tanto, cada órgano tiene que informar, semestralmente, a una autoridad sobre el uso de los recursos. En el caso de la Subsecretaría del Interior, la información se entrega al Ministro del Interior.
Además, los jefes de cada servicio tienen que hacer una declaración de patrimonio para evitar un eventual conflicto de intereses con los gastos reservados.
La ley considera que cualquier otro uso además del establecido está prohibido y se considera una falta grave a la probidad. Por lo tanto, puede tener consecuencias penales. De hecho, en “los delitos de malversación de caudales públicos referidos a gastos reservados, el juez podrá aumentar la pena correspondiente en un grado”, indica la ley citada.