Qué incluye la Ley de Reconstrucción Nacional de Kast: rebaja de impuestos, cambios en gratuidad y subsidio al empleo

El presidente José Antonio Kast anunció la presentación de un proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, una iniciativa legislativa que busca abordar la reconstrucción tras los incendios que afectaron distintas zonas del país y, al mismo tiempo, impulsar medidas económicas orientadas a la inversión, el empleo y la estabilidad fiscal.

El anuncio se realizó en la localidad de Lirquén, en la Región del Biobío, y contempla un paquete de más de 40 medidas que el Ejecutivo planea ingresar al Congreso como proyecto de ley en los próximos días.

De acuerdo con lo adelantado por el Ejecutivo, las medidas del plan se agrupan en cinco ejes principales: reconstrucción física, impulso económico, reforma institucional, ajustes en políticas de educación y medidas vinculadas al funcionamiento del Estado en contextos de emergencia.

Reconstrucción física

Uno de los pilares del plan apunta a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios registrados en enero de 2026 en las regiones de Ñuble y Biobío, además de continuar los trabajos pendientes tras los incendios ocurridos en la Región de Valparaíso en 2024.

Para ello, el proyecto contempla aumentar en $400.000 millones el financiamiento máximo del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET-Incendios), creado tras la emergencia que afectó a Viña del Mar. El objetivo es destinar estos recursos a la reposición de viviendas, infraestructura y servicios en las zonas afectadas.

Impulso económico

El plan también propone una serie de medidas destinadas a estimular la inversión y la actividad económica.

Entre ellas se considera eliminar durante 12 meses el IVA a la venta de viviendas nuevas, con el objetivo de acelerar la comercialización de unidades disponibles en el mercado inmobiliario. Según cifras mencionadas por el gobierno, actualmente existen cerca de 100 mil viviendas nuevas sin vender, mientras el déficit habitacional supera las 500 mil unidades.

El proyecto también contempla una reducción de la tasa del impuesto corporativo, que pasaría del 27% al 23% para medianas y grandes empresas. Según el Ejecutivo, la medida busca incentivar la inversión privada y acercar la carga tributaria a los promedios observados en países de la OCDE.

Además, el plan incluye propuestas para simplificar y agilizar permisos para proyectos de inversión, con el objetivo de reducir tiempos de tramitación administrativa.

Dentro de este eje también se plantea la creación de un subsidio macroeconómico al empleo formal, que permitiría devolver a los empleadores una parte de las cotizaciones laborales pagadas por sus trabajadores contratados formalmente, con el fin de incentivar la contratación y reducir la informalidad.

Reforma institucional

Otro de los ejes del proyecto contempla cambios en la institucionalidad vinculada a la evaluación de proyectos de inversión.

Entre las medidas anunciadas se encuentra una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) orientada a modificar procedimientos y reducir los tiempos de tramitación.

Asimismo, se plantea establecer mecanismos de compensación cuando el Estado invalide autorizaciones previamente otorgadas.

Ajustes en educación superior

El plan también incorpora medidas relacionadas con el sistema de financiamiento de la educación superior.

Entre ellas se contempla limitar la gratuidad universitaria, restringiendo su acceso a estudiantes menores de 30 años y deteniendo su expansión a nuevos deciles de ingresos. Además, el proyecto propone fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estas medidas formarían parte de un conjunto de ajustes orientados a revisar el uso de recursos públicos destinados a educación superior.

Medidas para emergencias y funcionamiento del Estado

El proyecto también incluye propuestas destinadas a reforzar la capacidad del Estado para mantener el funcionamiento de servicios e infraestructura en contextos de emergencia o catástrofe.

Entre ellas se contemplan medidas que amplían facultades de coordinación entre distintas instituciones del Estado, incluyendo organismos vinculados a defensa y seguridad, con el objetivo de asegurar la continuidad de servicios esenciales en situaciones de crisis.

El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional será ingresado al Congreso en los próximos días, donde deberá iniciar su tramitación legislativa y ser discutido por la Cámara de Diputados y el Senado antes de su eventual aprobación.

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