Por qué no avanza el proyecto de Sala Cuna Universal

El proyecto de ley de Sala Cuna Universal quedó paralizado esta semana en el Senado, luego de que la Comisión de Educación no lo pusiera en tabla, pese a que la iniciativa ya había sido aprobada por la Comisión de Trabajo. La situación generó un cruce entre el gobierno y la oposición, e instaló el financiamiento del beneficio como uno de los principales puntos de controversia.

Desde el oficialismo atribuyen el freno a decisiones adoptadas al interior de la comisión. El presidente de la instancia, el senador Gustavo Sanhueza (UDI), se encuentra fuera del país, y su reemplazo, Javier Macaya, optó por no avanzar con la discusión durante esta semana. Por esto, desde La Moneda acusaron una dilación injustificada en la tramitación de uno de los proyectos que consideran emblemáticos.

El presidente Gabriel Boric sostuvo que existieron maniobras dilatorias por parte de la UDI, mientras que desde el gremialismo rechazaron esa acusación y apuntaron al contenido del proyecto. El presidente del partido, Guillermo Ramírez, afirmó que desde el inicio han advertido problemas de financiamiento y diseño, y planteó que esos aspectos deberán corregirse en una eventual nueva etapa de tramitación.

En esa misma línea, el senador Sanhueza señaló que el proyecto requiere una discusión con reglas claras, estudios previos y un diseño financiero responsable. Desde su perspectiva, el principal cuestionamiento no es el objetivo de ampliar el acceso a sala cuna, sino la forma en que se financia el sistema y el impacto fiscal que podría generar en el largo plazo.

El origen del debate por el financiamiento

El proyecto de ley de sala cuna fue ingresado al Congreso en enero de 2022 y se mantiene bajo el mismo boletín desde entonces. Su objetivo es modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, que actualmente obliga a financiar sala cuna solo a las empresas que cuentan con 20 o más mujeres contratadas, eliminando ese requisito y extendiendo el derecho a todos los trabajadores independiente del tamaño de la empresa.

En su versión original, el proyecto establecía un aporte máximo de hasta 4,11 unidades tributarias mensuales por matrícula y mensualidades de sala cuna. Ese monto no necesariamente reflejaba el costo real del servicio, lo que abrió la discusión sobre quién debía financiar la diferencia entre el aporte del fondo y el valor efectivo de una sala cuna.

El economista y profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, quien expuso ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado durante la tramitación del proyecto, explicó que ese monto permitía cubrir solo parte de los costos. “El aporte de 4,11 UTM financiaba básicamente costos variables, como remuneraciones, materiales o servicios generales, pero no incluía costos fijos relevantes, como el arriendo o el arriendo imputado”, señaló.

En la práctica, ese monto coincidía con el financiamiento que entrega la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) a través de la modalidad de transferencia de fondos, que cubre ítems operativos, pero no considera costos fijos de infraestructura. Bajo esos parámetros, el valor promedio financiado por sala cuna bordea los $262 mil mensuales, equivalente a cerca de 4,1 UTM a comienzos de 2024.

No obstante, los precios de mercado de una sala cuna superan ampliamente ese monto. En una presentación realizada a mediados de 2025 ante la misma comisión del Senado, Hermann expuso que el costo mensual del servicio se ubicaba por sobre los $400 mil, cifra que no era cubierta por el aporte originalmente propuesto. Bajo ese diseño inicial, la diferencia debía ser financiada por el empleador.

Según explicó, ese esquema producía un efecto desigual. “Las empresas grandes, que ya entregaban el beneficio, reducían su gasto, mientras que las pymes, que antes no estaban obligadas a financiar sala cuna, debían asumir la diferencia. Eso implicaba una carga significativa para empresas de menor tamaño”, afirmó.

Los cambios introducidos y el diseño actual

Con el avance de la discusión legislativa, el Ejecutivo eliminó el monto fijo originalmente propuesto y optó por un esquema distinto. En las indicaciones ingresadas en 2025 se estableció una cotización obligatoria de 0,3% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador, cuyos recursos serían administrados por el Fondo de Sala Cuna.

Junto con ello, se propuso la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sostenibilidad, encargada de definir periódicamente el aporte necesario para cubrir los costos del sistema.

La investigadora del Centro de Estudios Horizontal, Soledad Hormazábal, quien también expuso ante la comisión del proyecto, explicó que estas modificaciones corrigieron uno de los principales problemas del diseño original. “Posteriormente en el proyecto de ley se eliminó el monto propuesto y se estableció que lo determinaría una comisión. En la medida que el aporte del fondo sea suficiente para cubrir los costos de proveer sala cuna de calidad, no habría problemas de financiamiento”, señaló.

Hormazábal agregó que el problema inicial era que la diferencia entre el aporte del fondo y el costo real de la sala cuna debía ser financiada por el empleador, lo que habría significado una carga especialmente alta para las empresas de menor tamaño, pero que ese mecanismo fue eliminado en versiones posteriores del proyecto de ley.

El foco de la controversia actual

Pese a las modificaciones introducidas durante la tramitación, persisten cuestionamientos técnicos respecto del diseño vigente del proyecto.

Hermann advirtió que el sistema mantiene incertidumbres relevantes, particularmente en relación con el crecimiento de la demanda por sala cuna una vez que el derecho se amplíe y con la capacidad del fondo para absorber ese aumento sin recurrir a recursos fiscales adicionales.

Según explicó, a ello se suman otros elementos del diseño que siguen abiertos a discusión, como la forma en que se proyecta la demanda futura, la periodicidad con que se ajustará el monto del aporte y las diferencias de costos entre regiones.

Uno de los puntos que concentra las críticas políticas es que el proyecto contempla un respaldo fiscal en caso de que los recursos del Fondo de Sala Cuna resulten insuficientes. En ese escenario, la ley establece que el Estado debe transferir los recursos necesarios para asegurar el pago del aporte de sala cuna a todas las personas que tengan derecho al beneficio, lo que desde la oposición ha sido caracterizado como un gasto fiscal contingente sin un techo explícito.

En ese contexto, Hermann advirtió que el impacto del financiamiento no es homogéneo en todo el país. “No cuesta lo mismo una sala cuna en Santiago que en Antofagasta, donde los arriendos y los costos operativos son mucho más altos. Si el aporte que defina la comisión técnica no alcanza a cubrir esos costos, alguien va a tener que pagar la diferencia”, explicó.

El especialista agregó que existen alternativas para enfrentar ese mayor gasto sin incrementar los costos laborales: “El Seguro de Cesantía acumula recursos significativos y su rentabilidad anual permitiría financiar este beneficio. No es necesario seguir cargando la mano a las empresas, particularmente a las pymes, con nuevas cotizaciones”.

La oposición se abrió a dialogar

Desde el Ejecutivo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, llamó a destrabar el debate y defendió que el proyecto sí cuenta con un esquema de financiamiento. “Cuando dicen que está desfinanciado, no está desfinanciado. Tiene un esquema de financiamiento. Si no les gusta, busquemos otro, busquemos acercamientos, pero desfinanciado no está”, sostuvo en entrevista radial.

La secretaria de Estado agregó que el Gobierno está disponible para discutir los aspectos técnicos del proyecto y reiteró el llamado a identificar con precisión los puntos en conflicto. “Si dicen que tiene problemas técnicos, por favor enumérenlos, porque sigo esperando que me digan cuál es el problema para llegar a un acuerdo”, afirmó.

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