Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo por el plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibió este martes en audiencia a Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un organismo técnico e independiente encargado de evaluar y promover el manejo sustentable de la política fiscal del Gobierno central. Asistió con el fin de entregar información sobre la viabilidad del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

Durante su exposición, el organismo si bien valoró que la iniciativa tuviera como foco priorizar el crecimiento económico, también advirtió que, a la larga, el proyecto generaría déficit fiscales, al menos hasta 2031.

La crítica central es que el proyecto no logra autofinanciarse en el corto ni mediano plazo, proyectando un déficit persistente que, sin considerar el crecimiento económico, alcanzaría un máximo del 0,71% del PIB en 2030. Incluso bajo un escenario optimista de mayor actividad económica, la brecha financiera se mantendría en un 0,3% del PIB para ese mismo año, lo que confirma un impacto neto negativo.

En consecuencia, la iniciativa requeriría fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante entre 2026 y 2031, ya que los recursos contemplados en el texto actual resultan insuficientes.

El CFA ha alertado sobre un desequilibrio estructural del proyecto: mientras los gastos y la caída en la recaudación son inmediatos y seguros desde el primer año, los ingresos esperados son inciertos y dependen de un crecimiento económico que podría no alcanzar la velocidad o magnitud previstas. Esta asimetría generaría según el CFA, un riesgo crítico, ya que si los beneficios dinámicos no se materializan según lo estimado, el deterioro de las arcas públicas sería mucho más profundo que lo proyectado, agravando severamente la actual estrechez financiera del Estado.

Las 9 advertencias del CFA

Durante la sesión, el organismo expuso una serie de consideraciones al momento de analizar la sostenibilidad del plan impulsado por el gobierno:

1. Impuesto de Primera Categoría (IDPC): La propuesta legislativa establece una reducción progresiva de la tasa del IDPC, transitando del 27% actual hasta un 23% para el año 2030. Este ajuste conlleva un gasto fiscal en aumento durante el quinquenio 2026-2030, que se estima llegará al 0,44% del PIB hacia el final de la década y se estabilizará en ese mismo porcentaje para su etapa de régimen hacia 2050.
2. Crédito tributario al empleo: se prevé que este gasto alcance su punto más alto en 2027, representando un 0,41% del PIB, para luego iniciar un descenso gradual hacia el 0,32% en 2030. Finalmente, el costo de esta medida se extinguiría completamente hacia el año 2050, momento en el que convergerá a cero.
3. Impacto de los beneficios temporales: la propuesta establece una liberación del pago del IVA por un año a contar de agosto de 2026, lo que se traduce en una caída de los ingresos fiscales proyectada en 0,12% del PIB para el primer año y en 0,17% para el segundo.
4. Fondo Común Municipal: la exención de contribuciones propuestas mermará la recaudación de los municipios, obligando al Fisco a cubrir esa brecha de forma permanente con un gasto estimado del 0,04% del PIB, cifra que se mantendría estable conforme a las proyecciones demográficas.
5. Probidad de licencias médicas: según el CFA, el proyecto carece de una base sólida que respalde la reducción del 10% en gastos de reemplazos, ya que no diferencia qué proporción del aumento actual se debe a fraudes y qué parte responde a factores estructurales imposibles de corregir con medidas de fiscalización
6. Falta de garantía en el ahorro por incentivo al retiro: aunque el plan proyecta un alivio fiscal de hasta 0,03% del PIB hacia 2030 por el no reemplazo de personal, dicho beneficio podría ser solo temporal al basarse en una norma transitoria de la Ley de Presupuesto, que no reduce legalmente las dotaciones máximas de funcionarios autorizadas.
7. Riesgo de sobreestimación en la recaudación por sanciones al tabaco: existe la posibilidad de que los riesgos efectivos sean menores a los previstos si no se consideran cambios en los hábitos de consumo, como la disminución de fumadores o el traslado hacia alternativas como los vapeadores, factores que podrían inflar artificialmente el beneficio atribuido exclusivamente al combate del contrabando.
8. Ausencia de límites en el mecanismo de restitución por anulación de Resolución de Calificación Ambiental : aunque la medida busca fomentar la inversión, desde la perspectiva fiscal crea una obligación de carácter abierto que carece de topes máximos o estimaciones de costo, lo que sumado al cambio de conducta de los inversionistas ante un menor riesgo, podría disparar el gasto público de forma imprevista.
9. Debilidad estructural de los impuestos sustitutivos y la reparación de capitales: el uso recurrente de medidas transitorias para financiar gastos permanentes delata una severa estrechez fiscal que, además de comprometer la sostenibilidad a mediano plazo, corre el riesgo de incentivar el incumplimiento tributario y vulnerar la equidad entre contribuyentes al favorecer a quienes regularizan capitales de forma excepcional.

Para mejorar el diseño de estas medidas, el CFA recomendó revisar aspectos como su gradualidad, plazos y techos de gasto, además de sugerir la aplicación de escenarios de estrés para evaluar qué tan sensible es la recaudación ante variaciones en el PIB. En última instancia, el organismo enfatizó la importancia de establecer un diagnóstico compartido que facilite un acuerdo nacional en torno a la sostenibilidad de las arcas públicas; esto requeriría implementar soluciones de financiamiento permanente que logren eliminar el déficit vigente y aseguren que la deuda pública no supere el límite prudencial del 45%.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló la disposición a analizar detenidamente el informe entregado por el CFA. La megarreforma aún debe ser revisada por las comisiones de Trabajo y Medio ambiente, con la proyección de que llegue a la sala de la Cámara Baja la semana del 21 de mayo.

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