Los 11 cambios a la Constitución que contempla la reforma de seguridad del gobierno de Kast
Síntesis
Contexto: El gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma constitucional de seguridad como parte de la ACOT, con 11 cambios a la Carta Fundamental.
¿Qué propone la reforma? Amplía facultades del Ejecutivo en seguridad, crea un nuevo estado de excepción y permitiría suspender por hasta 15 años el acceso a prestaciones estatales de salud, educación, trabajo y seguridad social para condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
El presidente José Antonio Kast firmó este lunes, junto al ministro de Seguridad, Martín Arrau, un proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad. El proyecto es parte de las medidas que fueron anunciadas en la cadena nacional sobre la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa se estructura en tres grandes pilares: incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, entregar nuevas herramientas para perseguir a organizaciones criminales y su patrimonio, y crear un mecanismo para intervenir territorios afectados por el crimen organizado con colaboración de las Fuerzas Armadas.
El proyecto todavía no ha sido publicado íntegramente. Sin embargo, La Tercera accedió a un borrador del mensaje presidencial. El documento contiene 11 cambios constitucionales que permiten conocer con mayor detalle el alcance que tendría la reforma.
1. Incorporar la seguridad pública como deber del Estado
El primer cambio modificaría el artículo 1 de la Constitución para incorporar la “seguridad pública”. Actualmente, ese artículo establece, entre otras obligaciones, que el Estado debe resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia.
2. Regímenes penitenciarios especiales para crimen organizado
La reforma contempla crear un nuevo artículo 9 bis que permitiría establecer regímenes penitenciarios diferenciados para personas condenadas por delitos relacionados con crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
Estos regímenes podrían incluir restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios.
3. Castigos de hasta 15 años sin acceder a beneficios sociales
El mismo artículo establecería inhabilidades adicionales para quienes sean condenados por estos delitos.
Durante el cumplimiento de la condena y por 15 años después de esta, no podrían acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales relacionadas con los derechos a la salud, educación, libertad de trabajo y seguridad social, correspondientes a los numerales 9, 10, 16 y 18 del artículo 19 de la Constitución.
Además, en el caso de que ya estuvieran recibiendo alguno de estos beneficios al momento de la condena, lo perderían. También se contempla una inhabilidad de 15 años para acceder a medidas alternativas a la cárcel y libertad condicional.
4. Diferencias de trato no serían consideradas arbitrarias
El proyecto también busca modificar la garantía constitucional de igualdad ante la ley, contenida en el numeral 2 del artículo 19.
La reforma establecería que las diferencias de trato derivadas de las nuevas inhabilidades y restricciones para condenados no serían consideradas arbitrarias.
5. Registro de organizaciones criminales
La reforma permitiría crear una nómina de organizaciones criminales, aumentando el rol del Ejecutivo en su calificación. Según la descripción oficial del Senado, estas organizaciones serían calificadas por el gobierno y controladas por el Senado.
La inclusión en el registro tendría efectos en la persecución penal, aunque el Ministerio Público seguiría obligado a acreditar la participación individual de cada imputado. Una futura ley definiría su funcionamiento, vigencia y mecanismos de impugnación.
6. Respaldo constitucional a las nuevas restricciones
El texto señalaría expresamente que las nuevas inhabilidades y restricciones no afectan los derechos en su esencia ni impiden su libre ejercicio.
7. Nueva causal para los estados de excepción
Se incorporaría la “grave alteración de la seguridad pública” como una nueva situación que permitiría decretar un estado de excepción constitucional. Actualmente la Constitución contempla guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública.
8. Nuevo estado de excepción de seguridad pública
Crearía un estado de excepción constitucional de seguridad pública que podría ser declarado por el Presidente de la República cuando exista una grave alteración de la seguridad pública debido a organizaciones criminales y se aplicaría únicamente en las zonas determinadas por el Ejecutivo.
Tendría una duración máxima inicial de 30 días, prorrogable por otro período igual. Para posteriores renovaciones sería necesario contar con el acuerdo del Congreso.
9. Restricción de derechos durante el nuevo estado de excepción
Mientras se encuentre vigente este nuevo estado de excepción, el presidente podría adoptar distintas medidas extraordinarias.
Entre ellas se contempla restringir las libertades de locomoción y reunión, requisar bienes, establecer limitaciones al derecho de propiedad y adoptar medidas administrativas extraordinarias destinadas a restablecer el orden y la seguridad pública.
10. Colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías
La reforma también entregaría respaldo constitucional a la colaboración de las Fuerzas Armadas con Carabineros y PDI. Una ley orgánica constitucional tendría que definir las atribuciones de las policías, la forma en que participarían las Fuerzas Armadas.
Esta colaboración se realizaría en territorios afectados por organizaciones criminales, mientras que la conducción de las tareas ordinarias de seguridad permanecería en las policías.
11. Medidas cautelares antes de la formalización
El Ministerio Público podría solicitar a un juez, antes de formalizar una investigación y sin comunicación previa al afectado, la prohibición de salir del país por hasta 60 días para personas respecto de las cuales existan sospechas fundadas de pertenecer a una asociación delictiva o criminal.
También podría solicitar medidas destinadas a impedir que bienes presuntamente relacionados con estas organizaciones sean utilizados, transferidos u ocultados.
Entre las medidas contempladas aparecen la retención de depósitos bancarios, el impedimento de determinadas transacciones o la prohibición de llevar a cabo ciertos contratos.
El gobierno deberá llegar a acuerdos para aprobar la reforma
Al tratarse de una reforma constitucional, necesitará el respaldo de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio: 89 de 155 diputados y 29 de 50 senadores.
Con 76 diputados oficialistas, el gobierno deberá sumar al menos 13 votos, ya sea del PDG que cuenta con 14 escaños o de otros sectores de oposición. En el Senado, donde dispone de 26 votos, necesitará al menos tres apoyos opositores, por lo que deberá alcanzar acuerdos con sectores como el PPD o la DC.
La propuesta forma parte de una agenda más amplia. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que la ACOT contempla 20 proyectos en tramitación y cerca de una docena por ingresar, y afirmó que uno de sus objetivos es “golpear el bolsillo” del crimen organizado, mediante el rastreo, congelamiento e incautación de activos.
Sin embargo, desde la oposición han cuestionado que la agenda no incluya medidas para ampliar o facilitar el levantamiento del secreto bancario como herramienta de persecución de la ruta del dinero. El diputado Raúl Soto (PPD) lo calificó como “el gran ausente de esta megarreforma de seguridad”, mientras otros parlamentarios han planteado que debilitar el poder financiero de las organizaciones criminales debe ser parte central de la estrategia.
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