Tras el rechazo del desafuero, Claudio Orrego debe enfrentar recurso de destitución ante el Tricel
Síntesis
Contexto: La Corte de Apelaciones rechazó el desafuero de Claudio Orrego, pero sigue en curso una causa ante el Tricel por eventual abandono de deberes y faltas a la probidad.
¿Qué se debe resolver? El Tricel deberá resolver si los antecedentes presentados por 16 consejeros regionales justifican la cesación anticipada de su mandato.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer de forma unánime la solicitud de desafuero en contra de Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, por lo que no podrá ser formalizado en esta etapa de la investigación penal vinculada a la fundación ProCultura.
La decisión fue adoptada por el pleno del tribunal de alzada, que desestimó el requerimiento impulsado por la Fiscalía Local de Antofagasta. Tras esta decisión, el gobernador mantiene su fuero y continúa en el ejercicio del cargo.
Sin embargo, el escenario judicial aún no se cierra completamente para Orrego. La autoridad regional, aún debe enfrentar una definición pendiente ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), donde se tramita una causa que busca su destitución anticipada del cargo.
El requerimiento ante el Tricel fue ingresado el 25 de julio de 2025 por consejeros regionales de Chile Vamos y el Partido Republicano. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2025 el recurso fue acogido a trámite por el tribunal. La acción apunta a determinar si existió notable abandono de deberes y vulneración al principio de probidad administrativa por parte de Claudio Orrego.
La discusión en el tribunal electoral sigue su curso y constituye el último procedimiento pendiente que podría afectar la continuidad del gobernador.
Qué se discute en el Tricel
La presentación del recurso de destitución fue respaldada por 16 de los 34 consejeros regionales de la Región Metropolitana y se sustenta principalmente en antecedentes contenidos en informes de la Contraloría General de la República.
El documento final, de más de 100 páginas, tiene como objetivo principal solicitar la cesación en el cargo de gobernador a Claudio Orrego. El informe presentado ante el Tricel acusa un “notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa“.
Entre los puntos cuestionados figura la contratación, mediante trato directo, de un servicio de coaching por $31.366.179 con la empresa Vera y Asociados S.A. Según lo señalado en el documento, los contenidos se orientaron directamente a la campaña de reelección de Orrego en 2024.
Además, en el mismo documento se señala que la Contraloría hizo una revisión a los recursos transferidos por el Gobierno Regional Metropolitano a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana durante 2023.
En aquella auditoría, la Contraloría habría detectado rendiciones de cuentas duplicadas y triplicadas por un monto total de $1.848.631.797, expedientes incompletos por más de $857 millones y facturas duplicadas.
Sobre la base de esos antecedentes, los 16 consejeros regionales sostienen que existirían infracciones graves a la probidad y abandono de deberes del gobernador.
Por otro lado, la defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara, ya contestó la demanda y presentó un recurso de reposición respecto de algunas pruebas incorporadas en el proceso, según afirmó La Tercera.
El estado actual de la causa
El siguiente paso es que la causa sea incorporada en la tabla del Tricel para la realización de los alegatos. Se espera que esa etapa se desarrolle en marzo, una vez que el tribunal vuelva a sus funciones tras el receso de verano.
La última diligencia relevante se registró en diciembre de 2025, cuando la ministra del Tricel Adelita Ravanale tomó testimonio a testigos del Gobierno Regional. Entre los que destacan Manuel Gallardo, administrador regional; el exjefe de comunicaciones de la gobernación, Iván Salinas; y Lorena Pohl, asesora de Orrego. También prestó testimonio el fundador de ProCultura, Alberto Larraín.
Con el rechazo del desafuero ya resuelto por la Corte de Apelaciones, la definición pendiente queda radicada en el Tricel, que deberá determinar si los antecedentes expuestos configuran las causales legales para declarar la cesación anticipada del gobernador.
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