Proyecto de test de drogas del gobierno excluye al Presidente, aunque la Constitución no impide incorporarlo
Síntesis
Contexto: El gobierno presentó una reforma constitucional que establece test de drogas y cesación del cargo para distintas autoridades, pero excluye al Presidente.
¿Puede incorporarse al mandatario? De acuerdo a Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP, no existe un impedimento constitucional, aunque el proyecto tendría que definir las consecuencias de un resultado positivo y el procedimiento para su eventual destitución.
El gobierno de José Antonio Kast presentó un proyecto de reforma constitucional que establece exámenes obligatorios de drogas para distintas autoridades. Los controles se realizarían al asumir el cargo y periódicamente durante su ejercicio, mientras que los resultados serían públicos.
La iniciativa también busca incorporar el consumo de drogas ilícitas como una nueva causal de cesación. La medida contempla a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Sin embargo, no incluye al Presidente de la República ni a los integrantes del Poder Judicial.
Al tratarse de un proyecto de reforma a la Constitución, la iniciativa requiere el respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio en cada cámara. Esto equivale a, al menos, 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado.
La Constitución no impide incluir al presidente
Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales (UDP), explicó que la exclusión del Presidente de la República respondería al régimen especial que establece la Constitución para su destitución.
“La Constitución establece un mecanismo de destitución a través del impeachment o lo que se denomina como juicio político”, señaló.
En Chile, este procedimiento corresponde a la acusación constitucional. La Cámara de Diputados puede acusar al presidente por actos que comprometan gravemente el honor o la seguridad de la nación, o que infrinjan abiertamente la Constitución o las leyes. Si el Senado lo declara culpable por dos tercios de sus integrantes en ejercicio, queda destituido.
Actualmente, el consumo de drogas o un resultado positivo no constituye una causal autónoma de cesación presidencial. Pese a ello, no existe un impedimento constitucional para incorporar al mandatario mediante una reforma.
“Claro que sí, es constitucionalmente posible“, sostuvo Espinoza respecto a la posibilidad de incorporar al presidente en una iniciativa de este tipo. No obstante, el proyecto tendría que definir las consecuencias de un resultado positivo y el procedimiento para determinar una eventual cesación del cargo.
Los riesgos de una eventual destitución presidencial
El académico cuestionó que la regulación de los exámenes deba incorporarse directamente en la Constitución. “Es un tanto exagerado el escalamiento de rango que se quiere hacer en cuanto al test de droga”, afirmó. A su juicio, la aplicación de los controles podría regularse mediante una ley o un reglamento.
Espinoza sostuvo que de considerarse ese mecanismo, el presidente podría quedar sujeto a un estándar similar al exigido a ministros y subsecretarios, debido a que encabeza al gobierno y la administración pública. Sin embargo, advirtió que su eventual destitución requiere mayores resguardos porque fue elegido mediante votación popular.
En ese escenario, propuso mantener la acusación constitucional como mecanismo de destitución y exigir más de un resultado positivo antes de iniciar el procedimiento.
“Hay que tener presente los problemas de inestabilidad gubernamental que esto podría generar, además del derecho del Presidente a defenderse y realizarse un segundo examen”.
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha entregado una explicación oficial sobre la exclusión del presidente en el proyecto.
Consultado sobre esta omisión en Meganoticias, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que el texto “habría que revisarlo“. Además, afirmó que la intención del gobierno es que todas las autoridades, “desde el presidente”, queden sometidas a los controles y a la eventual cesación del cargo.
La exclusión también contrasta con lo anunciado anteriormente por José Antonio Kast. En abril, el mandatario sostuvo que el proyecto incluiría al presidente y que quien ejerce el mando de la nación debía cumplir las mismas obligaciones que ministros y subsecretarios.
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