Ley Mordaza 2.0: qué dice y cuáles son las medidas del polémico proyecto 

Tras los diversos casos de filtraciones de documentos relacionados a causas declaradas reservadas como el caso Sierra Bella o el caso Monsalve, un grupo de parlamentarios ha presentado un proyecto de ley, el cual fue catalogado como Ley Mordaza 2.0, que buscaría fortalecer la protección y sancionar la difusión “indebida” de documentos penales.

La medida fue propuesta por un grupo transversal de parlamentarios que consiste de los senadores Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) Pedro Araya (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), quienes argumentan que ha habido una mala utilización de los sistemas de transparencia con fines políticos o de desprestigio personal.

“No cabe duda de que la filtración selectiva de antecedentes —a menudo antes de que sean ponderados en sede judicial— responde en muchos casos a intereses particulares ajenos a la justicia, afectando la presunción de inocencia, vulnerando la intimidad de víctimas, testigos e imputados, y comprometiendo el éxito de las investigaciones penales”, se afirma en el boletín del proyecto de ley

En ese sentido, las medidas contenidas dentro del proyecto de ley buscarían erradicar aquellas prácticas que debilitan la legitimidad del sistema judicial, por medio del fortalecimiento de los mecanismos de control y sanción con respecto a filtraciones, al igual que el establecimiento de límites a la publicidad de los procesos judiciales.

¿Cuáles son las medidas que contempla la llamada “Ley Mordaza 2.0”?

Según se explica en el Boletin N° 17.484-07, los objetivos específicos del proyecto de ley contemplan la implementación de un régimen de sanciones para quienes difundan información de procesos penales, las cuales se agravaría en caso de que fuese documentos pertenecientes a una causa declaradas reservadas o que estén relacionadas al crimen organizado.

Esto conllevaría diversas modificaciones a diversos artículos del Código Penal. En primer lugar, se agregarían nuevos artículos 161 -C y 226 J, que indicarían penas carcelarias y multas que llegarían a las 600 UTM, dependiendo del caso. En concreto:

• Artículo 226-J: reclusión menor en grado medio a máximo para quien entregue, informe, difunda o divulgue antecedentes de una investigación que esté bajo secreto. Esto incluye a funcionarios públicos que hayan participado en la investigación.
• Artículo 161 -C: multa de entre 50 a 500 o con reclusión menor en cualquiera sus grados a aquellas personas que entreguen o informen de documentos o antecedentes de una investigación penal a la que tengan acceso. Se agrava a a grado máximo o una multa de 150 a 600 UTM si es que se trata de casos declarados como reservados.

Nuevos artículos relacionados a funcionarios públicos

En segundo lugar, se agregaría un nuevo artículo 246 ter, donde se detallan diversas sanciones para funcionarios públicos como lo pueden ser fiscales, trabajadores del Ministerio Público, el defensor o cualquier otro funcionario del sector público, sanciones que dependerán del tipo de documento y si la causa fue nombrada como reservada o no.

En concreto, se determina que los funcionarios públicos que filtren información de un caso judicial o administrativo, o permitan que otros accedan a información secreta del proceso, teniendo obligación de confidencialidad, serán sancionados con las siguientes penas:

• Inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, cárcel menor en grado máximo o multas de entre 100 y 500 UTM si es una causa reservada.
• Cárcel menor en cualquiera de sus grados o multas de entre 50 y 500 UTM.

Además, si la información filtrada incluyere las identidades de los denunciantes o victimas, y esto pone en riesgo su seguridad, las penas incluirán la inhabilitación de forma absoluta para cargos públicos y enfrentará cárcel menor en su grado máximo.

¿Qué otras medidas contempla la Ley Mordaza 2.0?

El proyecto de ley también contempla la creación de un mecanismo formal dentro de la carpeta investigativa por medio de un anexo especial, con lo cual se busca separar, proteger y limitar el acceso a aquellos documentos con bajo interés investigativo directo, para poder proteger la privacidad de las personas.

“El fiscal deberá identificar aquellas actuaciones, registros o documentos que carezcan de interés investigativo directo para la causa. Estas actuaciones, registros o documentos serán separados de la carpeta de investigación principal y archivados íntegramente en un anexo de ella, en la cual deberán ser mantenidos bajo reserva”, se explica en el proyecto de ley.

Por último, se busca establecer un nuevo tipo penal específico que sancione de manera explícita la conducta de terceros que divulguen información de los procesos legales, al igual que la instrumentalización del proceso judicial para fines particulares, al igual que un tipo penal específico para las filtraciones realizadas por los funcionarios públicos que sean partícipes o tengan acceso a las causas.