Proyecto del gobierno busca ampliar de 5 a 60 días la retención de migrantes con orden de expulsión
Síntesis
Contexto: José Antonio Kast anunció que el gobierno busca ampliar la retención de personas extranjeras para facilitar la ejecución de expulsiones administrativas.
¿Hasta cuánto podría extenderse la retención? El proyecto permite fijar hasta 60 días, renovables dos veces, por lo que podría alcanzar un máximo de 180 días.
En cadena nacional del miércoles 5 de agosto, José Antonio Kast presentó una serie de medidas en su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Entre ellas anunció que el gobierno buscará ampliar la retención de personas extranjeras para facilitar la ejecución de expulsiones administrativas.
La medida ya se encuentra en tramitación en el Congreso. En junio, el Ejecutivo ingresó un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar el actual límite de cinco días y permitir que la ley establezca retenciones de hasta 60 días, con posibilidad de renovarlas.
El proyecto actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Otra de las medidas anunciadas por Kast fue la ampliación de la flagrancia de 12 a 24 horas, puedes revisar el detalle de la propuesta en esta nota.
Retención podría extenderse hasta 180 días
Actualmente, la Constitución establece un plazo máximo de cinco días para mantener retenida a una persona con el objetivo de materializar una expulsión administrativa.
El proyecto propone modificar esa regla y entregar a la ley la facultad de fijar un plazo de entre cinco y 60 días corridos.
Además, ese período podría renovarse por otros 60 días hasta en dos oportunidades consecutivas. De aplicarse ambas extensiones, la retención podría alcanzarse un máximo de 180 días.
El texto establece que cada renovación deberá ser ordenada de manera fundada y que la legislación deberá contemplar mecanismos para que estas decisiones puedan ser impugnadas ante tribunales.
En el mensaje ingresado con el proyecto de ley, el Ejecutivo sostuvo que la ampliación busca dar más tiempo para realizar los trámites necesarios para ejecutar las expulsiones administrativas.
Una segunda ley deberá definir cómo se aplicará
La eventual aprobación del proyecto de reforma constitucional no elevaría automáticamente el plazo de retención a 60 días.
El proyecto solo modifica los límites que podrá establecer posteriormente la legislación. Para aplicar el nuevo régimen, el gobierno deberá impulsar una modificación a la Ley de Migración y Extranjería que determine el plazo concreto, las condiciones para renovarlo y los mecanismos de revisión judicial.
La disposición transitoria establece que el presidente deberá enviar ese proyecto al Congreso dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la reforma constitucional.
Por ahora, la iniciativa continúa su tramitación en la Cámara con suma urgencia y aún debe ser votada por la Comisión de Constitución.
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